miércoles, 11 de mayo de 2011

EDUCACIÓN ABONÓ A LAS EMPRESAS DEL "CASO RENEDO" 46 MILLONES DESDE 2005

La jueza reclamó todos los expedientes al sospechar que Otero y Riopedre tramitaron algunos para beneficio personal o familiar

RAMÓN MUÑIZ | GIJÓN.

La Consejería de Educación y Ciencia liquidó contratos por valor de 46,2 millones con las empresas investigadas en el 'caso Renedo' durante el periodo 2005-2010. Así consta en un informe contable que la Intervención General del Gobierno del Principado confeccionó a requerimiento de la magistrada-juez Ana López Pandiella. El documento se remitió al juzgado en febrero. La instructora reclamó además a Educación todos los expedientes tramitados para cada adjudicación. El motivo: entonces ya contaba con indicios que apuntaban a que el consejero José Luis Iglesias Riopedre y su mano derecha, María Jesús Otero, podrían haber adulterado los procesos de licitación para favorecer a una serie de adjudicatarios que, a cambio, daban trabajo al hijo del primero y efectuaban ingresos en empresas de la familia de la segunda.

Las sospechas son claras por ejemplo en las obras para dotar de un sistema geotérmico al Instituto de Educación Secundaria de Infiesto. La actuación consumió 221.213,93 euros, siendo el tercer mayor desembolso que realizó la consejería durante 2010. Fue una actuación no contemplada en el proyecto inicial. Cuando Procoin se hizo con las obras para construir el centro, por 2,3 millones, éste iba a contar con un sistema convencional de gasóleo para la calefacción y el agua caliente. Sin embargo, una vez lanzadas las obras la consejería encontró necesario apostar por esta costosa tecnología, que aprovecha el calor interior de la Tierra para alimentar un sistema que deja las aulas a temperaturas que no pasan, eso sí, de los 15 grados.

El cambio de criterio obligó a retrasar la entrega del centro. La investigación policial describe cómo aquel encargo adicional estuvo presuntamente contaminado por un tráfico de influencias. Por un lado, el departamento de Iglesias Riopedre encargó el sistema geotérmico a Nora Proyectos e Ingeniería. Por el otro, la empresa con sede en Olloniego subcontrataba una parte sustancial de la actuación a Geogal, la empresa del hijo del consejero.

El muñidor de este acuerdo es Víctor Manuel Muñiz, amigo del consejero y accionista de Igrafo, una de las empresas de mobiliario que más adjudicaciones reciben de Educación. Según reconoce el empresario, en realidad Nora «es casi mía al 100%», cosa que parece aprovechar para poner al hijo del consejero de su lado. Entre 2005 y 2009, la ingeniería lleva subcontratado a Geogal faenas por 104.514,63 euros.

En lo tocante a Infiesto, una de las escuchas evidencia que Muñiz y A. A., director de la ingeniería, quedaron satisfechos de la cuantía del encargo de Infiesto, aunque no así del margen que les reportó. Para futuras obras pactan reducir gastos pero, según A. A., ésto sólo es posible en lo que se subcontrata a Geogal. «Tenemos que hacer que los costes de Ernesto [el hijo del consejero] bajen, prudentemente porque a fin de cuentas es la fuente que nos va a permitir más ventas». Muñiz asume el esquema porque «una ingeniería no está para atender al fiu del consejero sino para ganar dinero». De cara al consejero y su hijo, la actitud de Muñiz es distinta. El empresario celebra la actuación de Infiesto y presiona a ambos para conseguir nuevos contratos en el mismo sentido. En una conversación que mantiene con Ernesto Iglesias sobre lo mal que está el mercado, le confiesa que «aquí la solución, yo ya se lo comenté a José Luis, era que nos encargasen un par de trabajos más como el de Infiesto, que es lo que estoy intentando que nos den, pero de momento no lo tengo». Más tarde abunda en el mismo sentido: «Yo ya le comenté a tu padre, mira, para que al rapaz puedan cuadrarle los números, necesitamos dos instalaciones como Infiesto».

Usar la obra «como anzuelo»
Ernesto Iglesias indica que «eso me parece a mi que va a ser difícil» y plantea más bien la posibilidad de «utilizar lo de Infiesto como anzuelo».

En esta promoción sí parece implicarse el consejero. El 7 de julio de 2010 llama a Muñiz y le informa que «vienen técnicos de Castilla La Mancha y Aragón a ver lo de Infiesto, que como no vienen jefes él no irá, que se haga cargo Víctor de ellos...». El dueño de Igrafo se muestra solícito. Dice que los potenciales clientes no necesitan coche oficial, «que los lleva él». Más adelante, el jefe de gabinete del consejero le informa de los nombres de las dos personas (un secretario general técnico y J. G, «que lleva las infraestructuras») y pregunta que quién pagará la comida. El empresario indica que asume la factura, y el asesor de Riopedre se compromete a hacérselo saber al consejero.

La familiaridad con la que se tratan los protagonistas permite que se cuenten algunas irregularidades. El 7 de abril, por ejemplo, el consejero se interesa por un encargo que Muñiz está tratando en Toledo. «¿Os lo van a dar así por las buenas o vais a participar en licitación?». El empresario le responde que «no sé, la idea mía es que pidan el producto a tres empresas que controlemos nosotros». Conocedora de esta conversación, cuando Iglesias Riopedre es detenido y puesto ante la magistrada-juez Ana López Pandiella, ésta le pregunta si «estaba al corriente de que en muchas ocasiones todas las empresas que concurrían a un mismo concurso pertenecían, estaban dirigidas o vinculadas a Víctor Manuel Muñiz», a lo que responde que «no».

Hasta aquí el relato de lo que los jueces deberán calibrar si es tráfico de influencias. Los indicios que apuntan a que la 'exnúmero dos' de Educación, María Jesús Otero, pudo adulterar los procedimientos de contratación son quizás más contundentes. Sobre la adjudicación de Infiesto, por ejemplo, tiene una conversación a finales de abril de 2010 con Muñiz en la que explica que «las dos ofertas que superan a la que va a ser elegida no pueden pasar de 236.000 euros puesto que sobrepasaría lo estipulado para el negociado. Dice que la de Nora está bien porque son 199.786 euros y las otras tienen que estar por encima de esta cantidad, pero por debajo de 236.000». Luego discuten qué otras dos sociedades controladas por Muñiz incluirán en el concurso que ganara Nora.


elcomercio.es

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