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| Chaves, este martes, en la sesión de control del Congreso. | Efe |
LOS NEGOCIOS DE CHAVES | Este miércoles deliberará a puerta cerrada
Europa Press | Madrid
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo deliberará a partir de este miércoles a puerta cerrada sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de sancionar al vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, por las subvenciones otorgadas por el Consejo de Gobierno de Andalucía a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabajaba su hija, Paula Chaves Iborra.
Los magistrados de la Sala estudiarán el recurso presentado por la Junta andaluza contra esta decisión, por la que se anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 31 de julio de 2009, que eludió expedientar Chaves, e instó al Gobierno autonómico a abrirle un expediente sancionador.
La sentencia del TSJA obligaba a investigar la actuación de Chaves y exponía que la decisión del Consejo de Gobierno "vulnera el reglamento de la potestad sancionadora, e ignora los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.1 y 9.3 de la Carta Magna" y ordenaba "la apertura de un expediente sancionador" para Chaves.
El Alto Tribunal andaluz consideraba que no habían quedado debidamente justificadas las actuaciones previas que previene la norma porque "en lugar de determinar con la mayor precisión posible los hechos denunciados, sin actividad investigación alguna, se han limitado a elaborar unos informes jurídicos interpretativos sobre el precepto que se denunciaba infringido, el apoderamiento en relación con la actuación ante la Administración o el artículo 18 de la Ley de Procedimiento, con la única finalidad de exculpar "ab initio" al alto cargo".
El tribunal andaluz añadía que lo "realmente trascendente" no era si la Junta tenía o no conocimiento de la relación de Paula Chaves con la empresa Matsa, sino si Chaves, cuando presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009, ratificando la subvención a favor de esta empresa, conocía la relación contractual de su hija con ésta, lo que a su vez demostraría que el vicepresidente tercero mintió al Congreso.
Señalaba que Paula Chaves pertenecía a Matsa desde julio de 2007 "con funciones de asesoramiento jurídico" y que la relación laboral era conocida por su padre, por lo que la investigación debe centrarse en esos hechos "y no en una mera interpretación jurídica del precepto".
Los magistrados de la Sala estudiarán el recurso presentado por la Junta andaluza contra esta decisión, por la que se anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 31 de julio de 2009, que eludió expedientar Chaves, e instó al Gobierno autonómico a abrirle un expediente sancionador.
La sentencia del TSJA obligaba a investigar la actuación de Chaves y exponía que la decisión del Consejo de Gobierno "vulnera el reglamento de la potestad sancionadora, e ignora los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.1 y 9.3 de la Carta Magna" y ordenaba "la apertura de un expediente sancionador" para Chaves.
El Alto Tribunal andaluz consideraba que no habían quedado debidamente justificadas las actuaciones previas que previene la norma porque "en lugar de determinar con la mayor precisión posible los hechos denunciados, sin actividad investigación alguna, se han limitado a elaborar unos informes jurídicos interpretativos sobre el precepto que se denunciaba infringido, el apoderamiento en relación con la actuación ante la Administración o el artículo 18 de la Ley de Procedimiento, con la única finalidad de exculpar "ab initio" al alto cargo".
El tribunal andaluz añadía que lo "realmente trascendente" no era si la Junta tenía o no conocimiento de la relación de Paula Chaves con la empresa Matsa, sino si Chaves, cuando presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009, ratificando la subvención a favor de esta empresa, conocía la relación contractual de su hija con ésta, lo que a su vez demostraría que el vicepresidente tercero mintió al Congreso.
Señalaba que Paula Chaves pertenecía a Matsa desde julio de 2007 "con funciones de asesoramiento jurídico" y que la relación laboral era conocida por su padre, por lo que la investigación debe centrarse en esos hechos "y no en una mera interpretación jurídica del precepto".
Además
* Chaves 'subvencionó' a su hija
* El TSJA obliga a investigar a Chaves por las ayudas
* La Junta no encargará ningún informe comprometedor
elmundo.es
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