CÁDIZ | Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna
Cree que ambos cargos cometieron un delito de malversación de fondos públicos
Cuestiona la adjudicación y gestión del portal informático Rilco
Ana M. Fopiani | Cádiz
La Fiscalía de Cádiz, en su escrito de calificación provisional, pide para los ex delegados de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, diez y ocho años de prisión, respectivamente. El fiscal considera que ambos cometieron un delito de malversación de fondos públicos con la puesta en marcha del portal informático Rilco, sistema cuya pretensión era servir de puente para transacciones comerciales con Iberoamérica.
La gestión del portal informático fue adjudicada a Miami Free Zone, de los empresarios Germán y Camila Leyva, matrimonio imputado por el juez instructor, bajo la presidencia en Zona Franca de Rodríguez de Castro, quien ocupó este puesto entre 1996 y febrero de 2001.
Ya el titular del Juzgado de Instrucción número 4, en su auto judicial, recoge las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio, también reflejadas por el Tribunal de Cuentas, además del acuerdo que asegura cerró Rodríguez de Castro con el matrimonio Leyva, en una clara "estrategia para incrementar su patrimonio ante su inminente salida, en el año 2000, de la Zona Franca de Cádiz".
Está adjudicación, según el auto judicial, supuso por parte del ente estatal una inversión de 6,7 millones de euros, de los que 4.321.639 euros fueron a parar directamente a la empresa que debía gestionar el portal Rilco. Dinero que, según el juez, pudo ser desviado en beneficio propio de Rodríguez de Castro.
El fiscal, sin embargo, va más allá en la acusación a Miguel Osuna, que sustituyó a Rodríguez de Castro en la presidencia de la Zona Franca en marzo de 2001. Si bien el juez le atribuye un delito de "omisión del deber", la Fiscalía considera que es responsable también de la malversación de caudales públicos.
Presuntamente, Osuna, pese a las dudas que le suponía la gestión del portal Rilco y el trabajo realizado por la empresa adjudicataria, abonó el dinero acordado por su antecesor -más de 4,3 millones de euros- a Miami Free Zona a finales del año 2002.
La Fiscalía respalda así imputaciones realizadas por el juez instructor que les atribuye a ambos ex delegados de la Zona Franca gaditana los delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental.
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