José Carlos Villanueva | Málaga
Además
* Gráfico: Las claves del caso
"Eso es una maquinación policial". De esta forma tan beligerante ha calificado el principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, la tesis del fiscal sobre que los pagos de empresarios recibidos en su contabilidad de Maras Asesores guardan relación con favores urbanísticos, traducidos en licencias de obras ilegales y aprobaciones de convenios, sujetos a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en revisión y no vigente.
Por mucho que Roca lo niegue la Policía estableció minuciosamente una correlación entre los pagos anotados en la contabilidad incautada y numerosos convenios y licencias de obras que coincidían en el tiempo. Dato éste que sustenta las acusaciones. Entre 2001 y 2006 el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí habría recibido 33 millones de euros en concepto de sobornos provenientes de promotores.
Durante el sexto día de interrogatorio a Roca el acusador público se ha interesado especialmente por el nombre del conocido empresario Tomás Olivo. Él aparece como la persona que entregó al exasesor urbanístico 600.000 euros. Una vez reconocido dicho pago, el exbrazo derecho de Jesús Gil en el Consistorio marbellí sostiene que dicha cantidad provenía de su labor de "intermediación" en la venta de unos suelos.
Lo cierto es que el fiscal, Juan Carlos López Caballero, ha puesto de manifiesto que la entrega de esos 600.000 euros coincidió en el tiempo con la suspensión de la paralización de unas obras a Olivo, por parte del equipo de gobierno que presidía la exalcaldesa Marisol Yagüe. Se trataba de los trabajos de ampliación del centro comercial La Cañada (9 licencias ilegales), autorizadas por el exalcalde Julián Muñoz, y cuya sucesora en la Alcaldía paralizó durante un tiempo.
Roca ha achacado la suspensión de la paralización de obras de Olivo a un informe del secretario municipal, Leopoldo Barrantes. Se da la circunstancia de que dicho fedatario público también se encuentra acusado en el macrojuicio. Las nueve licencias otorgadas por Muñoz al empresario murciano fueron impugnadas por la Junta de Andalucía ante el TSJA. Aunque las obras se pararon, circunstancia a la que se acoge Roca, la exalcaldesa Yagüe optó finalmente por archivar el expediente, coincidiendo en las fechas con el pago de Olivo al exasesor urbanístico, según mantiene el Ministerio Público.
"No existe relación causal entre Olivo y Roca o Maras Asesores o las sociedades de Roca", ha defendido con vehemencia el principal acusado, al hablar de sí mismo en tercera persona. En el marco de su defensa ha aludido a los empresarios también acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, como las personas que negociaron directamente con Olivo en la compra venta de unos suelos en los que también aparecía vinculado el constructor granadino José Avila Rojas, socio de los dos anteriores.
El abogado de Tomás Olivo, Antonio Ruiz Villén, ha hecho constar su protesta, tras interrumpir al fiscal, para aportar una sentencia firme de un Juzgado de lo Penal malagueño "en la que se dice que no se realizó construcción de naves comerciales con posterioridad a diciembre de 2004. Que tampoco se ejecutaron naves ni estacionamiento, ni alcantarillado". Así pues, el que fuera juez de instrucción marbellí en el 'caso estatua rusa'-ahora en excedencia- sostiene que "el fiscal no pude imputar estos hechos cuando es cosa juzgada". El pago de Olivo a Roca fue en noviembre de 2005 y ese mismo mes Yagüe decretó la suspensión de la paralización de obras, ha remachado López Caballero.
Durante la sesión de este martes también se han reproducido en la sala escuchas telefónicas en las que una persona se pone en contacto con el despacho municipal de Roca para preguntarle a éste "dónde puede llevar el dinero" el empresario -también acusado- Enrique Ventero, imputado por presuntos sobornos al exasesor urbanístico marbellí. Ya en la sesión anterior Roca había reconocido haber recibido un pago de 300.000 euros del empresario cordobés Rafael Gómez 'Sandokán'.
A diferencia de lo que sostiene el fiscal, sobre que Roca favoreció un convenio urbanístico, así como la "inactividad municipal" en obras del ahora concejal de Unión Cordobesa, el excargo municipal marbellí argumenta que actuó como "intermediario" en una operación de compra venta de terrenos para 'Sandokán', a través de su socio en la empresa Marbella Airways, Francisco Pozuelo, conocido como 'Pacurri'. El pago de 300.000 euros de Gómez a Roca se produjo en noviembre de 2004 y la licencia y el convenio logrados por el propietario de Arenal 2000 S.L. están fechados cinco meses antes, en junio de 2004.
