DE MERCASEVILLA A LOS ERE: EL ESCÁNDALO DEL SAQUEO INSTITUCIONALIZADO

La Junta de Andalucía en el punto de mira

* Ex altos cargos de la Junta han reconocido la existencia de un 'fondo de reptiles'
* Los falsos prejubilados están vinculados con cargos del PSOE
* La Junta reconoce la existencia de 183 casos 'irregulares'
* La Junta de Andalucía destinó en la última década casi 700 millones del fondo

Ignacio Díaz Pérez | Sevilla

'Corrupción made in Spain'
Si algo ha caracterizado a España en los últimos años es la corrupción. Una lacra que se ha instalado con fuerza en todas partes y todos los partidos políticos.

La juez Mercedes Alaya no se ha creído nunca la versión oficial. No se la creyó cuando unos empresarios de hostelería denunciaron que los máximos dirigentes de la empresa pública Mercasevilla, con la connivencia de altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta, habían exigido el pago de una importante comisión a cambio de concederles una cuantiosa subvención para poner en marcha una escuela de hostelería.

Oficialmente, para el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y para la Junta de Andalucía, con Griñán al frente, la cosa empezaba y terminaba en los participantes en aquella reunión. Ni siquiera el entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, que posteriormente sería imputado por la juez y se vería obligado a dimitir no sólo como delegado de la Junta sino de todos sus cargos orgánicos dentro del PSOE, tenía nada que ver en el intento de extorsión llevado a cabo, presuntamente, por el director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce.

La juez no se creyó aquella versión, y terminó abriendo hasta cuatro sumarios diferentes, todos relacionados con la investigación: el presunto cobro de comisiones ilegales, la venta fraudulenta de unos suelos que eran propiedad de Mercasevilla a una filial de la empresa Sando, un presunto delito societario en el seno de la empresa pública, y otro de irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla, que terminó por destapar uno de los escándalos de saqueo de las arcas públicas de mayor alcance de los conocidos hasta ahora en España, la concesión de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía para financiar ERE de empresas supuestamente en crisis en los que, oficialmente, hasta el momento, se han detectado hasta 183 casos irregulares.

Entre los 183 casos irregulares detectados hay circunstancias de dos tipos. Por un lado, están los 72 'intrusos' -personas que nada tenían que ver con las empresas en cuestión, que nunca habían trabajado para ellas y que en muchos casos estaban relacionados directamente o a través de familiares con cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- y, por otro, las personas que, habiendo trabajado en la empresa, no reunían todos los requisitos para acogerse a la prejubilación o incurrían en cualquier otra irregularidad de carácter administrativo.

La juez Alaya tampoco se cree la versión oficial de la Junta de Andalucía de que sólo hay estos 183 casos de irregularidades en los 68 expedientes de regulación de empleo analizados por la Junta de Andalucía. Y por este motivo ha llegado a pedir al Gobierno que José Antonio Griñán heredó de Manuel Chaves las actas de todas y cada una de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la última década. La Junta, que tanto ha alardeado de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de unas irregularidades que, oficialmente, las habían cometido "cuatro gatos", se ha negado a dar esta información a la juez y no renuncia a elevar un "conflicto de jurisdicción" ante el Tribunal Supremo.

Un entramado sencillo
El objetivo de todo el entramado es sencillo: distraer dinero público eludiendo cualquier tipo de control. Pero la forma es bien sofisticada: en unos casos, a través de empresas públicas en las que el control político de la oposición es prácticamente inexistente, como es en el caso de Mercasevilla.

Pero también mediante la concesión de subvenciones saltándose la reglamentación existente al respecto, haciendo uso de un "fondo de reptiles", según la expresión de uno de los ex altos cargos imputados, Francisco Javier Guerrero, del que disponía la Consejería de Empleo -con conocimiento de los máximos responsables, según Guerrero- para estos casos.

Sólo en el asunto de los ERE, la Junta de Andalucía ha llegado a subvencionar casi 700 millones de euros desde el año 2001. La Junta se resiste a admitir el saqueo y sólo habla de "uso indebido". Y ello sólo cuando se ha visto obligada, ante las evidencias, a cambiar su discurso inicial negándolo todo.

El dinero con el que se subvencionaban los expedientes de regulación de empleo los libraba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que posteriormente se transformaría en la Agencia IDEA, al que la Consejería de Empleo transfería las cantidades procedentes de una partida destinada a ayudas a empresas en crisis.

Es cuando el dinero llegaba al IFA -o, posteriormente, a la Agencia IDEA- cuando se convertía en el 'fondo de reptiles' del que Guerrero habló a la Policía. De nuevo, aparece un ente dependiente de la Junta pero ajeno al control público como vehículo para mover el dinero.

Además, ni el IFA ni la Agencia IDEA tienen entre sus fines, precisamente, la financiación de despidos, que en eso y no otra cosa consisten los expedientes de regulación de empleo.

En muchos de esos ERE -la juez trata de averiguar en cuántos- se colaron personas relacionadas con el PSOE, con los sindicatos o con los que actuaron como intermediarios en la negociación de los expedientes, que nunca trabajaron en las empresas afectadas, que no obstante percibían determinadas cantidades como supuestos prejubilados de esas sociedades. Entre los prejubilados se cuenta incluso un ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado por la juez Alaya. En este caso, Fernández sí había trabajado para la bodega González Byass, que lo prejubiló. Pero en el expediente aparecía su fecha de nacimiento como la de ingreso en la nómina de la empresa acogida al ERE.

La Junta se resiste aún a admitir responsabilidades políticas de ningún tipo. Se ha negado a crear una comisión de investigación parlamentaria tantas veces como veces la oposición la ha solicitado.

Entre los imputados hay directores generales -que autorizaban las subvenciones-, delegados provinciales de Empleo y hasta consejeros. E incluso existen informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía dirigidos expresamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa de consejero de Economía, que advertían de las irregularidades y hacían recomendaciones para acabar con éstas, que nunca se tuvieron en cuenta.

El caso está absolutamente abierto. La Fiscalía Anticorrupción -que hasta ahora sólo había participado en alguno de los sumarios del 'caso Mercasevilla'- acaba de aterrizar en la investigación de los ERE. Aún en fase de instrucción, fase que se prevé muy larga por el alcance -en cuantía y en el tiempo- del escándalo, el PP lo ha convertido en una de sus principales puntas de lanza frente a su contrincante en las urnas, después de varios años sufriendo el castigo del escándalo Gürtel, con el que el PSOE ha fustigado duramente a los populares.

El PP ha llegado a asegurar que, tras el escándalo de las prejubilaciones falsas, lo que se esconde es un caso de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español.

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