Declaración como testigo
Europa Press | Palma
elmundo.es
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Una técnica del Departamento de Residuos del Consell de Mallorca ha atribuido al exjefe de servicio de esta área, Fernando Ruano, y al exdirector insular, Guillem Riera, las órdenes y decisiones en torno al cambio de facturación que la Institución Insular impulsó en el sistema de recogida selectiva, y que según las investigaciones del caso Cloaca derivó en un presunto desvío de más de tres millones de euros de las arcas públicas por parte de las concesionarias de la recogida por trabajos no realizados.
"Nunca ningún técnico ha decidido sin el conocimiento ni la propuesta de actuar del jefe ni del político", ha aseverado Joana Maria P.C. para justificar que tanto ella como sus compañeros se limitaba a seguir las instrucciones de sus superiores. La técnica ha sido interrogada en calidad de testigo por el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, en torno a los motivos por los que se llevó a cabo la modificación en el sistema de facturación. "Pese a estar cerca no lo conocía", ha asegurado la declarante.
A preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, la testigo, tras recordar que en aquella época compartía despacho con la economista Maria Morey y el ingeniero técnico Gabriel Perelló, ha incidido en que los técnicos "siempre actuamos por órdenes".
En este contexto, en el caso de Morey, Joana Maria P.C. ha manifestado que "no es posible" que ésta llamase a la empresa de tratamiento de residuos Tirme para pedir información sobre la recogida selectiva en la Part Forana "sin que lo supiera el jefe, el director o el conseller". Asimismo, sobre la facturación de los kilos recogidos por Ecoenves y Ecovidrio "lo llevaba Morey pero siempre con la revisión del superior".
En el marco de estas pesquisas, las concesionarias del servicio de recogida selectiva FCC-Lumsa y Resenetma -filial de Melchor Mascaró- defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse de la recogida.
"Nunca ningún técnico ha decidido sin el conocimiento ni la propuesta de actuar del jefe ni del político", ha aseverado Joana Maria P.C. para justificar que tanto ella como sus compañeros se limitaba a seguir las instrucciones de sus superiores. La técnica ha sido interrogada en calidad de testigo por el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, en torno a los motivos por los que se llevó a cabo la modificación en el sistema de facturación. "Pese a estar cerca no lo conocía", ha asegurado la declarante.
A preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, la testigo, tras recordar que en aquella época compartía despacho con la economista Maria Morey y el ingeniero técnico Gabriel Perelló, ha incidido en que los técnicos "siempre actuamos por órdenes".
En este contexto, en el caso de Morey, Joana Maria P.C. ha manifestado que "no es posible" que ésta llamase a la empresa de tratamiento de residuos Tirme para pedir información sobre la recogida selectiva en la Part Forana "sin que lo supiera el jefe, el director o el conseller". Asimismo, sobre la facturación de los kilos recogidos por Ecoenves y Ecovidrio "lo llevaba Morey pero siempre con la revisión del superior".
En el marco de estas pesquisas, las concesionarias del servicio de recogida selectiva FCC-Lumsa y Resenetma -filial de Melchor Mascaró- defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse de la recogida.
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