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Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
elmundo.es
La Policía intervino en el registro de la promotora el documento
Refleja que 'en junio de 2009' llevaban pagados 18 millones extra
Refleja que 'en junio de 2009' llevaban pagados 18 millones extra
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
La Policía Judicial intervino a la promotora catalana Sacresa un documento interno que establece que se ha gastado un total de 48 millones de euros en el solar de Can Domenge, por el que oficialmente sólo pagó 30. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria requisaron durante el registro de la sede de la promotora a finales de 2009, entre otros, este estudio económico titulado Palma de Mallorca-Can Domenge, en el que establece, de una parte, que el «coste de adquisición del solar» ascendió a los 30 millones de euros por los que se acabó vendiendo el mejor solar público de Palma por parte del Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar durante la primavera de 2006.
Sin embargo, en el mismo apartado destinado al terreno, la promotora incorpora un epígrafe en el que señala «el resto de costes incurridos hasta junio de 2009» para hacerse con la parcela. En él especifica que en esa fecha ya se había desembolsado por parte de Sacresa una cantidad extra de «18.486.344 euros».
De tal manera que en total, y sólo por los 52.000 metros cuadrados situados entre el Camí de Jesús y la calle General Riera de Palma indica haber abonado un total de «48.486.344,29 euros».
En este mismo informe se establecen como apartados independientes y que, por lo tanto, no estarían englobados en «el resto de costes incurridos», los gastos de «urbanización»; los «de construcción»; y los «complementarios», en los que incluye el coste de «técnicos, licencias, notarías y registro, seguros y financiero». Por lo tanto, constituye una incógnita el destino que han seguido los 18 millones de euros, teniendo en cuenta, además, que la urbanización de Can Domenge fue abortada definitivamente por la institución insular bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol y que, por lo tanto, no se ha llegado a edificar en ninguna de sus fases el complejo residencial diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel.
Sin embargo, en el mismo apartado destinado al terreno, la promotora incorpora un epígrafe en el que señala «el resto de costes incurridos hasta junio de 2009» para hacerse con la parcela. En él especifica que en esa fecha ya se había desembolsado por parte de Sacresa una cantidad extra de «18.486.344 euros».
De tal manera que en total, y sólo por los 52.000 metros cuadrados situados entre el Camí de Jesús y la calle General Riera de Palma indica haber abonado un total de «48.486.344,29 euros».
En este mismo informe se establecen como apartados independientes y que, por lo tanto, no estarían englobados en «el resto de costes incurridos», los gastos de «urbanización»; los «de construcción»; y los «complementarios», en los que incluye el coste de «técnicos, licencias, notarías y registro, seguros y financiero». Por lo tanto, constituye una incógnita el destino que han seguido los 18 millones de euros, teniendo en cuenta, además, que la urbanización de Can Domenge fue abortada definitivamente por la institución insular bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol y que, por lo tanto, no se ha llegado a edificar en ninguna de sus fases el complejo residencial diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel.
La pieza secreta
Los investigadores manejan este elemento en las pesquisas que llevan a cabo para intentar determinar si la cúpula de UM cobró comisiones a cambio de malvender un solar que a precio de mercado tenía un valor del doble, tal y como ya han certificado los peritos judiciales y la propia Agencia Tributaria. No en vano, hasta la propia promotora Sacresa disponía en su poder documentos en los que dejaba constancia de que el valor del terreno realmente se elevaba a 60 millones de euros.
En esta línea el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha incoado una pieza secreta en la que están siendo interrogados de nuevo los altos cargos de UM y los representantes de la promotora catalana. El estudio económico constituye, por lo tanto, un indicio más de que pudo mediar el pago de un cuantioso soborno en la operación. En él queda claro que los 18 millones extra no comprenden los estudios geotécnicos, de seguridad ni topográficos. Pero tampoco los honorarios del arquitecto Nouvel. Asimismo deja fuera los pagos por acometidas de electricidad, gas y agua y los intereses derivados de los préstamos bancarios o la promoción de la urbanización. Tampoco engloban dentro del misterioso nuevo concepto los costes de la obtención de las licencias de actividad y de obra o las tasas que debían ser abonadas al Ayuntamiento de Palma.
En principio, y tras un soplo recibido, la Fiscalía Anticorrupción baraja la posibilidad de que mediara un pago que rondó los 6 millones de euros y en el que pudo intervenir el capitán del yate de la familia Sanahuja, propietaria de la promotora Sacresa.
El exconseller de Ordenación de Territorio Bartomeu Vicens, que se encuentra en estos momentos en prisión por comprar facturas falsas con dinero público, ya se ha ofrecido a los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach para contar «las claves definitivas» del pelotazo de Can Domenge. Según apuntan fuentes de su entorno familiar, Vicens estaría dispuesto incluso a abordar la cuestión de las comisiones si el Ministerio Público le garantiza su excarcelación en un corto periodo de tiempo.
Los investigadores manejan este elemento en las pesquisas que llevan a cabo para intentar determinar si la cúpula de UM cobró comisiones a cambio de malvender un solar que a precio de mercado tenía un valor del doble, tal y como ya han certificado los peritos judiciales y la propia Agencia Tributaria. No en vano, hasta la propia promotora Sacresa disponía en su poder documentos en los que dejaba constancia de que el valor del terreno realmente se elevaba a 60 millones de euros.
En esta línea el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha incoado una pieza secreta en la que están siendo interrogados de nuevo los altos cargos de UM y los representantes de la promotora catalana. El estudio económico constituye, por lo tanto, un indicio más de que pudo mediar el pago de un cuantioso soborno en la operación. En él queda claro que los 18 millones extra no comprenden los estudios geotécnicos, de seguridad ni topográficos. Pero tampoco los honorarios del arquitecto Nouvel. Asimismo deja fuera los pagos por acometidas de electricidad, gas y agua y los intereses derivados de los préstamos bancarios o la promoción de la urbanización. Tampoco engloban dentro del misterioso nuevo concepto los costes de la obtención de las licencias de actividad y de obra o las tasas que debían ser abonadas al Ayuntamiento de Palma.
En principio, y tras un soplo recibido, la Fiscalía Anticorrupción baraja la posibilidad de que mediara un pago que rondó los 6 millones de euros y en el que pudo intervenir el capitán del yate de la familia Sanahuja, propietaria de la promotora Sacresa.
El exconseller de Ordenación de Territorio Bartomeu Vicens, que se encuentra en estos momentos en prisión por comprar facturas falsas con dinero público, ya se ha ofrecido a los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach para contar «las claves definitivas» del pelotazo de Can Domenge. Según apuntan fuentes de su entorno familiar, Vicens estaría dispuesto incluso a abordar la cuestión de las comisiones si el Ministerio Público le garantiza su excarcelación en un corto periodo de tiempo.
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