El Partido Popular ve intención política en la investigación penal de los escándalos de la Zona Franca de Cádiz
Pedro Espinosa
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Miguel Osuna. / ROMÁN RIOS
El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha abierto juicio oral por el conocido caso Rilco, que investiga algunas de las irregularidades detectadas en la Zona Franca gaditana durante la etapa del PP. Ahora la Audiencia Provincial debe fijar la fecha de esta vista, que llevará al banquillo a seis personas, entre ellos, los dos exdelegados del Estado en el Consorcio fiscal Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, para los que la fiscalía pide 10 y 13 años de cárcel,respectivamente. El PP, que sigue defendiendo a Osuna, ve intención política en el avance definitivo de la instrucción de este caso. "Las acusaciones contra él siempre aparecen cuando se acercan unas elecciones", lamentó el concejal en Cádiz y consejero en Zona Franca, Ignacio Romaní.
Rodríguez de Castro está acusado de un delito continuado de fraude además de los de prevaricación, falsedad documental y malversación. Osuna se enfrenta a penas mayores como presunto autor de fraude, malversación, falsedad documental y encubrimiento. Los otros acusados son los socios de Rodríguez de Castro en Miami y los que fueron directores de Rilco, el portal informático ideado por Rodríguez de Castro que, según este auto, solo sirvió para buscar el beneficio personal del exdelegado.
El escrito de acusación de la fiscalía revela que gracias a Rilco la Zona Franca obtuvo millonarias ayudas públicas. Pero estas no sirvieron para pagar esta red de comercio electrónico sino que fueron a parar en su mayoría a los socios de Rodríguez de Castro en Miami. "Trataron de dar apariencia de legalidad a un contrato arbitrario", dice el Ministerio Público. No mejor parado sale su sucesor, Miguel Osuna. "Conoció las graves irregularidades cometidas en la solicitud de ayudas públicas y la adjudicación de contratos". Aún así, efectuó dos nuevos pagos, los más elevados. De ahí que el fiscal proponga que Osuna devuelva a la Zona Franca más de dos millones de euros; y a Rodríguez de Castro, le reclama 1,4 millones. El ministerio público propone que entre los testigos pasen por la Audiencia Provincial varios responsables de Rilco, los peritos que valoraron el material informático y el exdelegado, el socialista José de Mier.
Al PP no le ha gustado que se cierre la instrucción de este caso, que lleva en los juzgados una década. "Siempre que ha habido novedades sobre las acusaciones a Miguel Osuna ha coincidido con elecciones", reprochaba Romaní, quien lamenta la "indefensión" que ha sufrido el exdelegado. El edil del PP sigue apoyando públicamente a Osuna, no así a su antecesor. El socialista Luis Pizarro lamentó "la doble vara de medir" del PP, que defiende la presunción de inocencia en Zona Franca y ataca sin medida a la Junta en el caso de los ERE. Las críticas del PP de Cádiz a las acciones judiciales en Zona Franca coincidían con las quejas del secretario andaluz de este partido, Antonio Sanz, contra los dirigentes del PSOE que han reprochado a la juez Mercedes Alaya el "electoralismo" de sus autores sobre los ERE.
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