miércoles, 28 de marzo de 2012

NUEVAS IMPUTACIONES POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN EL "CASO DEL VOTO POR CORREO"


A las imputaciones de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude que pesan sobre dirigentes socialistas se suma la de asociación ilícita.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha ampliado la imputación de los principales dirigentes del PSOE local por el caso del voto por correo y ha añadido el delito de asociación ilícita a los ya conocidos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.

Un nuevo auto del juez Miguel Ángel García Gutiérrez, al que ha tenido acceso Efe, correspondiente a una nueva pieza del caso del voto por correo que investiga supuestas irregularidades en los comicios generales del 2008, amplía la imputación de delitos, así como el número de personas implicadas en el procedimiento, que supera la treintena.

Entre ellos se encuentran dos exdelegados del Gobierno socialista en Melilla, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, actual secretario general del PSOE en la ciudad, además de su predecesor en el cargo, Dionisio Muñoz, y el presidente del principal partido de la oposición, Mustafa Aberchan.

También figuran dos altos cargos del Ministerio de Trabajo, el exdirector de Promoción de Empleo, Felipe Gismera, y el exsubdirector de Políticas Activas de Empleo, Javier Alfaya, así como el responsable de Empleo en la ciudad, Joaquín Arana, la de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla, el exsecretario de Organización del PSOE y actual secretario general de UGT, Alonso Díaz, y el entonces responsable de Correos.

La imputación del delito de asociación ilícita, se basa, según el nuevo auto, en que tanto Muñoz como Aberchan, como responsables de los partidos de la coalición PSOE-CPM, partieron de una idea preconcebida para llevar a cabo un entramado orientado al llamamiento masivo al voto por correo, a través de un "método ilícito".

De esta manera, se inicia, según el juez, una campaña electoral ilícita para hacer llegar a la población la información de que, si votaban por correo en los comicios generales de marzo de 2008, serían beneficiarios de un puesto de trabajo en los planes de empleo, dependientes de la Delegación de Gobierno de Melilla.

Dicha información es extendida por toda Melilla a través de los "cabezas de barrio" y del boca a boca de los ciudadanos, obteniendo como información que, para acceder a los puestos de trabajos de los planes de empleo, debían desplazarse a las sedes de Juventudes Socialistas o CPM, ubicadas en un mismo edificio.

Una vez comenzaron a llegar ciudadanos a las sedes de los partidos con la intención de obtener un puesto de trabajo en los planes de empleo públicos, éstos eran informados del modo en el que debían realizar el trámite.

Los ciudadanos se desplazaban hasta Correos, donde debían hacer entrega de la solicitud del voto por correspondencia, previamente rellenada en la sede de alguno de los partidos, para, posteriormente, volver a dichas sedes con el resguardo de haber realizado dicha solicitud, momento en el que eran inscritos en un listado preliminar de personas que habían comenzado a realizar el trámite a través de dichos partidos, según el auto.

La participación del director provincial de Correos, Juan José Redondo, consistía supuestamente en desviar de su trámite legal los sobres del INE-OCE, una vez que estos llegaban a la oficina de correos para reparto, siendo entregados al cepemista Abdelrrahem Sellam, exdiputado autonómico.

Tras la campaña electoral "ilícita", los organizadores de la trama supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado.

Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, cuya subvención, según el juez, fue autorizada por dos altos cargos del Ministerio, basándose en una norma "derogada".

Además, se cambiaron los códigos ocupacionales de los candidatos, siendo seleccionados de esta forma las personas interesadas.

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