* La Autoridad Portuaria ha aprobado que las arcas públicas del organismo paguen la defensa jurídica particular de sus dirigentes imputados
Eduardo Colom | María José García | Palma
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado hoy que las arcas públicas del organismo portuario paguen la defensa jurídica particular de sus dirigentes imputados por presunta corrupción en la adjudicación de negocios portuarios (el llamado caso Mar Blau).
El órgano de decisión de la APB que controla el socialista Francesc Triay ha aprobado por unanimidad esta medida en la última sesión antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo. Unos comicios con los que, de cambiar el color político del gobierno, cambiaría también la presidencia de Puertos.
La investigación judicial indaga el presunto amaño por parte de este organismo estatal de concesiones portuarias millonarias en las tres Islas durante la pasada legislatura y que ha provocado la imputación de sus dos últimos presidentes, Francesc Triay (PSOE) y Joan Verger (PP), así como del ex director del organismo portuario Ángel Matías.
El órgano de gobierno del ente portuario ha sometido a votación como tercer punto del orden del día una propuesta encaminada a «autorizar las hojas de encargo de servicios profesionales en las diligencias previas del procedimiento abreviado 4179/2008». Es decir, el asunto judicial sobre las polémicas adjudicaciones en Mahón –154 amarres– e Ibiza –379 amarres– que está siendo investigado desde hace más de un año en el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma y que estalló a raíz de las revelaciones realizadas por EL MUNDO/El Día de Baleares en torno al intento de amaño del Club Marítimo de Mahón.
En el argot jurídico se conoce como hojas de encargo a las propuestas escritas que realizan y pactan los letrados con sus clientes a la hora de asumir un asunto en su nombre. En ellas, aunque no existe un patrón único, es habitual que se incluya el precio dependiendo del recorrido que tenga el caso y el desenlace del mismo.
La propuesta va un paso más allá y añade una coletilla indeterminada que abarca otros gastos derivados del proceso. Concretamente, prevé autorizar además de esas hojas de encargo por las diligencias previas que ahora están en marcha «cualquier otro asunto que surja en dicho procedimiento».
Por su condición de organismo estatal (depende del Ministerio de Fomento aunque su presidencia se designa a propuesta del presidente de la Comunidad Autónoma), la Autoridad Portuaria tiene asignado un servicio de abogados perteneciente a la Abogacía del Estado para representar a la institución. Sus dirigentes han contado hasta el momento a título personal con abogados particulares para hacer fente a las acusaciones sobre su gestión. Todos ellos letrados de reconocido prestigio y que forman parte de la élite de los abogados penalistas palmesanos. El Consejo abordará hoy este asunto entre otras diez cuestiones relacionadas con concesiones públicas y otras autorizaciones.
Hasta el momento éste no ha sido el trato que han tenido otros políticos imputados, como ha sido el caso del propio ex presidente del Govern Jaume Matas (PP), quien recientemente ha tenido que cambiar de abogado. Entre otros motivos alegados, por cuestiones económicas.
El órgano de decisión de la APB que controla el socialista Francesc Triay ha aprobado por unanimidad esta medida en la última sesión antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo. Unos comicios con los que, de cambiar el color político del gobierno, cambiaría también la presidencia de Puertos.
La investigación judicial indaga el presunto amaño por parte de este organismo estatal de concesiones portuarias millonarias en las tres Islas durante la pasada legislatura y que ha provocado la imputación de sus dos últimos presidentes, Francesc Triay (PSOE) y Joan Verger (PP), así como del ex director del organismo portuario Ángel Matías.
El órgano de gobierno del ente portuario ha sometido a votación como tercer punto del orden del día una propuesta encaminada a «autorizar las hojas de encargo de servicios profesionales en las diligencias previas del procedimiento abreviado 4179/2008». Es decir, el asunto judicial sobre las polémicas adjudicaciones en Mahón –154 amarres– e Ibiza –379 amarres– que está siendo investigado desde hace más de un año en el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma y que estalló a raíz de las revelaciones realizadas por EL MUNDO/El Día de Baleares en torno al intento de amaño del Club Marítimo de Mahón.
En el argot jurídico se conoce como hojas de encargo a las propuestas escritas que realizan y pactan los letrados con sus clientes a la hora de asumir un asunto en su nombre. En ellas, aunque no existe un patrón único, es habitual que se incluya el precio dependiendo del recorrido que tenga el caso y el desenlace del mismo.
La propuesta va un paso más allá y añade una coletilla indeterminada que abarca otros gastos derivados del proceso. Concretamente, prevé autorizar además de esas hojas de encargo por las diligencias previas que ahora están en marcha «cualquier otro asunto que surja en dicho procedimiento».
Por su condición de organismo estatal (depende del Ministerio de Fomento aunque su presidencia se designa a propuesta del presidente de la Comunidad Autónoma), la Autoridad Portuaria tiene asignado un servicio de abogados perteneciente a la Abogacía del Estado para representar a la institución. Sus dirigentes han contado hasta el momento a título personal con abogados particulares para hacer fente a las acusaciones sobre su gestión. Todos ellos letrados de reconocido prestigio y que forman parte de la élite de los abogados penalistas palmesanos. El Consejo abordará hoy este asunto entre otras diez cuestiones relacionadas con concesiones públicas y otras autorizaciones.
Hasta el momento éste no ha sido el trato que han tenido otros políticos imputados, como ha sido el caso del propio ex presidente del Govern Jaume Matas (PP), quien recientemente ha tenido que cambiar de abogado. Entre otros motivos alegados, por cuestiones económicas.
elmundo.es
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