El escrito sugiere indicios de tráfico de influencias contra el ministro
* Del 'caso Gürtel' a la Operación Campeón
Julio M. Lázaro / Pepe Seijo Madrid / Lugo
La juez de instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, remitió sin previo aviso al Tribunal Supremo lo que parece ser una exposición razonada sobre posibles indicios de un delito de tráfico de influencias en el que habría incurrido el ministro de Fomento y cabeza de lista por Lugo, José Blanco, dentro de su investigación de la denominada Operación Campeón. El escrito llegó unas horas antes de que arrancara la campaña electoral y permitió al Partido Popular exigir de nuevo la dimisión del candidato socialista.
La juez no consultó ni notificó a la Fiscalía de Lugo su decisión, y el Tribunal Supremo se limitó a confirmar que la Secretaría de Causas Especiales, que tramita los procesos contra aforados, en este caso el ministro de Fomento y diputado en el Congreso, había registrado un asunto procedente del juzgado de Lugo sin especificar cuál por encontrarse bajo secreto del sumario.
Según las fuentes consultadas, una exposición razonada sobre un supuesto delito de tráfico de influencias no necesitaría acreditar los requisitos que exige el presunto cohecho y permitiría a la juez un cierto “encaje” para dirigirse al Supremo sin haber realizado determinadas diligencias, inexcusables si se trata de demostrar un soborno.
Entre éstas, el interrogatorio del primo del ministro, Manuel Bran, supuesto receptor de un cohecho de 200.000 euros del empresario farmacéutico Jorge Dorribo a cambio de gestiones con Blanco para conseguir subvenciones para su empresa, Laboratorios Nupel, y una autorización del Ministerio de Sanidad. Dicho interrogatorio no se ha practicado, pese a haberlo solicitado el propio Bran y pese a que el ministro Blanco asegurase en reiteradas ocasiones que es “falso” el pago de 200.000 euros a su primo.
Víspera de campaña
Fuentes jurídicas próximas al caso valoraron la intervención de la juez San José como “una explosión controlada del sumario”, precisamente la víspera del inicio de la campaña. Según esas fuentes, la actuación de la juez habría “incumplido los principios éticos de no injerencia en la campaña electoral para no afectar a los candidatos” y con el secreto del sumario prorrogado por la juez “para que el ministro no se pueda defender”. Según esas fuentes, dado que el criterio del Supremo es paralizar las actuaciones durante el periodo electoral, Blanco tendrá una espada de Damocles sobre su cabeza durante toda la campaña, sin poder evitarlo. Un eventual rechazo por el Tribunal Supremo de la exposición de la juez o la devolución de la causa para que siga investigando se produciría después de las elecciones, cuando el perjuicio sería irrevocable.
Otras fuentes próximas al PSOE se sorprendieron de que a la juez “no le haya interesado la declaración del principal testigo” del caso ya que ha “agotado la investigación sin haberla iniciado” y conformándose solo con lo que ha dicho Dorribo. El hecho de que San José actuase a espaldas de la Fiscalía de Lugo sorprendió relativamente, ya que también lo hizo cuando dirigió sendas exposiciones razonadas al Tribunal de Justica de Galicia contra los ahora exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG).
Dorribo, que estuvo encarcelado entre mayo y agosto por un presunto fraude en subvenciones públicas de la Xunta, declaró a la juez, según el diario El Mundo, que Blanco se había comprometido en febrero pasado a hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad a fin de que le concediese el permiso preceptivo para abrir una planta de fármacos unidosis. Al mismo tiempo, según el empresario, Blanco también le habría gestionado una subvención del Ministerio de Hacienda. Ambas solicitudes fueron denegadas. La de Hacienda el 11 de junio y la de Sanidad el 18 de julio.
El PP pide la dimisión porque “hay indicios de criminalidad”
FERNANDO GAREA
El PP no ha podido empezar mejor la campaña electoral. A las óptimas expectativas se unió ayer la decisión de la juez de Lugo de remitir al Tribunal Supremo las acusaciones del empresario Jorge Dorribo contra José Blanco, portavoz del Gobierno y número dos del PSOE.
Públicamente, el PP pidió ayer la dimisión de Blanco y aseguró que la decisión judicial supone que la juez ha encontrado “indicios de criminalidad” contra él. El equipo de campaña del PP añade el efecto positivo que, en su opinión, tendrá este caso en su campaña electoral, entre otras cosas porque dificulta a los socialistas intentar marcar la agenda política del arranque de campaña. La noticia sirve para que los socialistas tengan problemas para colocar sus mensajes y, desde luego, para que desistan de intentar usar la corrupción de Gürtel u otros casos que afectan al PP como argumento electoral. De hecho, desde el inicio de la instrucción, los populares utilizan las palabras de Blanco exigiendo dimisiones en el caso Gürtel.
FERNANDO GAREA
El PP no ha podido empezar mejor la campaña electoral. A las óptimas expectativas se unió ayer la decisión de la juez de Lugo de remitir al Tribunal Supremo las acusaciones del empresario Jorge Dorribo contra José Blanco, portavoz del Gobierno y número dos del PSOE.
Públicamente, el PP pidió ayer la dimisión de Blanco y aseguró que la decisión judicial supone que la juez ha encontrado “indicios de criminalidad” contra él. El equipo de campaña del PP añade el efecto positivo que, en su opinión, tendrá este caso en su campaña electoral, entre otras cosas porque dificulta a los socialistas intentar marcar la agenda política del arranque de campaña. La noticia sirve para que los socialistas tengan problemas para colocar sus mensajes y, desde luego, para que desistan de intentar usar la corrupción de Gürtel u otros casos que afectan al PP como argumento electoral. De hecho, desde el inicio de la instrucción, los populares utilizan las palabras de Blanco exigiendo dimisiones en el caso Gürtel.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró en un comunicado que la situación de Blanco en el Gobierno es “insostenible” y que son más claras aún las exigencias de dimisión. Además, tiró por elevación y aseguró que aumenta la responsabilidad tanto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como del cabeza de lista del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, por mantenerlo de ministro y de candidato. “Ni Zapatero ni Rubalcaba pueden esconderse más. Tienen que asumir su responsabilidad política con su dimisión. Cada día que pasa sin que dimita, el candidato socialista se hace más responsable de la situación de Blanco”, aseguró Saénz de Santamaría.
Doctrina del Supremo
Para rematar la argumentación, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró en un comunicado difundido por su partido que “la doctrina del Tribunal Supremo exige que existan indicios de criminalidad para que le remitan un asunto, y la jueza sin duda conoce la doctrina del tribunal”.
Trillo, además, advirtió al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de que no debe interferir en la admisión a trámite y debe dejar decidir a la Sala. Según dijo, “en ese caso, como en otros muchos, Conde Pumpido ya ha intervenido demasiado, y siempre a favor del Gobierno”.
El propósito del PP es mantener la presión sobre Blanco en los próximos días, para rentabilizar el efecto de la decisión de la juez de Lugo.
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