viernes, 20 de enero de 2012

EL JUEZ ABRE JUICIO CONTRA CARLOS FABRA Y LE EXIGE 4,2 MILLONES DE FIANZA

Carlos Fabra en una imagen de archivo / ÁNGELSÁNCHEZ

El expresidente de la Diputación de Castellón será juzgado por tráfico de influencias y fraude fiscal
El político popular tiene de plazo hasta el lunes para pagar o se le embargarán los bienes
Según el juez, Fabra defraudó a Hacienda cerca de 694.000 euros

María Fabra Valencia

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El titular del juzgado número 1 de Nules ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y aún líder del PP provincial, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. El juez ha impuesto una fianza de 4,2 millones de euros al acusado. Fabra tiene de plazo hasta el próximo lunes para abonarla o se le embargarán los bienes, a no ser que se declare insolvente.

La decisión judicial se ha tomado casi dos meses después de que el Tribunal Supremo ordenara que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así una decisión de la Audiencia provincial de Castellón. Este tribunal acordó en diciembre de 2010 sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.

En su auto de apertura de juicio oral, con el que se remitirá el caso a la Audiencia provincial, donde ha de ser juzgado, el juez incluye a la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández, al empresario que acusó a ambos, Vicente Vilar, y a la exesposa de este, Monserrat Vives. A la primera le exige una fianza de 1.718.192 millones de euros y a Vilar y a Vives otros 800.000. Los acusados tienen un plazo de un día (que podría prolongarse hasta el lunes) para abonar la cantidad. “Si transcurrido dicho término no lo verifican”, indica el auto, “embárguenseles bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia”. La fianza impuesta a Fabra trata de asegurar su responsabilidad civil, es decir, el político popular no ingresará en prisión si no la abona porque no es ese su fin.

Además, las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas. Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.

El conocido como caso Fabra estalló cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La investigación desembocó en la imputación al dirigente del Partido Popular por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por fraude fiscal, tras detectar un incremento patrimonial no justificado.

En el auto con el que el titular del Juzgado de Nules dio por concluida la instrucción de este caso, el juez describe las gestiones realizadas por Carlos Fabra ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para intentar agilizar las autorizaciones para los productos de su entonces amigo Vicente Vilar. Además, relata cómo obtuvo ganancias de este, por ejemplo, en concepto de pago de “unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados”. El juez afirma que “en parte” por las ganancias antes mencionadas, “y en parte por otras fuentes”, Carlos Fabra Carreras y su entonces esposa, María Desamparados Fernández Blanes, “obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados”.

Tras los dos informes de los peritos que cruzaron las cuentas y patrimonio de la pareja, el juez concluye que Fabra defraudó cerca de 694.000 euros, mientras que señala que Fernández dejó de ingresar en Hacienda casi 429.000 euros.

El juez de Nules no ha querido esperar a que se resuelva el recurso que la Audiencia de Castellón está debatiendo desde hace más de un mes sobre la ampliación del número de imputados en la causa, tal como solicitó la acusación popular.

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