Carlos San Martín
Efe | Alicante
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El juez de Orihuela que dirige algunas de las principales ramas del caso Brugal, Carlos San Martín, tomará declaración al expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll (PP) y a dos empresarios más antes de que se haga efectivo su anunciado traslado a un juzgado de Elche.
Hace unos días, se conoció que San Martín había ganado un concurso de méritos para trasladarse al juzgado ilicitano de primera instancia número 4, lo que provocará que la operación Brugal vaya a contar desde comienzos de 2012 con el sexto juez instructor desde que se destaparon las presuntas irregularidades a comienzos de 2006.
Fuentes judiciales han informado hoy a EFE de que San Martín continuará en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela hasta que su traslado sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual no se prevé para antes del 15 de diciembre.
Hasta entonces, San Martín seguirá con las investigaciones de varias de las piezas separadas del Brugal y, como estaba previsto, interrogará a los tres imputados que restan por comparecer de la rama de las supuestas irregularidades en la adjudicación del plano zonal de residuos.
Éstos son los empresarios Ángel Luis Bracho (30 de noviembre) y José Candel (5 de diciembre) y el citado Ripoll (1 de diciembre).
Nuevo juez a finales de febrero
San Martín sólo cesará de su actual puesto al día siguiente de la publicación del trasladado en el BOE, momento a partir del cual cubrirá la vacante un juez sustituto previamente elegido por el decanato de Elche.
Además, una vez que se cumpla ese trámite se sacará a concurso nacional la plaza en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (en principio antes de fin de año) para que posteriormente sea cubierta por un magistrado, lo cual ocurriría en el mejor de los casos a finales de febrero.
Si no hubiera peticionarios en este primer concurso, la plaza se sacaría a ascenso de jueces a magistrados y mientras tanto continuaría trabajando el juez sustituto.
Además de cerrar la ronda de comparecencias antes de marcharse a Elche, San Martín debe presentar por escrito una relación de los asuntos pendientes de resolución, lo que en derecho se conoce como "alarde", para dar cuenta de la situación del juzgado a sus sucesores.
San Martín ha logrado el traslado al segundo intento ya que el pasado verano optó a otra plaza en el Penal número 6 de Alicante, que no consiguió.
Operación BrugalSan Martín sólo cesará de su actual puesto al día siguiente de la publicación del trasladado en el BOE, momento a partir del cual cubrirá la vacante un juez sustituto previamente elegido por el decanato de Elche.
Además, una vez que se cumpla ese trámite se sacará a concurso nacional la plaza en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (en principio antes de fin de año) para que posteriormente sea cubierta por un magistrado, lo cual ocurriría en el mejor de los casos a finales de febrero.
Si no hubiera peticionarios en este primer concurso, la plaza se sacaría a ascenso de jueces a magistrados y mientras tanto continuaría trabajando el juez sustituto.
Además de cerrar la ronda de comparecencias antes de marcharse a Elche, San Martín debe presentar por escrito una relación de los asuntos pendientes de resolución, lo que en derecho se conoce como "alarde", para dar cuenta de la situación del juzgado a sus sucesores.
San Martín ha logrado el traslado al segundo intento ya que el pasado verano optó a otra plaza en el Penal número 6 de Alicante, que no consiguió.
La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el industrial Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones con un exconcejal de Orihuela en las que se ponía de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.
Las investigaciones iniciales se dilataron y desvelaron nuevos y variados supuestos casos de corrupción en Orihuela y otras localidades de la provincia, que a su vez dieron origen a cerca de una veintena de piezas separadas del Brugal.
Entre ellas, las posibles irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja y las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde están implicados la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y cuya causa fue derivada al juzgado de instrucción número 5 de la capital.
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