TRIBUNALES | Por el presunto soborno de una concejal
* estos autos cierran la fase de instrucció
* estos autos cierran la fase de instrucció
Efe | Sevilla
La Audiencia de Sevilla ha rechazado los dos últimos recursos por nulidad presentados por dos acusados en el llamado 'caso Camas', que investiga el presunto soborno a una concejal a cambio de ciertos acuerdos urbanísticos, y dice que el retraso en la causa se debe a la complejidad de los recursos que han planteado.
La Sección Tercera de la Audiencia, en sendos autos, rechaza la nulidad de actuaciones pedida por el ex alcalde Agustín Pavón (IU), derivada de que el juez instructor había resuelto en un mismo auto distintas peticiones de las partes.
También rechaza otro recurso de Antonio Enrique Fraile, ex concejal del PP imputado, quien había pedido el archivo porque el peritaje de una grabación no pudo identificar a los participantes en la reunión donde se planificó el soborno.
Fuentes del caso han indicado que estos autos cierran la fase de instrucción del 'caso Camas', por lo que en los próximos meses un jurado popular enjuiciará a los cuatro acusados: Pavón, Fraile, el exedil del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, acusados de sobornar en septiembre de 2005 con 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo para conseguir su voto en el pleno municipal.
La Sección Tercera de la Audiencia, en sendos autos, rechaza la nulidad de actuaciones pedida por el ex alcalde Agustín Pavón (IU), derivada de que el juez instructor había resuelto en un mismo auto distintas peticiones de las partes.
También rechaza otro recurso de Antonio Enrique Fraile, ex concejal del PP imputado, quien había pedido el archivo porque el peritaje de una grabación no pudo identificar a los participantes en la reunión donde se planificó el soborno.
Fuentes del caso han indicado que estos autos cierran la fase de instrucción del 'caso Camas', por lo que en los próximos meses un jurado popular enjuiciará a los cuatro acusados: Pavón, Fraile, el exedil del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, acusados de sobornar en septiembre de 2005 con 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo para conseguir su voto en el pleno municipal.
Nulidad de las escuchas y nuevas peticiones
La Audiencia responde a Pavón que el juez instructor respondió a distintas peticiones en un mismo auto "por economía procesal" y ello "en modo alguno determina mayor confusión que la derivada de las cuestiones planteadas".
"Es evidente que la posición de las partes en este proceso ha afectado a su desarrollo", dice la Audiencia, y añade que "ello no debe interpretarse como un ataque a la actuación" de Pavón, sino "la constatación de una realidad" porque las partes "están en su perfecto derecho a interponer los recursos que les permite la ley".
La Audiencia rechaza además que Pavón haya sufrido indefensión por el retraso del juez instructor en señalar qué párrafos de las actuaciones se ven afectadas por la nulidad de las escuchas telefónicas y también rechaza que se vuelva a tomar declaración a los acusados a la luz de dicha anulación.
Sobre las nuevas declaraciones pedidas por Pavón, dice la Audiencia que puede reclamarlas para el juicio, porque en caso contrario conllevaría "una injustificada e innecesaria demora".
Los hechos
En cuanto a Fraile, dice el auto que la imposibilidad de identificar a los participantes en la reunión donde se planificó el soborno no significa el archivo pues "existen otras pruebas que determinan que tuvo participación activa en el delito investigado".
Además, el peritaje "no excluye su intervención, sino que declara que técnicamente no la puede afirmar", recoge el auto, que añade que la participación de Fraile "es admitida por los denunciados".
Los cuatro imputados están acusados de utilizar a un militante de IU, Javier Gordo, para desbloquear la situación del Ayuntamiento de Camas en torno a unos "importantes proyectos urbanísticos" y para ello pidieron el voto de Carmen Lobo a favor de las propuestas que se iban a presentar en seis plenos municipales.
Gordo y Lobo fingieron acceder a la propuesta y denunciaron los hechos, por lo que todos los movimientos de los acusados fueron vigilados por la Policía, que interceptó la entrega a la entonces concejal de un sobre con 12.000 euros en efectivo.
elmundo.es
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