TRIBUNALES
Rodrigo Terrasa | Valencia
Un inspector de Hacienda revela cómo se manipularon y fraccionaron contratos
Su declaración cierra la prueba pericial y da paso a las grabaciones
Su declaración cierra la prueba pericial y da paso a las grabaciones
Rodrigo Terrasa | Valencia
Un técnico de Hacienda solicitado por la acusación popular ha cerrado la prueba pericial en el juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa en el llamado caso de los trajes. No habrá más declaraciones. A partir de ahora, se examinarán los documentos, pruebas y grabaciones.
Juan Carlos Gómez Condado elaboró un informe pericial sobre la contratación de la Generalitat Valenciana con las diferentes empresas de la trama y este martes ha apuntalado el esquema trazado un día antes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
El inspector de Hacienda ha explicado, sobre todo a preguntas del abogado del PSPV, Virgilio Latorre, cómo se manipularon los sistemas de adjudicación para otorgar infinidad de contratos desde la administración valenciana a las distintas firmas del llamado grupo Correa.
En la Comunidad Valenciana se importó el mismo modus operandi que la trama ensayó en Madrid. Se troceaban los contratos para no alcanzar los 12.000 euros que obligan a convocar un concurso público y así los ganadores eran siempre los mismos.
El técnico detectó al menos 85 operaciones del Gobierno valenciano con las empresas de Gürtel. 76 de ellas se tramitaron como contratos menores y las otras nueve fueron expedientes administrativos.
Los contratos menores -ha contado- se pagaban tras la presentación de la factura. Es decir, primero se hacía el trabajo y luego se presentaba el importe. "Se hacía el acto y con posterioridad se iba troceando y fraccionando el contrato", ha explicado.
Mediante este sistema se garantizaba la exclusividad de las compañías de Correa. Ninguna otra empresa podía optar porque no había concurso. "No se respetaban los principios de libre concurrencia y publicidad", ha resumido el inspector. Así se firmaron contratos desde 17 distintos órganos gestores de la Administración valenciana, desde consellerias a fundaciones.
El técnico de Hacienda ha explicado también que existía otro sistema de adjudicación, a través de un "procedimiento negociado". "Se solicitaban ofertas a tres empresas, pero en estos casos, las ofertas procedían de sociedades del mismo grupo".
Su informe denuncia también casos de duplicidad. Según ha expuesto ante el juez, la Generalitat llegó a pagar dos veces por los mismos servicios a distintas empresas de la trama. Pagaba servicios extras que ya estaban contemplados en las condiciones previas a la adjudicación.
Virgilio Latorre ha enumerado decenas de contratos y una sola pregunta. "¿Se fraccionó el contrato en este caso?". La respuesta siempre "sí". Se adjudicaron trabajos por valor de más de 7 millones de euros.
El papel del ex presidente Camps en la entrega de esos contratos ha centrado buena parte del interrogatorio. El perito ha reconocido que para adjudicar un contrato sólo se requería la "comunicación del gabinete del presidente" por cuestiones de "protocolo", no su autorización expresa.
La defensa de Camps ha explotado este filón. También ha recordado que los contratos con Gürtel suponían tan sólo el 0,5% de los presupuestos valencianos y ha intentado esgrimir un informe de la Abogacía de la Generalitat que trata de desmontar las conclusiones del perito. El juez no ha permitido que se incluyese como prueba a estas alturas del proceso.
El abogado de Ricardo Costa se ha limitado a preguntar por el papel de su patrocinado. Ha preguntado si el nombre de Costa aparece en algún contrato o si Costa tenía alguna capacidad para adjudicarlos. La respuesta es no.
Juan Carlos Gómez Condado elaboró un informe pericial sobre la contratación de la Generalitat Valenciana con las diferentes empresas de la trama y este martes ha apuntalado el esquema trazado un día antes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
El inspector de Hacienda ha explicado, sobre todo a preguntas del abogado del PSPV, Virgilio Latorre, cómo se manipularon los sistemas de adjudicación para otorgar infinidad de contratos desde la administración valenciana a las distintas firmas del llamado grupo Correa.
En la Comunidad Valenciana se importó el mismo modus operandi que la trama ensayó en Madrid. Se troceaban los contratos para no alcanzar los 12.000 euros que obligan a convocar un concurso público y así los ganadores eran siempre los mismos.
El técnico detectó al menos 85 operaciones del Gobierno valenciano con las empresas de Gürtel. 76 de ellas se tramitaron como contratos menores y las otras nueve fueron expedientes administrativos.
Los contratos menores -ha contado- se pagaban tras la presentación de la factura. Es decir, primero se hacía el trabajo y luego se presentaba el importe. "Se hacía el acto y con posterioridad se iba troceando y fraccionando el contrato", ha explicado.
Mediante este sistema se garantizaba la exclusividad de las compañías de Correa. Ninguna otra empresa podía optar porque no había concurso. "No se respetaban los principios de libre concurrencia y publicidad", ha resumido el inspector. Así se firmaron contratos desde 17 distintos órganos gestores de la Administración valenciana, desde consellerias a fundaciones.
El técnico de Hacienda ha explicado también que existía otro sistema de adjudicación, a través de un "procedimiento negociado". "Se solicitaban ofertas a tres empresas, pero en estos casos, las ofertas procedían de sociedades del mismo grupo".
Su informe denuncia también casos de duplicidad. Según ha expuesto ante el juez, la Generalitat llegó a pagar dos veces por los mismos servicios a distintas empresas de la trama. Pagaba servicios extras que ya estaban contemplados en las condiciones previas a la adjudicación.
Virgilio Latorre ha enumerado decenas de contratos y una sola pregunta. "¿Se fraccionó el contrato en este caso?". La respuesta siempre "sí". Se adjudicaron trabajos por valor de más de 7 millones de euros.
El papel del ex presidente Camps en la entrega de esos contratos ha centrado buena parte del interrogatorio. El perito ha reconocido que para adjudicar un contrato sólo se requería la "comunicación del gabinete del presidente" por cuestiones de "protocolo", no su autorización expresa.
La defensa de Camps ha explotado este filón. También ha recordado que los contratos con Gürtel suponían tan sólo el 0,5% de los presupuestos valencianos y ha intentado esgrimir un informe de la Abogacía de la Generalitat que trata de desmontar las conclusiones del perito. El juez no ha permitido que se incluyese como prueba a estas alturas del proceso.
El abogado de Ricardo Costa se ha limitado a preguntar por el papel de su patrocinado. Ha preguntado si el nombre de Costa aparece en algún contrato o si Costa tenía alguna capacidad para adjudicarlos. La respuesta es no.
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