La mayoría del tribunal valenciano se inclina por encausar a Camps y la cúpula de su partido
AGENCIAS - Valencia
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sigue deliberando esta semana sobre la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, en relación a los presuntos delitos electorales y de financiación irregular, entre otros.
El pleno de la Sala -integrado por los magistrados Pilar de la Oliva, Juan Climent, Juan Montero, José Flors y José Francisco Ceres, que actúa como ponente- se ha reunido este lunes durante aproximadamente una hora, y volverá a hacerlo el próximo miércoles, día 25, tras no llegar a una conclusión, según han señalado las mismas fuentes.
Las deliberaciones comenzaron el jueves, cuando el ponente de esta causa, José Francisco Ceres, expuso ante el resto de magistrados un borrador con las diferentes cuestiones a debatir. Tras ello, el pleno deberá reunirse hasta alcanzar acuerdos definitivos. Una vez llegue este momento, Ceres -que sería el instructor de la causa en el caso en que la Sala se declarase competente- recogerá todas las conclusiones en otro texto, que volverá a exhibir al resto de compañeros, para luego redactar la resolución definiiva, según han señalado fuentes judiciales.
Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electoales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana. Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia -en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el exsecreario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid iniciara proceso alguno contra aforados que no sean de la comunidad autónoma madrileña.
El pleno de la Sala -integrado por los magistrados Pilar de la Oliva, Juan Climent, Juan Montero, José Flors y José Francisco Ceres, que actúa como ponente- se ha reunido este lunes durante aproximadamente una hora, y volverá a hacerlo el próximo miércoles, día 25, tras no llegar a una conclusión, según han señalado las mismas fuentes.
Las deliberaciones comenzaron el jueves, cuando el ponente de esta causa, José Francisco Ceres, expuso ante el resto de magistrados un borrador con las diferentes cuestiones a debatir. Tras ello, el pleno deberá reunirse hasta alcanzar acuerdos definitivos. Una vez llegue este momento, Ceres -que sería el instructor de la causa en el caso en que la Sala se declarase competente- recogerá todas las conclusiones en otro texto, que volverá a exhibir al resto de compañeros, para luego redactar la resolución definiiva, según han señalado fuentes judiciales.
Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electoales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana. Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia -en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el exsecreario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid iniciara proceso alguno contra aforados que no sean de la comunidad autónoma madrileña.
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