Afectan al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja
El Ministerio Público pide que se amplíe el periodo para presentar alegaciones
El Ministerio Público pide que se amplíe el periodo para presentar alegaciones
Agencias | Alicante
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante recurrirá ante la Audiencia Provincial el auto del juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante) que ha anulado algunas de las grabaciones del caso Brugal, que afectan a la investigación de presuntas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según fuentes judiciales.
El Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, está preparando el recurso de apelación que presentará contra la decisión tomada por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que anula algunos de los autos que autorizaron la intervención de las comunicaciones del presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, de su mujer, así como del empresario alicantino, Enrique Ortiz, por entenderlos faltos de motivación.
La decisión acordada por Carlos San Martín, en un auto fechado el 13 de junio de 2011, tiene un plazo de cinco días para ser recurrida ante el juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela y para la Audiencia Provincial de Alicante, aunque el Ministerio Fiscal ha solicitado ampliar a 10 este plazo.
El auto conocido este martes puede suponer un vuelco en el caso Brugal ya que la investigación sobre las supuestas ilegalidades se basan en las intervenciones telefónicas.
La operación se inició hace cinco años a partir de un presunto caso de cohecho en la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad de Orihuela, aunque las escuchas practicadas ampliaron a casi una veintena de piezas separadas de la operación.
Entre ellas está la que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, por la que se imputó al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al constructor Enrique Ortiz.
Otra de las ramas del Brugal es la relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde también figura como imputado Ortiz por recibir un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP.
El Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, está preparando el recurso de apelación que presentará contra la decisión tomada por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que anula algunos de los autos que autorizaron la intervención de las comunicaciones del presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, de su mujer, así como del empresario alicantino, Enrique Ortiz, por entenderlos faltos de motivación.
La decisión acordada por Carlos San Martín, en un auto fechado el 13 de junio de 2011, tiene un plazo de cinco días para ser recurrida ante el juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela y para la Audiencia Provincial de Alicante, aunque el Ministerio Fiscal ha solicitado ampliar a 10 este plazo.
El auto conocido este martes puede suponer un vuelco en el caso Brugal ya que la investigación sobre las supuestas ilegalidades se basan en las intervenciones telefónicas.
La operación se inició hace cinco años a partir de un presunto caso de cohecho en la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad de Orihuela, aunque las escuchas practicadas ampliaron a casi una veintena de piezas separadas de la operación.
Entre ellas está la que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, por la que se imputó al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al constructor Enrique Ortiz.
Otra de las ramas del Brugal es la relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde también figura como imputado Ortiz por recibir un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP.
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