viernes, 4 de mayo de 2012

EL CONSELL NO HALLA LOS INFORMES POR LOS QUE UM DIO 60.000 EUROS A MINSER

CORRUPCIÓN | Las nuevas líneas de investigación
La firma investigada por financiar al partido tiene 3 causas abiertas
Cobró 30.000 euros por un supuesto análisis de hábitos de lectura

E. Colom | M. J. García | Palma


Sigue avanzando la investigación judicial abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre el pago de 60.000 euros del Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar (UM) a cambio de dos supuestos informes a la empresa investigada por desviar fondos al partido. Dos pagos revelados por este diario que provocaron primero una investigación interna impulsada por el actual gobierno del Consell y después la actuación del Ministerio Fiscal, que tras abrir diligencias decidió denunciar el caso.

Esta misma semana, y tras varias solicitudes formales de la Policía Judicial, cuyos agentes han llegado a personarse en varias ocasiones en las dependencias del Consell, la propia institución insular que controla con mayoría absoluta el Partido Popular ha remitido una comunicación oficial a los investigadores. En ella notifica que en sus archivos no se han hallado los informes por los que se desembolsaron los fondos públicos, según han confirmado a este diario fuentes del organismo público.

Esa fue la conclusión preliminar a la que llegaron cuando EL MUNDO/El Día de Baleares sacó a la luz aquellos contratos. Una adjudicación a dedo en la que se amañaron los expedientes para encargar a la empresa de informática y telefonía Minser dos estudios que se vendieron como una acción necesaria en la política cultural y de infraestructuras de Mallorca. Uno de ellos debía versar sobre los hábitos de lectura de los niños mallorquines y el otro tenía como pretexto el análisis de las señales de carretera en Mallorca.

Los conceptos, la tramitación de los pagos y la empresa beneficiaria llamaron poderosamente la atención de la Fiscalía Anticorrupción, que a través de uno de sus representantes en las Islas, Miguel Ángel Subirán, solicitó al Consell que entregase los expedientes y encargó a la Policía las primeras pesquisas por vía judicial, ahora asumidas por el Juzgado de Instrucción 1 de Palma.

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