El de 1998
El plan de 1986 fue publicado en el BOJA en el año 2000
"Por decisión política", se seguía el planeamiento pergeñado por Roca
José Carlos Villanueva | Málaga
Los arquitectos municipales de Marbella Francisco Merino y Enrique Arrabal, autores de los famosos informes técnicos invocados por ex ediles del GIL, han declarado este miércoles que a partir de la publicación del PGOU de 1986, en el año 2000 -por parte de la Junta de Andalucía- comenzaron a informar en 2001 a las comisiones de gobierno sobre la oficialidad de dicho Plan, tras ser publicado en el BOJA.
“Queríamos expresar en nuestros informes hechos objetivos. La publicación del plan era un hecho trascendente como para no decirlo”, ha explicado Merino a preguntas del abogado del Ayuntamiento de Marbella, Alberto Peláez.
En la sesión del juicio por el llamado caso 'Malaya' se ha puesto de manifiesto que dicha publicación del plan del 86, por parte del Ejecutivo autonómico que presidía Manuel Chaves, no fue obstáculo para que los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) siguieran concediendo licencias de obras al amparo de la llamada revisión del 98. Era un documento pergeñado por el ex asesor urbanístico y principal acusado, Juan Antonio Roca, así como por el entonces asesor jurídico municipal, José Luis Sierra.
Merino, ex jefe del Servicio de Obras, ha corroborado que a la hora de emitir un informe al proyecto básico de las licencias se atenían a la llamada “revisión del Plan”, así como al PGOU del 86. El actual jefe del departamento de Patrimonio municipal ha precisado que se trataba de una “decisión política”.
A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, el testigo ha concretado, además, que “la orden para informar sobre el plan en revisión venía del alcalde directamente”, en clara alusión al entonces regidor Jesús Gil y Gil. Para Merino era de sobra conocido que “el Ayuntamiento de Marbella otorgaba las licencias en base al Plan en revisión”, algo que, como se vio más tarde, contravenía por completo la legislación vigente.
Los informes técnicos se hacían de forma separada a los informes jurídicos, ha afirmado Merino. En el tiempo el informe técnico precedía al jurídico. Los ediles gilistas que se han enfrentado a causas por delitos urbanísticos, con numerosas condenas, siempre se han escudado en dichos informes “técnicos y jurídicos” para justificar el otorgamiento de licencias que luego fueron consideradas ilegales en los tribunales.
Los dos arquitectos municipales que han testificado conocían también que los expedientes urbanísticos que tramitaban provenían de convenios previos “pero nuestro departamento no intervenía”, ha indicado Merino. Lo cierto es que “lo conveniado se incorporaba al proyecto de revisión” del planeamiento que Gil puso en marcha, frente al criterio opuesto de la Junta de Andalucía.
El fiscal le ha recordado al ex jefe de Obras municipal que su departamento conoció en tiempo y forma que una parte del expediente de revisión del PGOU- pretendido por Gil- fue denegado por la Junta. Merino lo ha reconocido: “A partir de ese momento informábamos en base a la revisión y al del 86”, ha aclarado el técnico. Hacían constar que una parte de la revisión había sido denegada.
También ha quedado claro que “la relación con los promotores la llevaba el señor Roca”, ha asegurado Merino en línea con otros testigos del Consistorio marbellí.
Aseguran los técnicos municipales que nunca informaban sobre los polémicos convenios urbanísticos, tan gravosos para las arcas municipales, según numerosos informes del Tribunal de Cuentas. “La redacción de los convenios era aparte”.
Además, según la prueba testifical practicada este miércoles, tras la moción de censura contra Julián Muñoz, en agosto de 2003, las funciones de Juan Antonio Roca en el urbanismo siguieron siendo las mismas.
Los técnicos municipales recuerdan también como se le requirió a la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, para que revisara licencias de obras irregulares.
Conviene recordar que Francisco Merino figura imputado en el llamado caso 'saqueo 2' de Marbella, desvelado por EL MUNDO en 2003, cuando este periódico dio a conocer las conclusiones de la Agencia Tributaria en la investigación de un sumario que se siguió en la Audiencia Nacional, a raíz de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondientes al periodo 1991-2002.
Está acusado de presunta malversación de caudales públicos, entre otros delitos, junto al ex alcalde Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, además del arquitecto Carlos Monteverde, autor de más de 70 proyectos ficticios, elaborados para el Consistorio marbellí, por los que facturó a sociedades municipales más de 40 millones de euros entre 1996 y 1999.
Anticorrupción pide para Merino siete años de cárcel. Sorprendentemente el equipo de gobierno del PP marbellí, que ejerce la acusación particular junto al PSOE, no formula acusación alguna contra el actual arquitecto jefe de Patrimonio municipal, al contrario de los socialistas. La fecha de la vista oral está aún por fijar.
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