 |
| El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero a su llegada al Tribunal de Justicia de Madrid en julio.- LUIS SEVILLANO |
Imputados en las últimas semanas empresarios de las constructoras implicadas- Correa cobró un millón por mediar en una adjudicación en Boadilla - Un reciente informe asegura que el empresario Ulibarri pagó esa comisión
TONO CALLEJA - Madrid
Las operaciones urbanísticas más lucrativas para la estructura delictiva que montó el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, en su red empresarial tuvieron como escenario la Comunidad de Madrid, en algunos municipios gobernados por el Partido Popular, fundamentalmente en dos, Boadilla del Monte (cuyos dos últimos alcaldes antes de las elecciones pasadas están imputados) y Arganda del Rey, con comisiones superiores a los 20 millones de euros. También hay un reciente informe que afecta al Ayuntamiento de Madrid, en el que se destapa que una de las firmas de la trama cobró un millón de euros.
La red corrupta cobró 12 millones de euros, tras un pelotazo en Arganda
Dos directivos de la constructora Teconsa deberán declarar como imputados
En las últimas semanas, el magistrado Antonio Pedreira, que instruye desde hace más de dos años el caso, ha dado el paso adelante de imputar a los empresarios de Martinsa, UFC y Teconsa, tres de las constructoras con las que, según la investigación, hizo tratos Correa.
El negocio del cerebro de la red corrupta consistía en servir de intermediario de estas constructoras ante Ayuntamientos gobernados por el PP, que supuestamente amañaban concursos para adjudicar terrenos para operaciones urbanísticas a los empresarios amigos de Correa.
En la caja B de la trama corrupta aparecían comisiones ilegales, entre las que destacaban por su cuantía las referidas a distintas operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid. Ahora, todos esos empresarios deberán declarar como imputados ante el juez. Algunos, como el dueño de Martinsa, Fernando Martín, ya lo han hecho negándose a responder a las preguntas de las partes. Otros, como el dueño de Teconsa, lo tendrá que hacer en los próximos días.El próximo 5 de octubre tendrán que declarar ante el juez que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, los directivos de Teconsa Rafael Martínez Molinero y José Luis Martínez Parra, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Administración pública. Teconsa es la empresa a la que la Junta de Comunidades de Castilla y León adjudicó en 2002 las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros a cambio supuestamente de una comisión a Correa. Según las investigaciones, el jefe de la trama a su vez habría repartido el dinero recibido con el entonces consejero de Fomento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago, y con los exparlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote. Ninguno de los tres permanece imputado en estos momentos.
La firma Teconsa también obtuvo otros contratos supuestamente relacionados con la trama, como la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita del Papa a Valencia en 2006; y en la Comunidad de Madrid la construcción de numerosas viviendas en terrenos cedidos por la Empresa Municipal del Suelo (EMSV) de Boadilla del Monte y por el Ayuntamiento de Majadahonda, así como la adjudicación de edificios públicos en estas dos localidades.
Pero el principal pelotazo detectado por los investigadores en la Comunidad de Madrid, y en todo el sumario de la operación Gürtel, que ha destapado la mayor trama de corrupción ligada a un partido político de la democracia, el PP, se produjo en Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López dimitió tras ser imputado por el juez. Un informe policial indica que Correa cobró 12 millones de euros en Arganda, aunque nuevas investigaciones aumentan esta cifra hasta los 20 millones de euros. En este sentido, la información suministrada por el Gobierno de Suiza explica que el pago de los 12 millones de euros a Correa por el pelotazo de Arganda se hizo desde una cuenta identificada con el nombre de "finca", cuya titularidad era del dueño de Martinsa, Fernando Martín. Estos fondos, según el informe del Estado suizo, procedían de empresas radicadas en Panamá. En el municipio de Arganda del Rey también hicieron negocio empresas consideradas intermediarias de las sociedades de Correa, como por ejemplo el Grupo Rafael. Correa preparó para el Consistorio de Ginés López la comunicación municipal del festival Rock in Rio.
Otro de los presuntos pelotazos de Correa en la Comunidad, que en los últimos días están siendo investigados, es la adjudicación de una parcela municipal por parte del Consistorio de Boadilla del Monte, encabezado entonces por Arturo González Panero, a la promotora UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, también imputado en la causa, y que pudo haber pagado un millón de euros a Correa. Un informe de la Policía Judicial enviado al magistrado Pedreira, el pasado 29 de julio, aporta más información acerca de posible comisión pagada por Ulibarri tras adjudicarle el Ayuntamiento de Boadilla una parcela. En el informe explica que el dueño de UFC declaró que pagó un millón de euros a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida por el imputado Jacobo Gordon, empresa que forma parte de la trama, por acelerar una licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, y según el informe policial, Ulibarri testificó que tras denegarle inicialmente el Ayuntamiento de Madrid la licencia de obras para la construcción de unos apartamentos turísticos en el distrito de San Blas, este se puso en contacto con Gordon para que realizara gestiones para desbloquear la obra, algo que consiguió "pactando verbalmente unos honorarios de un millón de euros", según el informe.
