INHABILITACIÓN | Presunto delito de prevaricación
Efe | Sevilla
elmundo.es
Se le juzga por la concesión de una licencia para ampliar tres naves
Efe | Sevilla
La alcaldesa electa de Aguadulce (Sevilla), Isabel Ortiz Fernández (PSOE), va a ser juzgada este viernes por un presunto delito de prevaricación por el que piden para ella un año de cárcel y diez de inhabilitación. Se va a celebrar un día antes del pleno municipal en el que debe tomar posesión.
Ortiz Fernández será juzgada por la concesión de una licencia para la ampliación de tres naves en 2006, cuando ocupaba la Alcaldía. Un delito por el que la Fiscalía pide para ella nueve meses de cárcel y la acusación particular que ejerce el Gobierno municipal saliente, con mayoría de IU, un año.
La Fiscalía incluye en su petición ocho años de inhabilitación para cargo público y la acusación particular, diez.
El escrito de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, al que ha tenido acceso Efe, explica que la entonces alcaldesa concedió el 19 de octubre de 2006 la licencia para ampliar una granja de pavos. Sin embargo, Ortiz Fernández no escuchó al arquitecto municipal ni a la secretaria del Ayuntamiento que le habían advertido de que sólo podía hacerlo con un proyecto de actuación previo, y con la autorización de la delegación provincial de Obras Públicas.
"Pese a esas advertencias, la acusada, consciente de la ilegalidad de su proceder, sin recabar el proyecto de actuación ni los informes sectoriales", autorizó la licencia solicitada.
Se trataba de unas obras de ampliación de tres naves destinadas a la granja de engorde de pavos situada en el paraje "El Pozuelo", donde según el fiscal no se cumplían las distancias mínimas exigidas de 500 metros respecto a otras instalaciones.
Su sucesor en la alcaldía, Joaquín Benítez (IU), dictó la paralización de los trabajos el 21 de noviembre de 2007, tras acceder al cargo y ser informado de las irregularidades, por lo que presentó la correspondiente denuncia.
Según el escrito de la acusación particular, al que ha tenido acceso Efe, la acusada "consciente de la ilegalidad" de su proceder concedió la licencia "con arreglo a las especificaciones contenidas en el proyecto presentado", si bien la realidad es que "no se había presentado proyecto alguno".
Es decir, Ortiz Fernández "no solo concedió la licencia sin analizar un proyecto de actuación urbanística sino que además, cuando conoció que los informes sectoriales eran negativos, tampoco intentó reparar la situación creada", añade el escrito.
El juicio está previsto para mañana en el juzgado penal 4 y fuentes próximas a la alcaldesa electa han indicado a Efe que no se prevé ningún aplazamiento.
Ortiz Fernández será juzgada por la concesión de una licencia para la ampliación de tres naves en 2006, cuando ocupaba la Alcaldía. Un delito por el que la Fiscalía pide para ella nueve meses de cárcel y la acusación particular que ejerce el Gobierno municipal saliente, con mayoría de IU, un año.
La Fiscalía incluye en su petición ocho años de inhabilitación para cargo público y la acusación particular, diez.
El escrito de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, al que ha tenido acceso Efe, explica que la entonces alcaldesa concedió el 19 de octubre de 2006 la licencia para ampliar una granja de pavos. Sin embargo, Ortiz Fernández no escuchó al arquitecto municipal ni a la secretaria del Ayuntamiento que le habían advertido de que sólo podía hacerlo con un proyecto de actuación previo, y con la autorización de la delegación provincial de Obras Públicas.
"Pese a esas advertencias, la acusada, consciente de la ilegalidad de su proceder, sin recabar el proyecto de actuación ni los informes sectoriales", autorizó la licencia solicitada.
Se trataba de unas obras de ampliación de tres naves destinadas a la granja de engorde de pavos situada en el paraje "El Pozuelo", donde según el fiscal no se cumplían las distancias mínimas exigidas de 500 metros respecto a otras instalaciones.
Su sucesor en la alcaldía, Joaquín Benítez (IU), dictó la paralización de los trabajos el 21 de noviembre de 2007, tras acceder al cargo y ser informado de las irregularidades, por lo que presentó la correspondiente denuncia.
Según el escrito de la acusación particular, al que ha tenido acceso Efe, la acusada "consciente de la ilegalidad" de su proceder concedió la licencia "con arreglo a las especificaciones contenidas en el proyecto presentado", si bien la realidad es que "no se había presentado proyecto alguno".
Es decir, Ortiz Fernández "no solo concedió la licencia sin analizar un proyecto de actuación urbanística sino que además, cuando conoció que los informes sectoriales eran negativos, tampoco intentó reparar la situación creada", añade el escrito.
El juicio está previsto para mañana en el juzgado penal 4 y fuentes próximas a la alcaldesa electa han indicado a Efe que no se prevé ningún aplazamiento.
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