Riopedre y Otero deberán defenderse en el juicio de una instrucción que les sitúa ante condenas de entre 5 y 13 años
RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.
Las diligencias previas 206/2010, abiertas por la magistrada-juez Ana López Pandiella, describen en sus 32.584 folios a políticos, funcionarios y empresarios haciéndose favores poco éticos cuando no ilegales. De momento la peor parte se la llevan los cinco imputados, a los que atribuye una ristra de delitos que, con el Código Penal en la mano, suman una condena global de entre 24 y 65 años de prisión. Así lo indica la calificación provisional realizada por la magistrada gijonesa y que, por ahora, mantiene su sucesor en la instrucción, Ángel Sorando Pinilla. Éste último ha dejado claro que estudia añadir algún delito más a los ya adscritos a la exdirectora general María Jesús Otero.
¿En qué quedarán tantas imputaciones? Habrá que esperar a que acabe la instrucción y se convoque el juicio correspondiente, en el que las defensas intentarán rebatir cada uno de los indicios. Es de esperar que, para empezar, parte de ellos juegue la carta del cambio de leyes. Desde diciembre está en vigor una reforma del Código Penal que agrava las penas para los delitos relacionados con la corrupción. Los acusados pueden reclamar que se les juzgue bajo las normas que estaban en vigor en el momento de los hechos.
Los cinco letrados llevaban desde enero planteando una misma queja. Aseguraban que sus mandantes sufrían una «indefensión evidente» al desconocer las pruebas y hechos concretos que obraban en su contra. Para satisfacerles, Sorando ha levantado parte del secreto de sumario, decisión de impredecibles consecuencias electorales. Ahora todos saben por qué fueron detenidos el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, su directora general María Jesús Otero, la jefa de servicio Marta Renedo, y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.
Marta Renedo Avilés
Delitos imputados: malversación de caudales (de 3 a 8 años de cárcel), cohecho (de 3 a 6 años), fraude y exacciones ilegales (de 1 a 3 años), y falsificación en documento público (de 3 a 6 años)
Total: de 10 a 23 años
El sumario concentra el mayor número de evidencias contra la funcionaria que originó la investigación del caso. Hay pruebas que apuntan a que Renedo desplegó hasta cuatro mecánicas delictivas distintas desde 2003, lo que supondría un delito continuado ejercido desde las consejerías de Bienestar, Cultura y Administraciones Públicas.
Según los instructores, todo comienza suplantando la identidad de una asturiana que reside en Argentina. A su nombre abrió Renedo una cuenta, solicitó y aprobó una ayuda, y concedió distintos contratos. Preguntada sobre el asunto, la mujer declaró en Buenos Aires desconocer tal extremo. En Cultura constarán luego distintos expedientes que ordenaban pagos a esta libreta. Los directores generales no reconocen su firma autorizándolos. Desde Administraciones Públicas convenció a algún empresario para que devolviera el dinero de seis adjudicaciones a favor de una empresa que ella controlaba, Implans Mounts.
Luego terminó concediendo a esta contratos falseando la firma de su superior. Los 'pinchazos' han cogido a la funcionaria admitiendo parte de estos hechos con su círculo íntimo.
José Luis Iglesias Riopedre
Delitos imputados: prevaricación, cohecho (de 3 a 6 años de cárcel), tráfico de influencias (de seis meses a dos años), fraude y exacciones ilegales (de uno a tres años), y negociaciones prohibidas a los funcionarios (seis meses y dos años)
Total: de 5 a 13 años
Vaya por delante que los investigadores no han demostrado que cobrase sobornos en sus cuentas, que las pesquisas sobre estas libretas, cierto es, se iniciaron tras la detención, y que, en su condición de consejero, a menos que imperasen motivos de urgencia, solo la Audiencia Provincial podía investigarle dada su condición de aforado. Quizás por ello la instructora Ana López Pandiella no solicitó la intervención de su teléfono personal, no al menos hasta que abandonó la consejería.
Tampoco hizo falta. Basta 'pinchar' teléfonos de Otero, Muñiz y Sánchez para oír charlas que comprometían al consejero. Las del 30 de junio de 2010 y del 5 de julio son una buena muestra. Antes de ellas, Muñiz, empresario de Igrafo, admitió que la ingeniería Nora «es mía casi al 100%». Esta sociedad recibe contratos directos de Educación, subcontratando parte de los estudios previos y sondeos a Geogal, la compañía de Ernesto, hijo del consejero. Uno de los que más dinero reportaron a Geogal es el sistema geotérmico para el centro de Infiesto, que Educación pagó a 221.213,93 euros, su tercer mayor desembolso de 2010.
