Declaraciones de policías
Fidel San Román pagó 3 millones por licencias de primera ocupación
José Carlos Villanueva | Málaga
La maquinaria de la corrupción municipal de Marbella estaba bien engrasada y funcionaba tanto para conseguir actos administrativos legales como ilícitos. De hecho, algunos promotores procesados en el juicio del caso 'Malaya' pagaron sobornos al ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, “incluso para actos legales”, tal y como ha declarado este martes el inspector de la Udyco Marcos Romarís.
Dicho investigador ha vuelto a comparecer junto al que fuera su jefe, el inspector José Manuel Rando. Ambos, como ya es sabido, llevaron el peso de las investigaciones policiales desde noviembre de 2005 hasta que entre 2006 y 2007 arrojaron la toalla, desmotivados por continuas injerencias de sus superiores, molestos con que el juez Miguel Ángel Torres 'blindara' el caso, para que sólo los dos mandos le reportaran a él personalmente.
“Se cobra y se paga por actos legales para no demorar en el tiempo” los permisos urbanísticos, ha insistido Romarís para referirse a las entradas y salidas de ingresos en la contabilidad de Roca, provenientes de empresarios. Dichos fondos eran, a su vez, distribuidos por el ex asesor urbanístico entre los cabezas de lista del gobierno tripartito que presidió Marisol Yagüe, entre agosto de 2003 y marzo de 2006, tal y como él mismo tiene declarado en la vista oral.
El ejemplo más ilustrativo de los sobornos de empresarios, para conseguir permisos dentro de la legalidad en Marbella, lo personifica el conocido promotor madrileño Fidel San Román. Su declaración en la sala, como acusado, supuso un auténtico bombazo informativo. Admitió haber pagado 3 millones de euros a Roca a cambio de conseguir licencias de primera ocupación para sus lujosas promociones de viviendas, junto a Puerto Banús.
“O me cuelgo de la soga o tengo que acceder a pagar dinero”. De esta forma, en presente histórico, San Román reconoció los sobornos al principal acusado. A preguntas del fiscal el conocido empresario madrileño relató que “un buen día, mi gerente me dijo que había que entregar dinero para desbloquear la situación”. Todos los pagos se hicieron en las oficinas privadas de Juan Antonio Roca (Maras Asesores) y “en una ocasión en Madrid”, detalló San Román. El procesado sostiene que los fondos entregados a Roca, entre febrero y noviembre de 2005, provenían de “dinero blanco de mis empresas y también de dinero mío”.
La versión del también empresario taurino es diametralmente opuesta a la que mantiene Roca. El considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí declaró ante el fiscal- el 7 de noviembre de 2011- que él había recibido pagos de San Román pero “en concepto de asesoramientos privados”, concretamente más de un millón de euros. El promotor, acusado de cohecho y blanqueo de capitales lo negó tajantemente: “En nuestras empresas no hemos tenido asesoramiento de nadie más que de nuestro equipo”.
El caso de Fidel San Román es distinto a otros como el del promotor granadino José Avila Rojas, que también pagó, presuntamente, sobornos a Roca pero quizás sea el empresario que más construcciones edificó de forma ilegal en Marbella. Luego, salvo excepciones, han sido legalizadas por el nuevo PGOU aprobado entre el PP y la Junta de Andalucía.
A la hora de analizar las salidas y entradas de fondos en la caja B de Roca los inspectores de la Udyco lo han tenido claro este martes en el caso de la empresa Aifos, vinculada a los hoteles Guadalpín, entre otras promociones: “Hay proporcionalidad entre la salida de fondos de Aifos y lo que recibe García Marcos. Se trata de una aportación coetánea en el tiempo”, ha aclarado Romarís.
El abogado de la tránsfuga socialista, José Luis Rueda, ha insistido en que su defendida no firmó el convenio con Aifos del que la Policía deduce que percibió sobornos. Los investigadores han replicado que “en algunos casos existe esa firma de convenio y en otros no”.
Pero a la vista de sus pesquisas policiales “al parecer existió un acuerdo tácito, entre los ediles, de repartirse las cargas de ir al juzgado”, como imputados. Han hablado de un “concierto de voluntades” entre ellos y “los cobros vendrán de acuerdo a ese concierto y no a haber firmado, o no, los convenios” de promotores que pagaron ilícitamente a Roca.
Escolta de Yagüe
En otro orden de cosas, este martes también ha testificado, a petición de la ex alcaldesa Yagüe, una agente de la Policía Local de Marbella que se convirtió en su escolta de mayor confianza durante su gestión como regidora. Dolores Sánchez ha asegurado, a preguntas de la defensa, que durante el verano de 2005 detectó seguimientos a la primer edil marbellí.
“Eran vehículos con placas que correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha concretado la escolta personal de Yagüe a preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero. El Ministerio Público se ha interesado en conocer qué gestiones hizo la Policía Local de Marbella ante el Ministerio del Interior, pero no parece que fueran muchas las indagaciones.
El testimonio de Dolores Sánchez sustenta las tesis de las defensas de los procesados sobre que la Policía Nacional comenzó a investigar meses antes de que, en noviembre de 2005, el juez Torres dictara el auto de apertura de diligencias previas 4796/2005 que dio pie a la operación ‘Malaya’. Si así fuera la investigación judicial quedaría invalidada.
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