lunes, 20 de febrero de 2012

"CASO EMARSA"; EL JUEZ INSISTE EN INVESTIGAR EL PATRIMONIO DE LA FAMILIA DE ESTEBAN CUESTA


Europa Press | Valencia

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, encargado de investigar el presunto agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, insiste en investigar el patrimonio de la familia del ex gerente de la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), Esteban Cuesta, y mantiene contra él cuatro delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y uno continuado de falsedad en documento mercantil.

Así consta en una providencia con fecha del día 16 de febrero, en la que el magistrado desestima el recurso interpuesto por el abogado de Cuesta contra el auto de fecha de 3 de enero de 2012, en el que se fijaban estos delitos y esta investigación patrimonial.

El magistrado ha desestimado el recurso al considerar que las alegaciones efectuadas "no alteran ni desvirtúan" los fundamentos jurídicos de la resolución objeto del recurso. En primer término, el recurrente impugnaba el auto al considerar que no tuvo ninguna participación en las declaraciones de impuestos de la empresa Emarsa, ya que los impuestos obedecían a las facturas comprobadas por los departamentos técnicos, revisadas por la asesoría fiscal y auditoría externa, y aprobadas año tras año por el Consejo de Administración y la Junta General de Emarsa y de la Emshi.

Frente a este argumento, el juez afirma que los hechos investigados deben extenderse a un escalón previo a estos trámites, que es la contratación de los servicios necesarios para la gestión y funcionamiento de la depuradora, encomendada y realizada por el imputado en su condición de gerente.

Y precisamente -agrega el magistrado- de lo que "existen indicios" es de que las facturas objeto de la investigación fueron incluidas en las diferentes declaraciones de impuestos y en las cuentas y libros de la sociedad con el fin de dar una apariencia de realidad a unas entregas de bienes y a unas prestaciones de servicios que, o bien no se produjeron, o bien fueron facturados a un precio notoriamente superior al real.

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