Álvarez Areces defiende la «honestidad» de Mercedes Álvarez y pide «que no se enturbie continuamente la política asturiana»
Cuando el 3 de febrero de 2010 Azucena V. F. presentó una denuncia tras descubrir que alguien había abierto una cuenta bancaria a su nombre y estaba realizando ingresos en la misma, probablemente no llegó a imaginar la tormenta que iba a desencadenar en la política asturiana. Un año y medio después de esa demanda, y tras meses de escuchas, análisis de facturas y otras indagaciones, el caso que comenzó con la investigación de las actuaciones irregulares de la funcionaria Marta Renedo salpica ya, de una u otra forma, a cinco consejerías del Principado o, lo que es lo mismo, la mitad del Gobierno regional.
La primera en quedar bajo la lupa de la jueza Ana López Pandiella -antes de que ésta enviara el sumario a Oviedo- fue la Consejería de Administraciones Públicas, en la que Marta Renedo trabajaba como jefa de servicio. Lo fue no sólo porque la funcionaria tuviera allí su puesto de trabajo, sino porque el desvío de fondos a empresas propiedad de Marta Renedo llevaba la firma, entre otros, del director general de Modernización, Alberto Pérez Cueto, rúbricas que presuntamente habían sido falsificadas por la jefa de servicio detenida -y que lleva ya más de cinco meses en prisión-. La propia consejera, Ana Rosa Migoya, está citada para declarar como testigo el próximo 12 de septiembre.
A partir de la intervención de las conversaciones telefónicas de Marta Renedo, que comenzaron tras su destitución, se llegó a los empresarios Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, y se descubrió su relación con el entonces consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, y con la directora general de Planificación, María Jesús Otero. Los investigadores sospechan que ambos cargos públicos favorecieron a estas empresas a la hora de adjudicar contratos del Principado, permitiéndoles concurrir de forma irregular y obteniendo a cambio una compensación económica o trabajos para la empresa del hijo del exconsejero.
En la parte del sumario ya conocida aparecen además escuchas que hacen referencia a contactos de los empresarios imputados con alto personal de otras dos consejerías: la de Economía y Hacienda y la de Presidencia, Justicia e Igualdad. Los interrogatorios practicados en las últimas semanas por el juez Ángel Sorando permitieron ahondar más aún en las conexiones de estos departamentos con el 'caso Renedo'. En concreto salió a la luz la relación de Sánchez y Muñiz con un funcionario, Luciano, supuestamente jefe de sección de Economía y Hacienda, quien iría informando a ambos del estado en el que se encontraban algunos expedientes y les daba además consejo sobre cómo presentar ofertas. Además se hizo referencia a la relación personal de Víctor Manuel Muñiz con el exdirector general de Justicia, Manuel Cabaleiro, con quien comía asiduamente.
Esta semana la Consejería de Cultura y Turismo -a la que ya existían referencias en algunas conversaciones intervenidas a Marta Renedo, quien estuvo trabajando allí hasta 2007, antes de ser trasladada a Administraciones Públicas- se sumó a la lista de departamentos relacionados con esta causa, después de que el juez Sorando remitiera al TSJA una parte del sumario para que investigue si su actual titular, Mercedes Álvarez, incurrió en la comisión de algún delito. El magistrado se basa en documentos que aún permanecen bajo secreto. Ayer el presidente en funciones, Vicente Álvarez Areces, defendió la «honestidad» de la consejera y consideró que «no hay ningún elemento de imputación». En declaraciones a la TPA, pidió «no enturbiar continuamente la vida política asturiana».
elcomercio.es
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