Por mucho que Roca lo niegue la Policía estableció minuciosamente una correlación entre los pagos anotados en la contabilidad incautada y numerosos convenios y licencias de obras que coincidían en el tiempo. Dato éste que sustenta las acusaciones. Entre 2001 y 2006 el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí habría recibido 33 millones de euros en concepto de sobornos provenientes de promotores.
Durante el sexto día de interrogatorio a Roca el acusador público se ha interesado especialmente por el nombre del conocido empresario Tomás Olivo. Él aparece como la persona que entregó al exasesor urbanístico 600.000 euros. Una vez reconocido dicho pago, el exbrazo derecho de Jesús Gil en el Consistorio marbellí sostiene que dicha cantidad provenía de su labor de "intermediación" en la venta de unos suelos.
Lo cierto es que el fiscal, Juan Carlos López Caballero, ha puesto de manifiesto que la entrega de esos 600.000 euros coincidió en el tiempo con la suspensión de la paralización de unas obras a Olivo, por parte del equipo de gobierno que presidía la exalcaldesa Marisol Yagüe. Se trataba de los trabajos de ampliación del centro comercial La Cañada (9 licencias ilegales), autorizadas por el exalcalde Julián Muñoz, y cuya sucesora en la Alcaldía paralizó durante un tiempo.
Roca ha achacado la suspensión de la paralización de obras de Olivo a un informe del secretario municipal, Leopoldo Barrantes. Se da la circunstancia de que dicho fedatario público también se encuentra acusado en el macrojuicio. Las nueve licencias otorgadas por Muñoz al empresario murciano fueron impugnadas por la Junta de Andalucía ante el TSJA. Aunque las obras se pararon, circunstancia a la que se acoge Roca, la exalcaldesa Yagüe optó finalmente por archivar el expediente, coincidiendo en las fechas con el pago de Olivo al exasesor urbanístico, según mantiene el Ministerio Público.
"No existe relación causal entre Olivo y Roca o Maras Asesores o las sociedades de Roca", ha defendido con vehemencia el principal acusado, al hablar de sí mismo en tercera persona. En el marco de su defensa ha aludido a los empresarios también acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, como las personas que negociaron directamente con Olivo en la compra venta de unos suelos en los que también aparecía vinculado el constructor granadino José Avila Rojas, socio de los dos anteriores.
El abogado de Tomás Olivo, Antonio Ruiz Villén, ha hecho constar su protesta, tras interrumpir al fiscal, para aportar una sentencia firme de un Juzgado de lo Penal malagueño "en la que se dice que no se realizó construcción de naves comerciales con posterioridad a diciembre de 2004. Que tampoco se ejecutaron naves ni estacionamiento, ni alcantarillado". Así pues, el que fuera juez de instrucción marbellí en el 'caso estatua rusa'-ahora en excedencia- sostiene que "el fiscal no pude imputar estos hechos cuando es cosa juzgada". El pago de Olivo a Roca fue en noviembre de 2005 y ese mismo mes Yagüe decretó la suspensión de la paralización de obras, ha remachado López Caballero.
Durante la sesión de este martes también se han reproducido en la sala escuchas telefónicas en las que una persona se pone en contacto con el despacho municipal de Roca para preguntarle a éste "dónde puede llevar el dinero" el empresario -también acusado- Enrique Ventero, imputado por presuntos sobornos al exasesor urbanístico marbellí. Ya en la sesión anterior Roca había reconocido haber recibido un pago de 300.000 euros del empresario cordobés Rafael Gómez 'Sandokán'.
A diferencia de lo que sostiene el fiscal, sobre que Roca favoreció un convenio urbanístico, así como la "inactividad municipal" en obras del ahora concejal de Unión Cordobesa, el excargo municipal marbellí argumenta que actuó como "intermediario" en una operación de compra venta de terrenos para 'Sandokán', a través de su socio en la empresa Marbella Airways, Francisco Pozuelo, conocido como 'Pacurri'. El pago de 300.000 euros de Gómez a Roca se produjo en noviembre de 2004 y la licencia y el convenio logrados por el propietario de Arenal 2000 S.L. están fechados cinco meses antes, en junio de 2004.
Además
* Gráfico: Las claves del caso
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