Por irregularidades en el plan zonal de la Vega Baja
* Gregory está requerido por las irregularidades del plan zonal alicantino
* Ejerció como intermediario entre Fenoll y Ripoll, según la investigación
* Gregory está requerido por las irregularidades del plan zonal alicantino
* Ejerció como intermediario entre Fenoll y Ripoll, según la investigación
Efe | ELMUNDO.es | Alicante
El empresario Rafael Gregory se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juez de Orihuela que investiga las supuestas ilegalidades en la adjudicación del plan comarcal de residuos de la Vega Baja.
Tras permanecer 40 minutos en los juzgados, Gregory se ha negado a hacer declaraciones a los periodistas y únicamente se ha limitado a informar de que había rechazado declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 3, Carlos San Martín.
La investigación atribuye a Gregory el papel de intermediario en las irregularidades, principalmente entre el industrial oriolano Ángel Fenoll y el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), dentro de esta pieza separada de la operación Brugal.
El empresario es el tercero de la actual ronda de comparecencias, que se iniciaron el pasado octubre con el citado Fenoll, y con su hijo, Antonio Ángel, que también se negaron a declarar a la espera de que se resuelva la validez de las escuchas policiales que dieron origen al caso.
Tras Gregory, este martes está citado el constructor Enrique Ortiz (también imputado en otras ramas del Brugal, como la del PGOU alicantino), mientras que el día 30 deberá acudir al juzgado el empresario Ángel Luis Bracho.
Ripoll, actual presidente del puerto de Alicante y aún líder provincial del PP, declarará como imputado el 1 de diciembre y cerrará la ronda de citaciones el empresario José Candel, el 5 del mismo mes.
En esta pieza separada del Brugal, el juez San Martín investiga posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia.
A principios de julio de 2010, se detuvo a Ripoll y a diez personas más en Orihuela, Alicante y Valencia, y se practicaron diversos registros, entre ellos en la casa y despacho del entonces presidente de la Diputación.
Tras permanecer 40 minutos en los juzgados, Gregory se ha negado a hacer declaraciones a los periodistas y únicamente se ha limitado a informar de que había rechazado declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 3, Carlos San Martín.
La investigación atribuye a Gregory el papel de intermediario en las irregularidades, principalmente entre el industrial oriolano Ángel Fenoll y el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), dentro de esta pieza separada de la operación Brugal.
El empresario es el tercero de la actual ronda de comparecencias, que se iniciaron el pasado octubre con el citado Fenoll, y con su hijo, Antonio Ángel, que también se negaron a declarar a la espera de que se resuelva la validez de las escuchas policiales que dieron origen al caso.
Tras Gregory, este martes está citado el constructor Enrique Ortiz (también imputado en otras ramas del Brugal, como la del PGOU alicantino), mientras que el día 30 deberá acudir al juzgado el empresario Ángel Luis Bracho.
Ripoll, actual presidente del puerto de Alicante y aún líder provincial del PP, declarará como imputado el 1 de diciembre y cerrará la ronda de citaciones el empresario José Candel, el 5 del mismo mes.
En esta pieza separada del Brugal, el juez San Martín investiga posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia.
A principios de julio de 2010, se detuvo a Ripoll y a diez personas más en Orihuela, Alicante y Valencia, y se practicaron diversos registros, entre ellos en la casa y despacho del entonces presidente de la Diputación.
elmundo.es
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