Recurre la negativa del juez que investiga a Urdangarin a su última petición
Dice que así probaría que era 'útil y habitual' firmar convenios con el duque
Eduardo Colom | María José García | Palma
El expresidente balear del PP Jaume Matas eleva a la Audiencia Provincial de Palma una de sus últimas y más sonadas peticiones en el marco de la investigación judicial del caso Nóos: que se cite a declarar al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al exconsejero de Relaciones Institucionales de aquella comunidad y vicesecretario del PP Esteban González Pons.
Lo hace después de que el juez que investiga el desvío de 5,8 millones de euros públicos de Valencia, Baleares y otras administraciones públicas a los negocios del duque de Palma Iñaki Urdangarin, el magistrado José Castro, rechazase hace unos días esa pretensión llegando a retar al antiguo dirigente balear a que presentase «indicios de criminalidad» contra sus excorreligionarios.
La defensa jurídica de Matas, encabezada por el combativo abogado Antonio Alberca, que acaba de lograr que el juez acceda a su petición de solicitar a la actual Conselleria de Presidencia todos los informes y acuerdos relativos a las contrataciones del Govern con el Instituto Nóos, presenta ahora un nuevo escrito en el que recurre ante la Audiencia la denegación del juez Castro a aquella petición.
Aclarando que no ha demandado la comparecencia de Camps y González Pons en calidad de imputados sino «que se entiende que sería en calidad de testigos salvo que el juez pudiera entender lo contrario para una mejor garantía de sus derechos constitucionales». Y tildando la réplica de Castro como «rayana en la prevaricación» y «una vulneración del derecho a la defensa» de Matas. En consecuencia, traslada ahora el debate al máximo órgano judicial de las Islas para que dirima el asunto.
La representación del expresidente balear especifica en su escrito que la comparecencia de Camps y de González Pons estaría directamente relacionada con el derecho que Matas tiene a defenderse.
Así, explica que con el eventual testimonio de esos políticos, que «adoptaron decisiones políticas similares» a las de Matas (también ha pedido la «declaración» del exalcalde de Alcalá de Henares Manuel Peinado y de la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen) podrían probarse dos cosas.
Por un lado, «que las administraciones públicas habitualmente colaboran con entidades sin ánimo de lucro especializadas en el ámbito deportivo y social a través de la figura del convenio, sin necesidad de recurrir al concurso». Y por otro, «que consideraban útil colaborar con entidades en las que el duque de Palma tenía relevancia dado que venía precedido por el ‘prestigio’ –el recurso lo entrecomilla– que le proporcionaba haber sido vicepresidente del Comité Olímpico Español y estar arropado por deportistas de élite».
El expolítico agrega que su defensa «parte de la profunda convicción de que los convenios baleares cumplieron escrupulosamente la legalidad» y que «no se puede sostener seriamente que todos sus responsables políticos habían decidido participar en la supuesta estrategia ideada por el duque de Palma para apoderarse de fondos públicos».
Matas cree que su actuación y la de los dirigentes de la Comunidad Valenciana es similar y puede ser comparada. Y que «por los mismos hechos» no han sido imputados. Por lo que se ha empleado, dice en lo que ya es una constante en su lectura del proceso judicial (una de cuyas causas le ha supuesto una condena a 6 años de prisión pendiente de ser revisada por el Supremo), una «evidente doble vara de medir».
Sea como fuere, Alberca dedica una expresa mención a lo que constituye el trasfondo del asunto. «No nos cabe la menor duda –explica en el escrito la defensa de Matas– que esta actuación arbitraria del [juez] instructor obedece a la clara intención de no desprenderse de la instrucción de la causa». En ese sentido, abunda, «si imputa a Camps o a González Pons, dado que se trata de personas aforadas se vería obligado a inhibirse en favor bien del Tribunal Superior de Justicia de Baleares bien del Tribunal Supremo».
Además
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