Novedades del caso
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
elmundo.es
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
La promotora catalana Sacresa contempló gastarse un máximo de 1,5 millones de euros extra al comprar el solar de Can Domenge y acabó desembolsando, según sus propios informes internos, un total de 18.486.344 euros sin especificar el destino del dinero. La Policía Judicial que registró la sede de la empresa de la familia Sanahuja en Barcelona se incautó de un "estudio económico" fechado el 16 de enero de 2006. Es decir, apenas dos semanas después de ser publicado por el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar el concurso para vender el mejor solar público de cuantos quedaban en Palma. En este nuevo documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, Sacresa calculó un gasto suplementario de 1.450.000 euros al hacerse con este terreno de 52.200 metros cuadrados, situado entre las calles General Riera y Camí de Jesús.
El análisis financiero de la promotora estableció que desembolsaría, además de los 30 millones de euros por los que sacó a la venta el solar la institución insular, "300.000 euros" más en concepto de "impuestos"; "150.000 euros" en "comisiones de agentes"; y un millón más para acometer "la urbanización exterior".
Sin embargo, y tal y como reveló ayer este periódico, en el mismo registro policial los investigadores intervinieron otro documento interno de Sacresa. En él la empresa que resultó finalmente elegida por Munar anotó que para hacerse con el solar había incurrido en "otros gastos" por importe de los citados 18 millones "en junio de 2009".
Estos documentos están siendo analizados ahora por los investigadores para intentar determinar si la promotora catalana, que se acabó quedando el solar a mitad de precio –Can Domenge estaba valorado en 60 millones de euros–, pagó comisiones a la cúpula de UM. Y es que en estos momentos es una incógnita el destino de los fondos empleados por Sacresa, máxime cuando en el solar no se han comenzado siquiera las obras porque el concurso fue abortado durante esta legislatura por el Consell de Mallorca que presidía la socialista Francina Armengol al incumplir Sacresa los plazos contemplados en la licitación. A la vista de los mismos encargó un dictamen jurídico al catedrático Miguel Coca y acabó anulando el procedimiento.
La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha incoado una nueva pieza secreta en el sumario del caso Can Domenge en el marco de la cual está interrogando de nuevo a los históricos líderes de la formación uemita así como a los responsables de la empresa que se llevó el controvertido concurso para intentar determinar si medió un soborno millonario.
A falta de poder acreditarlo de manera fehaciente los investigadores manejan indicios de que medió un pago que rondó los seis millones de euros y que el capitán del yate de la familia Sanahuja intervino en las operaciones.
Mientras continúa esta línea de investigación abierta en la que se intenta determinar la existencia de un delito de cohecho, la juez Carmen González ya ha decretado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula de UM en el Consell de Mallorca con Maria Antònia Munar a la cabeza. Para ella la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de prisión. Por su parte, la defensa del Consell de Mallorca solicita para ella nueve años de cárcel al incluir en su acusación el delito de malversación de caudales públicos.
El análisis financiero de la promotora estableció que desembolsaría, además de los 30 millones de euros por los que sacó a la venta el solar la institución insular, "300.000 euros" más en concepto de "impuestos"; "150.000 euros" en "comisiones de agentes"; y un millón más para acometer "la urbanización exterior".
Sin embargo, y tal y como reveló ayer este periódico, en el mismo registro policial los investigadores intervinieron otro documento interno de Sacresa. En él la empresa que resultó finalmente elegida por Munar anotó que para hacerse con el solar había incurrido en "otros gastos" por importe de los citados 18 millones "en junio de 2009".
Estos documentos están siendo analizados ahora por los investigadores para intentar determinar si la promotora catalana, que se acabó quedando el solar a mitad de precio –Can Domenge estaba valorado en 60 millones de euros–, pagó comisiones a la cúpula de UM. Y es que en estos momentos es una incógnita el destino de los fondos empleados por Sacresa, máxime cuando en el solar no se han comenzado siquiera las obras porque el concurso fue abortado durante esta legislatura por el Consell de Mallorca que presidía la socialista Francina Armengol al incumplir Sacresa los plazos contemplados en la licitación. A la vista de los mismos encargó un dictamen jurídico al catedrático Miguel Coca y acabó anulando el procedimiento.
La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha incoado una nueva pieza secreta en el sumario del caso Can Domenge en el marco de la cual está interrogando de nuevo a los históricos líderes de la formación uemita así como a los responsables de la empresa que se llevó el controvertido concurso para intentar determinar si medió un soborno millonario.
A falta de poder acreditarlo de manera fehaciente los investigadores manejan indicios de que medió un pago que rondó los seis millones de euros y que el capitán del yate de la familia Sanahuja intervino en las operaciones.
Mientras continúa esta línea de investigación abierta en la que se intenta determinar la existencia de un delito de cohecho, la juez Carmen González ya ha decretado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula de UM en el Consell de Mallorca con Maria Antònia Munar a la cabeza. Para ella la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de prisión. Por su parte, la defensa del Consell de Mallorca solicita para ella nueve años de cárcel al incluir en su acusación el delito de malversación de caudales públicos.
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