De las sociedades del exasesor urbanístico
José Carlos Villanueva | Málaga
En el entramado societario de Juan Antonio Roca, principal acusado en el caso 'Malaya', siempre hubo testaferros de primera y segunda categoría. Así ha quedado claro este martes, con la declaración de una agente de la Udyco. La investigadora ha asegurado que al menos cuatro de ellos percibían "entre 200 y 300 euros mensuales", por figurar como administradores de sociedades. Se dedicaban simplemente a estampar su firma.
Los cuatro aludidos, mujeres y hombres de paja eran los siguientes: Úrsula Quinzano, Hildegart Fernández, José Luis Benavente y José María Mellado. Todos ellos son juzgados actualmente por presuntos delitos de blanqueo de capitales, junto al exasesor urbanístico que protagonizó la trama de presunta corrupción municipal de Marbella.
En el caso de Hildegart Fernández ésta percibía, al margen de sus emolumentos como testaferro, otros 2.400 euros mensuales como veterinaria de la sociedad Marqués de Velilla S.L., propietaria de la yeguada del mismo nombre.
Quinzano era la secretaria de la también testaferro Montserrat Corulla y figuraba como administradora de la sociedad Jabor Magarpe. Semanas atrás le tocó el turno de declarar y su testimonio no pudo ser más incriminatorio para la que fuera su jefa directa. De hecho, acusó a Corulla de "coacciones" sobre su persona, así como de haberla "engañado y presionado". Ello dio pie a que el tribunal permitiera este lunes un turno de réplica a la acusada mencionada, pieza clave en el entramado societario madrileño de Roca.
El testimonio de la agente de la sección de blanqueo de capitales que ha testificado viene a corroborar el de otros compañeros suyos: Unos testaferros cobraban exiguos sueldos por serlo y otros iban mucho más allá en los beneficios, al lucrarse personalmente de las operaciones urbanísticas protagonizadas por Juan Antonio Roca, desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
Los cuatro aludidos, mujeres y hombres de paja eran los siguientes: Úrsula Quinzano, Hildegart Fernández, José Luis Benavente y José María Mellado. Todos ellos son juzgados actualmente por presuntos delitos de blanqueo de capitales, junto al exasesor urbanístico que protagonizó la trama de presunta corrupción municipal de Marbella.
En el caso de Hildegart Fernández ésta percibía, al margen de sus emolumentos como testaferro, otros 2.400 euros mensuales como veterinaria de la sociedad Marqués de Velilla S.L., propietaria de la yeguada del mismo nombre.
Quinzano era la secretaria de la también testaferro Montserrat Corulla y figuraba como administradora de la sociedad Jabor Magarpe. Semanas atrás le tocó el turno de declarar y su testimonio no pudo ser más incriminatorio para la que fuera su jefa directa. De hecho, acusó a Corulla de "coacciones" sobre su persona, así como de haberla "engañado y presionado". Ello dio pie a que el tribunal permitiera este lunes un turno de réplica a la acusada mencionada, pieza clave en el entramado societario madrileño de Roca.
El testimonio de la agente de la sección de blanqueo de capitales que ha testificado viene a corroborar el de otros compañeros suyos: Unos testaferros cobraban exiguos sueldos por serlo y otros iban mucho más allá en los beneficios, al lucrarse personalmente de las operaciones urbanísticas protagonizadas por Juan Antonio Roca, desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
José Ávila y Naviro Inmobiliaria
Entre los acusados que se beneficiaron económicamente de operaciones urbanísticas junto a Roca destaca el empresario granadino José Ávila Rojas. Él no figura en el bloque del sumario que se enjuicia pero el nombre de una de sus sociedades, Naviro Inmobiliaria S.L., sale a relucir constantemente.
Y es que, tal y como afirmó el primer juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, "Roca y Ávila Rojas son lo mismo" a la hora de hacer negocios en Marbella. Así, otro de los agentes de la Udyco que han declarado este martes ha recordado el beneficio del 40% que la empresa Inversora Inmobiliaria Eridano, propiedad de Roca, obtuvo en una promoción de 22 viviendas y aparcamientos llevada a cabo por Naviro Inmobiliaria.
El inspector jefe del grupo de blanqueo de la UDEF que se hizo cargo de las pesquisas ya declaró que "Ávila Rojas reconoció haber pagado a concejales", para conseguir beneficios urbanísticos en su empresa, Naviro Inmobiliaria.
Las defensas han insistido durante sus intervenciones en la "falta de investigación patrimonial" de sus representados en los informes sobre la cuantificación del delito de blanqueo, elaborados por la Udyco.
El conocido abogado penalista Jorge Manrique, letrado del empresario Fidel San Román, considera que la sesión ha sido "clarificadora" porque el llamado "criterio de máximos", aplicado por los agentes policiales en sus informes, se traduce en que los investigadores optaron por "hacer constar como blanqueo de capitales el máximo que se pudiera obtener en una compra venta", algo muy cuestionado por las defensas.
Manrique, cuyo cliente no se sienta en el banquillo del bloque enjuiciado, también se ha interesado en conocer si los llamados archivos 'Maras' fueron "dogma de fe" para los policías, a la hora de elaborar sus informes. Ante tal pregunta un agente le ha respondido que "fueron muy importantes".
El fiscal del caso, Juan Carlos López Caballero, ya afirmó meses antes del juicio oral que el hallazgo de la contabilidad de la sociedad Maras Asesores S.L. había sido "una ganga" para los investigadores, al tratarse de la "contabilidad oculta" de Roca. En ella quedaron reflejados todos los pagos e ingresos de su organización, incluídos los presuntos sobornos a concejales, así como los que él recibía de empresarios.
EL MUNDO desveló en abril de 2003 el nombre de Maras Asesores S.L. y el papel que desempeñaba dicha sociedad, a la hora de canalizar las finanzas de Juan Antonio Roca. También este diario puso al descubierto el nombre de Salvador Gardoqui Arias, testaferro y administrador de la citada empresa, además de contable del exasesor urbanístico marbellí. Ocho años después ambos comparten el banquillo de los acusados.
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