En la primera de las escuchas, el consejero informa a Muñiz que «no se hace la prueba de geotermia del Campoamor porque es lo mismo que lo del Calderón... por lo tanto hay que hacer pocos sondeos pero bien pagaos». Iglesias confía que «ya habló con María Jesús, que como se va a ahorrar dinero de otros estudios que no se hacen que se empiece con los estudios previos de Grado». El empresario aprueba ese calendario e indica que «la instalación de geotermia en los colegios ya se hará». El consejero explica que ya está decidido para Avilés, «en el Calderón y en el Campoamor... que este último hay que sacar agua, que ya habló con Ernesto (hijo) y este le había dicho que había tres o cuatro sondeos que había que hacer».
Cinco días más tarde, el consejero pregunta que «cuándo pueden encargar el estudio previo de Grado». El empresario le responde que «ya, porque ya han presentado ofertas y no esperan a que se las autoricen porque está autorizado de palabra». Dicho y hecho. Nueve días más tarde Riopedre admite que «ya hablé con María Jesús para que hagáis las pruebas de geotermia de Grado».
Otras conversaciones delatan cómo Riopedre habló con el dueño de Almacenes Pumarín para que le procure cierta maquinaria a la empresa de su hijo. En otra charla y a preguntas del consejero, Muñiz le informa de que va a presentarse a un concurso en Toledo inscribiendo para ello a tres empresas que tiene bajo su control. El consejero no dice nada ante ese fraude.
María Jesús Otero
Delitos imputados: cohecho (de 3 a 6 años de cárcel), tráfico de influencias (de seis meses a dos años), fraude y exacciones ilegales (de uno a tres años), y negociaciones prohibidas a los funcionarios (seis meses y dos años)
Total: de 5 a 13 años
Los agentes han encontrado ingresos regulares que Igrafo hizo a sus cuentas a partir de 1999. Más tarde también aparecen pagos de Almacenes Pumarín S.A. (APSA). A medida que Otero asciende en Educación, cesa de sus cargos en las distintas empresas familiares que tiene, colocando en su lugar a otros parientes. A partir de un determinado año, Igrafo y APSA van dejando de abonar dinero a las cuentas de Otero para hacerlo en estas sociedades.
El sumario incluye evidencias de que la directora general seguía vinculada a las empresas. En el registro de su casa se ocupa abundante información contable de las mismas. Los actuales administradores, declararán ante la policía que todo lo tocante a los ingresos de Igrafo y APSA lo llevaba la propia Otero.
¿Por qué los empresarios metían ese dinero? La defensa alega que «todo son relaciones comerciales que se explicaran en su momento». Las escuchas muestran a Otero dando instrucciones muy precisas de lo que deben hacer los coimputados para llevarse determinados contratos de Educación. En Infiesto, por ejemplo, dice a Muñiz que «las dos ofertas que superan a la que va a ser elegida no pueden pasar de 236.000 euros», que la de Nora, que es la seleccionada para imponerse, «está bien», pero que las otras dos hay que revisarlas. Además discuten qué otras dos empresas inscribir para dar apariencia de que compiten por la adjudicación.
Víctor Manuel Muñiz
Delitos imputados: cohecho (de 3 a 6 años) y tráfico de influencias (de seis meses a 2 años)
Total: de 3 años y seis meses a 8 años
La situación procesal de los empresarios es muy distinta según el Código Penal que se les aplique. Uno de los objetivos de la última reforma fue, precisamente, equilibrar una norma que hasta entonces cargaba la responsabilidad sobre los funcionarios corrompidos, dejando mucho más liviano el castigo para los empresarios corruptores. Al margen de los años de cárcel, otro asunto que puede complicar el desenlace para los cinco imputados pero sobre todo para los empresarios, es la responsabilidad civil que se averigüe, es decir, el dinero que se les obligue a devolver. De los dos empresarios, Muñiz es el que tiene más conversaciones y pagos comprometedores. En algunas su hermano y otro socio, precisamente, le advierten de que «no es muy transparente» lo que hacen con Renedo.
Alfonso C. Sánchez
Delitos imputados: cohecho (de 3 a 6 años) y tráfico de influencias (de seis meses a 2 años)
Total: de 3 años y seis meses a 8 años
Al margen de este caso, el dueño de Almacenes Pumarín añade otra preocupación. Durante la investigación la Agencia Tributaria ha descubierto un fraude; sus empresas tenían tres millones en facturas falsas. El Fisco ya ha pedido permiso para hacerle una revisión más exhaustiva.
elcomercio.es
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