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| José María del Nido, esta mañana a la entrada de la Audiencia de Málaga. / JORGE ZAPLANA (EFE) |
El letrado y el exalcalde están condenados por cobrar trabajos no realizados
La Fiscalía reclama una fianza de 500.000 euros si no van a prisión
La Fiscalía reclama una fianza de 500.000 euros si no van a prisión
Fernando J. Pérez Málaga
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Corrupción política
Casos judiciales
El fiscal anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo ha solicitado la prisión provisional sin fianza para el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz como medida preventiva tras sus condenas por el denominado caso Minutas, la malversación de 2,7 millones de euros de las arcas municipales marbellíes mediante el cobro, por parte de Del Nido, de minutas que no correspondían a trabajos judiciales efectivamente realizados.
La Fiscalía ha solicitado que, en caso de que no se ordene la prisión, se establezca una fianza de 500.000 euros para cada uno, que comparezcan cada quince días y que se le requiera y retiren sus pasaportes. En estos momentos se celebra la vista convocada para decidir qué medidas preventivas se adoptan contra los condenados en este caso y a la que ha acudido Del Nido.
Este abogado ha sido condenado a siete años y medio de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, misma pena que recayó en Muñoz, aunque en concepto de autor.
El fiscal ha presentado doctrina del Tribunal Constitucional para sostener que la sentencia, conocida el pasado 19 de diciembre “debilita la presunción de inocencia” de los condenados aunque el fallo ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo. El fiscal entiende que la propia sentencia condenatoria puede ser “un dato suficiente y no irrelevante” para evaluar el riesgo de fuga.
Según Jiménez Villarejo, la capacidad económica de Del Nido alimenta el riesgo de huida. Además, ha afirmado, su posición social y el grado de penetración en otros ayuntamientos sevillanos para los que trabaja puede suponer un riesgo de “reiteración delictiva”. El riesgo de fuga y la posibilidad de que el imputado o condenado vuelva a delinquir son los elementos principales para decretar las medidas cautelares.
Tras la petición del fiscal, será la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga la que decidirá en los próximos días qué medidas adopta. El tribunal puede coincidir con las medidas planteadas por el fiscal, decretar medidas distintas o incluso no tomar cautela alguna.
Tanto Muñoz como Del Nido tienen pendientes causas judiciales derivadas de su paso por Marbella, argumento que también ha sido utilizado por el fiscal para respaldar su dura petición. En el caso del ex alcalde, Jiménez Villarejo ha detallado que sobre él pesan 26 causas pendientes por malversación, otras 24 por delitos contra la ordenación del territorio, además de los casos Malaya, de corrupción municipal y el juicio por blanqueo de capitales que lo sentará en el banquillo junto a su expareja Isabel Pantoja.
En los juzgados de instrucción de esa ciudad todavía colea el llamado caso Fergocón, que analiza la contratación de obras por parte del Ayuntamiento marbellí con una empresa propiedad de los hermanos del presidente sevillista.
La empresa Fergocón facturó al Ayuntamiento entre 2001 y 2002 obras municipales por valor de seis millones de euros, en 528 facturas prácticamente correlativas. Parte de la deuda, 1,98 millones de euros, fue abonada por el Consistorio gilista con dos parcelas municipales que fueron tasadas a un precio muy inferior al valor real de mercado en esas fechas. Esta causa todavía está pendiente de calificación por parte del ministerio fiscal.
Por su parte, Pedro Apalategui, abogado de Del Nido ha tachado de “desorbitada” y "desproporcionada” la petición del fiscal. Apalategui ha defendido el arraigo de su cliente en la ciudad de Sevilla, donde viven sus seis hijos y mantiene un despacho profesional desde 1982, como garantía de que no tratará de escapar a la justicia. También ha resaltado que Del Nido ha acudido a declarar puntualmente todas las veces que fue llamado en fase de instrucción y que ha asistido a todas las sesiones del juicio, que empezó en abril de 2010 y terminó en junio de 2011, excepto a dos de ellas.
En la sesión de hoy también se veían las peticiones fiscales para otros condenados secundarios por el caso Minutas, como el exasesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca, Modesto Perodia, Esteban Guzmán. Para ellos también ha reclamado prisión, con alternativa de fianza de entre 100.000 y 300.000 euros. Para Manuel Vázquez, Alfredo Chica, Ángeles Carrasco (exesposa de Del Nido) y Victor Cohen, la petición es de que comparezcan cada 15 días en una sede judicial cercana a su domicilio.
La Fiscalía ha solicitado que, en caso de que no se ordene la prisión, se establezca una fianza de 500.000 euros para cada uno, que comparezcan cada quince días y que se le requiera y retiren sus pasaportes. En estos momentos se celebra la vista convocada para decidir qué medidas preventivas se adoptan contra los condenados en este caso y a la que ha acudido Del Nido.
Este abogado ha sido condenado a siete años y medio de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, misma pena que recayó en Muñoz, aunque en concepto de autor.
El fiscal ha presentado doctrina del Tribunal Constitucional para sostener que la sentencia, conocida el pasado 19 de diciembre “debilita la presunción de inocencia” de los condenados aunque el fallo ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo. El fiscal entiende que la propia sentencia condenatoria puede ser “un dato suficiente y no irrelevante” para evaluar el riesgo de fuga.
Según Jiménez Villarejo, la capacidad económica de Del Nido alimenta el riesgo de huida. Además, ha afirmado, su posición social y el grado de penetración en otros ayuntamientos sevillanos para los que trabaja puede suponer un riesgo de “reiteración delictiva”. El riesgo de fuga y la posibilidad de que el imputado o condenado vuelva a delinquir son los elementos principales para decretar las medidas cautelares.
Tras la petición del fiscal, será la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga la que decidirá en los próximos días qué medidas adopta. El tribunal puede coincidir con las medidas planteadas por el fiscal, decretar medidas distintas o incluso no tomar cautela alguna.
Tanto Muñoz como Del Nido tienen pendientes causas judiciales derivadas de su paso por Marbella, argumento que también ha sido utilizado por el fiscal para respaldar su dura petición. En el caso del ex alcalde, Jiménez Villarejo ha detallado que sobre él pesan 26 causas pendientes por malversación, otras 24 por delitos contra la ordenación del territorio, además de los casos Malaya, de corrupción municipal y el juicio por blanqueo de capitales que lo sentará en el banquillo junto a su expareja Isabel Pantoja.
En los juzgados de instrucción de esa ciudad todavía colea el llamado caso Fergocón, que analiza la contratación de obras por parte del Ayuntamiento marbellí con una empresa propiedad de los hermanos del presidente sevillista.
La empresa Fergocón facturó al Ayuntamiento entre 2001 y 2002 obras municipales por valor de seis millones de euros, en 528 facturas prácticamente correlativas. Parte de la deuda, 1,98 millones de euros, fue abonada por el Consistorio gilista con dos parcelas municipales que fueron tasadas a un precio muy inferior al valor real de mercado en esas fechas. Esta causa todavía está pendiente de calificación por parte del ministerio fiscal.
Por su parte, Pedro Apalategui, abogado de Del Nido ha tachado de “desorbitada” y "desproporcionada” la petición del fiscal. Apalategui ha defendido el arraigo de su cliente en la ciudad de Sevilla, donde viven sus seis hijos y mantiene un despacho profesional desde 1982, como garantía de que no tratará de escapar a la justicia. También ha resaltado que Del Nido ha acudido a declarar puntualmente todas las veces que fue llamado en fase de instrucción y que ha asistido a todas las sesiones del juicio, que empezó en abril de 2010 y terminó en junio de 2011, excepto a dos de ellas.
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