Posteriormente, el director financiero de otra de las empresas presuntamente relacionadas con la trama, la constructora Begar, dio instrucciones para que Gordon confeccionara dos facturas por un millón a UFC. No obstante, la policía considera que el millón de euros que pagó Ulibarri no procede de la intermediación en Madrid, como alega Ulibarri, sino de la operación de Boadilla.
La red corrupta cobró 12 millones de euros, tras un pelotazo en Arganda
Dos directivos de la constructora Teconsa deberán declarar como imputados
En las últimas semanas, el magistrado Antonio Pedreira, que instruye desde hace más de dos años el caso, ha dado el paso adelante de imputar a los empresarios de Martinsa, UFC y Teconsa, tres de las constructoras con las que, según la investigación, hizo tratos Correa.
El negocio del cerebro de la red corrupta consistía en servir de intermediario de estas constructoras ante Ayuntamientos gobernados por el PP, que supuestamente amañaban concursos para adjudicar terrenos para operaciones urbanísticas a los empresarios amigos de Correa.
En la caja B de la trama corrupta aparecían comisiones ilegales, entre las que destacaban por su cuantía las referidas a distintas operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid. Ahora, todos esos empresarios deberán declarar como imputados ante el juez. Algunos, como el dueño de Martinsa, Fernando Martín, ya lo han hecho negándose a responder a las preguntas de las partes. Otros, como el dueño de Teconsa, lo tendrá que hacer en los próximos días.El próximo 5 de octubre tendrán que declarar ante el juez que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, los directivos de Teconsa Rafael Martínez Molinero y José Luis Martínez Parra, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Administración pública. Teconsa es la empresa a la que la Junta de Comunidades de Castilla y León adjudicó en 2002 las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros a cambio supuestamente de una comisión a Correa. Según las investigaciones, el jefe de la trama a su vez habría repartido el dinero recibido con el entonces consejero de Fomento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago, y con los exparlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote. Ninguno de los tres permanece imputado en estos momentos.
La firma Teconsa también obtuvo otros contratos supuestamente relacionados con la trama, como la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita del Papa a Valencia en 2006; y en la Comunidad de Madrid la construcción de numerosas viviendas en terrenos cedidos por la Empresa Municipal del Suelo (EMSV) de Boadilla del Monte y por el Ayuntamiento de Majadahonda, así como la adjudicación de edificios públicos en estas dos localidades.
Pero el principal pelotazo detectado por los investigadores en la Comunidad de Madrid, y en todo el sumario de la operación Gürtel, que ha destapado la mayor trama de corrupción ligada a un partido político de la democracia, el PP, se produjo en Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López dimitió tras ser imputado por el juez. Un informe policial indica que Correa cobró 12 millones de euros en Arganda, aunque nuevas investigaciones aumentan esta cifra hasta los 20 millones de euros. En este sentido, la información suministrada por el Gobierno de Suiza explica que el pago de los 12 millones de euros a Correa por el pelotazo de Arganda se hizo desde una cuenta identificada con el nombre de "finca", cuya titularidad era del dueño de Martinsa, Fernando Martín. Estos fondos, según el informe del Estado suizo, procedían de empresas radicadas en Panamá. En el municipio de Arganda del Rey también hicieron negocio empresas consideradas intermediarias de las sociedades de Correa, como por ejemplo el Grupo Rafael. Correa preparó para el Consistorio de Ginés López la comunicación municipal del festival Rock in Rio.
Otro de los presuntos pelotazos de Correa en la Comunidad, que en los últimos días están siendo investigados, es la adjudicación de una parcela municipal por parte del Consistorio de Boadilla del Monte, encabezado entonces por Arturo González Panero, a la promotora UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, también imputado en la causa, y que pudo haber pagado un millón de euros a Correa. Un informe de la Policía Judicial enviado al magistrado Pedreira, el pasado 29 de julio, aporta más información acerca de posible comisión pagada por Ulibarri tras adjudicarle el Ayuntamiento de Boadilla una parcela. En el informe explica que el dueño de UFC declaró que pagó un millón de euros a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida por el imputado Jacobo Gordon, empresa que forma parte de la trama, por acelerar una licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, y según el informe policial, Ulibarri testificó que tras denegarle inicialmente el Ayuntamiento de Madrid la licencia de obras para la construcción de unos apartamentos turísticos en el distrito de San Blas, este se puso en contacto con Gordon para que realizara gestiones para desbloquear la obra, algo que consiguió "pactando verbalmente unos honorarios de un millón de euros", según el informe.
Posteriormente, el director financiero de otra de las empresas presuntamente relacionadas con la trama, la constructora Begar, dio instrucciones para que Gordon confeccionara dos facturas por un millón a UFC. No obstante, la policía considera que el millón de euros que pagó Ulibarri no procede de la intermediación en Madrid, como alega Ulibarri, sino de la operación de Boadilla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario