El sumario recoge reuniones del bufete tanto con Ortiz como con Alperi
La Policía Judicial registró el despacho de abogados el pasado abril
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Efe | Alicante
El sumario del caso Brugal, en lo referido al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, refleja que un despacho de abogados, en el que figura el hermano de la alcaldesa, es de "importancia capital" en la investigación y señala que existe una relación entre el bufete y el exalcalde Luis Díaz Alperi.
En el marco de las presuntas irregularidades producidas durante la redacción del PGOU de la capital alicantina, según indica de forma textual el sumario, en éste se hace mención de "manera pormenorizada" del despacho "Salvetti Abogados y Consultores".
Este bufete es, en opinión de los investigadores, "de importancia capital" para la investigación en cuanto que es "comandado por dos personas muy influyentes" en la redacción del PGOU, en referencia a los letrados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.
"Influencia -señala el sumario- que en el caso de José Luis Castedo nace de su hermana" y alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, "y también de su conocimiento sobre Urbanismo, puesto a disposición de los intereses de Enrique Ortiz", empresario alicantino investigado por las citadas irregularidades e imputado en otra de las piezas del caso Brugal.
La influencia de su socio y máximo responsable del despacho -Javier Gutiérrez- en la redacción del PGOU "nace de su participación en la misma como colaborador externo", añade el sumario, en el que se señala que "la razón" por la que se menciona a este despacho es "por la relación del mismo con la figura de Luis Díaz Alperi", exalcalde de la ciudad.
"Una relación laboral que como mínimo se caracterizaría por ser de trabajo por cuenta ajena y que como máximo, a falta de precisarlo, podría llegar a ser de asociación con los dos personas anteriormente" citadas, según indica el sumario.
En el marco de las presuntas irregularidades producidas durante la redacción del PGOU de la capital alicantina, según indica de forma textual el sumario, en éste se hace mención de "manera pormenorizada" del despacho "Salvetti Abogados y Consultores".
Este bufete es, en opinión de los investigadores, "de importancia capital" para la investigación en cuanto que es "comandado por dos personas muy influyentes" en la redacción del PGOU, en referencia a los letrados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.
"Influencia -señala el sumario- que en el caso de José Luis Castedo nace de su hermana" y alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, "y también de su conocimiento sobre Urbanismo, puesto a disposición de los intereses de Enrique Ortiz", empresario alicantino investigado por las citadas irregularidades e imputado en otra de las piezas del caso Brugal.
La influencia de su socio y máximo responsable del despacho -Javier Gutiérrez- en la redacción del PGOU "nace de su participación en la misma como colaborador externo", añade el sumario, en el que se señala que "la razón" por la que se menciona a este despacho es "por la relación del mismo con la figura de Luis Díaz Alperi", exalcalde de la ciudad.
"Una relación laboral que como mínimo se caracterizaría por ser de trabajo por cuenta ajena y que como máximo, a falta de precisarlo, podría llegar a ser de asociación con los dos personas anteriormente" citadas, según indica el sumario.
'Yo quiero que tú ganes más'
La "verosimilitud de dicha relación se sustenta, según el sumario, por conversaciones telefónicas intervenidas y por una reunión de Díaz Alperi en el despacho de los dos letrados.
En cuanto al modo de pago que supuestamente cobraría el bufete, el sumario recoge una conversación en la que el propio Javier Gutiérrez le comenta a Ortiz que ha hablado con una tercera persona y a ésta le ha dicho: "Enrique me ha prometido, que me da por la gestión un porcentaje y un fijo en todo. Y ha dicho -la tercera persona-, si Enrique lo ha dicho vale".
En otra de las conversaciones, Gutiérrez le dice a Ortiz: "Yo quiero que tu ganes más. Yo con cada 10 que ganas tú, me conformo con 0,50, Enrique".
La Policía Judicial registró el pasado mes de abril este bufete, de cuyo interior se llevaron "diversas cajas con documentación y soportes informáticos", si bien ninguno de los dos letrados fue detenido ni interrogado.
La Fiscalía Anticorrupción afirma que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad.
Asimismo, el fiscal ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, por participar en el favorecimiento de Ortiz, y también en dos abogados citados por ser intermediarios a través de su bufete.
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