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| Dos policías con una caja llena de documentación. | C. Cladera |
Serán interrogados en la Jefatura Superior a lo largo de esta mañana
Europa Press | Palma
El director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel Matías, y el ingeniero y antiguo funcionario de este organismo público, Justo Aguado, permanecen arrestados en los calabozos de la Policía Nacional después de que este martes fuesen detenidos en el marco de la segunda fase del caso Mar Blau, y está previsto que a lo largo de esta mañana sean interrogados en la Jefatura Superior en presencia de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.
Así lo han señalado fuentes policiales, que han apuntado que ambos son los únicos que han pasado la noche en comisaría mientras que un tercer detenido, el empresario catalán J.L.C.E., fue la pasada jornada puesto en libertad con cargos. Las mismas fuentes han señalado que no se prevén nuevas detenciones. En concreto, los delitos que se investigan dentro de esta nueva fase, cuyas pesquisas se encuentran bajo secreto, son los de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude.
Durante este martes se llevaron a cabo tres registros por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.
Aguado, funcionario ya jubilado de la APB, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates. Se trata de uno de los procesos investigados dentro de este caso por haberse producido un presunto trato de favor a sociedades vinculadas a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.
El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Mahón, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver -perteneciente a Trapsa- habría alcanzado un acuerdo con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa -si renunciaba a la concesión- tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA.
Así lo han señalado fuentes policiales, que han apuntado que ambos son los únicos que han pasado la noche en comisaría mientras que un tercer detenido, el empresario catalán J.L.C.E., fue la pasada jornada puesto en libertad con cargos. Las mismas fuentes han señalado que no se prevén nuevas detenciones. En concreto, los delitos que se investigan dentro de esta nueva fase, cuyas pesquisas se encuentran bajo secreto, son los de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude.
Durante este martes se llevaron a cabo tres registros por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.
Aguado, funcionario ya jubilado de la APB, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates. Se trata de uno de los procesos investigados dentro de este caso por haberse producido un presunto trato de favor a sociedades vinculadas a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.
El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Mahón, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver -perteneciente a Trapsa- habría alcanzado un acuerdo con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa -si renunciaba a la concesión- tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA.
elmundo.es
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