Y de otros ex altos cargos de la Junta imputados
* La juez dice que Fernández se benefició de los ERE fraudulentos
* Sostiene que Juan Lanzas incluyó a su esposa y hermana en los expedientes
* Acusa a Francisco Javier Guerrero de incumplir la ley a sabiendas
* La juez dice que Fernández se benefició de los ERE fraudulentos
* Sostiene que Juan Lanzas incluyó a su esposa y hermana en los expedientes
* Acusa a Francisco Javier Guerrero de incumplir la ley a sabiendas
Efe | Sevilla
La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta ha ordenado a la Policía que investigue el patrimonio del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y de los ex altos cargos de la Junta imputados, así como otras ayudas sociolaborales a 24 empresas. Éstas se suman a la investigación de todos los ERE subvencionados por la Junta desde el año 2002.
En un auto notificado este martes a las partes, la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, encarga a la Policía Judicial un informe patrimonial sobre el ex consejero Antonio Fernández, sobre el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sobre el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el sindicalista Juan Lanzas, "conseguidor" en los ERE.
La magistrada ordena investigar las ayuda de la Junta a 24 empresas, entre ellas, los 16 millones de euros otorgados a Heineken España
La Policía, que ya viene informando sobre el patrimonio de todos los imputados, debe "centrar" sus pesquisas en estas personas y hacer extensiva la investigación a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.
La juez Mercedes Alaya precisa en su auto los distintos hechos que imputa a cada uno, y de Fernández dice que no sólo se benefició a título personal de su inclusión en el ERE de la bodega González Byass, donde había dejado de trabajar siete años antes, sino que era conocedor de las irregularidades que cometía el ex director general de Trabajo y de los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta hacía a este sistema.
Las transferencias de financiación utilizadas para materializar las ayudas a los ERE había generado a la Junta a 31 de diciembre de 2007 un déficit de 39.249.138 euros, precisa el auto.
Sobre el sindicalista Juan Lanzas, la juez le imputa haber participado como "mediador o conseguidor" en diferentes ERE, en los que llegó a incluir a su esposa y hermana pese a que nunca trabajaron en las empresas.
Respecto a Francisco Javier Guerrero, dice la juez que autorizó el pago por la Junta de las primas derivadas de los ERE, "a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado", en un proceso en el que prescindió "total y absolutamente del procedimiento administrativo".
Por razones de amistad, parentesco o por militancia en el PSOE, Guerrero llegó a incluir como beneficiarios en ERE a nueve "falsos trabajadores".
La juez ordena investigar también el patrimonio de las esposas, padres e hijos de los imputados, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges
Junto a la investigación patrimonial de los imputados, la juez pide a la Policía que indague en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros otorgados a Heineken España, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres millones al Matadero de Sierra Morena y otros tantos a TAMC.
Además, deberá investigar las cantidades de más de un millón de euros concedidos a TGA Aeroestructuras, SCAFA, SK 300 Aeronáutica, Grupo TPM, MSM Montanera de Jabugo, Promi Muebles o Tierra Virgen Alimentación.
Igualmente la juez pide a la Policía Judicial que elabore un listado de los falsos trabajadores, hasta ahora confirmados, que continúen cobrando las prestaciones y con cargo a qué compañías.
Alaya notifica el auto a las 14 personas hasta ahora personadas en la causa como imputadas y añade otras 14 cuya inclusión en otros tantos ERE se ha ido conociendo en las últimas semanas.
No obstante, precisa que "criterios de oportunidad y sobre todo de prudencia" obligan a aplazar la declaración de estas personas como imputadas hasta que "se conozcan con claridad y detalle los hechos investigados y sus vertientes".
La magistrada ordena investigar las ayuda de la Junta a 24 empresas, entre ellas, los 16 millones de euros otorgados a Heineken España
La Policía, que ya viene informando sobre el patrimonio de todos los imputados, debe "centrar" sus pesquisas en estas personas y hacer extensiva la investigación a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.
La juez Mercedes Alaya precisa en su auto los distintos hechos que imputa a cada uno, y de Fernández dice que no sólo se benefició a título personal de su inclusión en el ERE de la bodega González Byass, donde había dejado de trabajar siete años antes, sino que era conocedor de las irregularidades que cometía el ex director general de Trabajo y de los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta hacía a este sistema.
Las transferencias de financiación utilizadas para materializar las ayudas a los ERE había generado a la Junta a 31 de diciembre de 2007 un déficit de 39.249.138 euros, precisa el auto.
Sobre el sindicalista Juan Lanzas, la juez le imputa haber participado como "mediador o conseguidor" en diferentes ERE, en los que llegó a incluir a su esposa y hermana pese a que nunca trabajaron en las empresas.
Respecto a Francisco Javier Guerrero, dice la juez que autorizó el pago por la Junta de las primas derivadas de los ERE, "a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado", en un proceso en el que prescindió "total y absolutamente del procedimiento administrativo".
Por razones de amistad, parentesco o por militancia en el PSOE, Guerrero llegó a incluir como beneficiarios en ERE a nueve "falsos trabajadores".
La juez ordena investigar también el patrimonio de las esposas, padres e hijos de los imputados, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges
Junto a la investigación patrimonial de los imputados, la juez pide a la Policía que indague en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros otorgados a Heineken España, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres millones al Matadero de Sierra Morena y otros tantos a TAMC.
Además, deberá investigar las cantidades de más de un millón de euros concedidos a TGA Aeroestructuras, SCAFA, SK 300 Aeronáutica, Grupo TPM, MSM Montanera de Jabugo, Promi Muebles o Tierra Virgen Alimentación.
Igualmente la juez pide a la Policía Judicial que elabore un listado de los falsos trabajadores, hasta ahora confirmados, que continúen cobrando las prestaciones y con cargo a qué compañías.
Alaya notifica el auto a las 14 personas hasta ahora personadas en la causa como imputadas y añade otras 14 cuya inclusión en otros tantos ERE se ha ido conociendo en las últimas semanas.
No obstante, precisa que "criterios de oportunidad y sobre todo de prudencia" obligan a aplazar la declaración de estas personas como imputadas hasta que "se conozcan con claridad y detalle los hechos investigados y sus vertientes".
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