Delitos de fraude y prevaricación
Ricardo F. Colmenero | Ibiza
elmundo.es
Ricardo F. Colmenero | Ibiza
A falta de apenas doce días para la cita electoral, la Fiscalía de Ibiza ha pedido el sobreseimiento provisional del caso Park Control. El Partido Popular ha mostrado su indignación por una actuación que calificó de "fenómeno anormal" por el momento en el que se produce y porque todavía faltarían pruebas por presentar.
El caso Park Control era el más complicado al que se había enfrentado el Ayuntamiento de Ibiza, gobernado por la socialista Lourdes Costa, esta legislatura.
Denunciado por un particular y por el Partido Popular, se investigaba al Consistorio de Vila por los presuntos delitos de fraude y prevaricación después de que decidieran compensar a esta empresa el pago de 412.000 euros por el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP).
Nada menos que por esta causa figuraban como imputados el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Santiago Pizarro, la ex edil Cristina Ferrer, el interventor del Consistorio y el administrador de la concesionaria.
El Partido Popular insistió ayer en denunciar la relación existente entre Park Control y el Partido Socialista al asegurar que altos cargos de esta formación, así como muchos familiares de miembros del equipo de gobierno del Consistorio estuvieron empleados en dicha empresa.
Sobre este aspecto, el informe del fiscal señala: "Dicha vía por sí sola repugna al Derecho y al Proceso Penal, pues convierte la mera sospecha en herramienta de acusación. Cuestión distinta, como siempre, es su enjuiciamiento desde un punto de vista ético-político o de transparencia administrativa o de estricta separación entre la esfera pública y privada, ámbitos siempre controvertidos y de los cuales la vida pública y política ofrece cotidianamente numerosos ejemplos cuya valoración no nos corresponde en esta sede".
En cuanto a la deuda con el Consistorio, el concejal del PP en el Ayuntamiento, Jaime Díaz de Entresotos elevó ayer la cifra del supuesto trato a favor a Park Control, que ha podido causar un perjuicio de unos tres millones de euros a las arcas municipales.
Concretamente sobre este aspecto, el auto de la Fiscalía es mucho más crítico con la actuación del Consistorio.
Así, destacan en el auto frases como "llama la atención la generosidad con la que el Ayuntamiento ha asumido el desequilibrio alegado por Park Control". El Consistorio, según su criterio, podría haberse negado a asumir la solicitud de la concesionaria, que se fundaba "en un desequilibrio financiero cuya imprevisión es muy discutible".
Sin embargo, aunque reconoce que "el acuerdo del Ayuntamiento y la posición mantenida por la intervención municipal supongan un empobrecimiento claro de las arcas municipales", piden el archivo porque "no constan causas o hechos de los que deducir de una forma lógica, razonada y alejada de toda duda» para que existan «intereses ajenos a la causa pública" prevaricación, concluye el auto. Desde el Ayuntamiento la reacción a las acusaciones vertidas por el Partido Popular no se ha hecho esperar.
Así, sobre la última cifra aportada por el concejal de Vila, no dudan en asegurar que se la ha inventado, algo que califican de "vergonzoso", ya que ni siquiera tiene los datos de las últimas tres liquidaciones de Park Control, cifras que dicen que ya han facilitado al juzgado. De hecho, Entresotos se quejaba de que todavía no han sido aportadas.
"Se inventa una deuda de dos millones de euros y se queda tan ancho", denuncian integrantes del Consistorio.
Además, aseguran que "resulta preocupante que el Partido Popular se dedique a desacreditar la justicia".
El caso Park Control era el más complicado al que se había enfrentado el Ayuntamiento de Ibiza, gobernado por la socialista Lourdes Costa, esta legislatura.
Denunciado por un particular y por el Partido Popular, se investigaba al Consistorio de Vila por los presuntos delitos de fraude y prevaricación después de que decidieran compensar a esta empresa el pago de 412.000 euros por el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP).
Nada menos que por esta causa figuraban como imputados el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Santiago Pizarro, la ex edil Cristina Ferrer, el interventor del Consistorio y el administrador de la concesionaria.
El Partido Popular insistió ayer en denunciar la relación existente entre Park Control y el Partido Socialista al asegurar que altos cargos de esta formación, así como muchos familiares de miembros del equipo de gobierno del Consistorio estuvieron empleados en dicha empresa.
Sobre este aspecto, el informe del fiscal señala: "Dicha vía por sí sola repugna al Derecho y al Proceso Penal, pues convierte la mera sospecha en herramienta de acusación. Cuestión distinta, como siempre, es su enjuiciamiento desde un punto de vista ético-político o de transparencia administrativa o de estricta separación entre la esfera pública y privada, ámbitos siempre controvertidos y de los cuales la vida pública y política ofrece cotidianamente numerosos ejemplos cuya valoración no nos corresponde en esta sede".
En cuanto a la deuda con el Consistorio, el concejal del PP en el Ayuntamiento, Jaime Díaz de Entresotos elevó ayer la cifra del supuesto trato a favor a Park Control, que ha podido causar un perjuicio de unos tres millones de euros a las arcas municipales.
Concretamente sobre este aspecto, el auto de la Fiscalía es mucho más crítico con la actuación del Consistorio.
Así, destacan en el auto frases como "llama la atención la generosidad con la que el Ayuntamiento ha asumido el desequilibrio alegado por Park Control". El Consistorio, según su criterio, podría haberse negado a asumir la solicitud de la concesionaria, que se fundaba "en un desequilibrio financiero cuya imprevisión es muy discutible".
Sin embargo, aunque reconoce que "el acuerdo del Ayuntamiento y la posición mantenida por la intervención municipal supongan un empobrecimiento claro de las arcas municipales", piden el archivo porque "no constan causas o hechos de los que deducir de una forma lógica, razonada y alejada de toda duda» para que existan «intereses ajenos a la causa pública" prevaricación, concluye el auto. Desde el Ayuntamiento la reacción a las acusaciones vertidas por el Partido Popular no se ha hecho esperar.
Así, sobre la última cifra aportada por el concejal de Vila, no dudan en asegurar que se la ha inventado, algo que califican de "vergonzoso", ya que ni siquiera tiene los datos de las últimas tres liquidaciones de Park Control, cifras que dicen que ya han facilitado al juzgado. De hecho, Entresotos se quejaba de que todavía no han sido aportadas.
"Se inventa una deuda de dos millones de euros y se queda tan ancho", denuncian integrantes del Consistorio.
Además, aseguran que "resulta preocupante que el Partido Popular se dedique a desacreditar la justicia".
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