Nuevo auto del juez
* Se investiga el pago de casi 100.000 euros a Areal en base a contratos
* Según el juez no comportaban 'contraprestación de servicio alguna'
* Se investiga el pago de casi 100.000 euros a Areal en base a contratos
* Según el juez no comportaban 'contraprestación de servicio alguna'
Efe | Palma
Un jurado juzgará al expresidente del Govern balear Jaume Matas (PP) por las contrataciones supuestamente irregulares a su mujer, Maite Areal, por parte de una consultora y un hotel, después de que hoy el juez del "Palma Arena" haya iniciado los trámites para pasar esta pieza del caso al tribunal del jurado. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha notificado un auto de incoación del procedimiento del tribunal del jurado para la pieza que investiga el pago de casi 100.000 euros a Areal entre los años 2005 y 2007, cuando Matas era presidente de Baleares, en base a contratos que, según el juez, no comportaban "contraprestación de servicio alguna".
De acuerdo con el auto, al que ha tenido acceso, el juez considera a Matas y a tres personas más responsables del delito de cohecho y señala que estos hechos deben ser juzgados por el procedimiento del jurado. Según el juez, el primer hecho constitutivo de delito es la contratación "aparente" de Areal por parte de la sociedad Centro de Cálculo Balear -luego pasó a llamarse Martorell Asesores- entre 2005 y 2006 para labores de asesoría, por lo que le pagó 37.092 euros. Unos meses después, entre enero y diciembre de 2007, el Hotel Valparaíso contrató a Areal para llevar a cabo labores de relaciones públicas, cuando esta contratación, sostiene el juez, estaba pactada y Areal no hizo nada en cumplimiento de su trabajo. Por este supuesto trabajo la mujer de Matas cobró otros 60.000 euros, sostiene el juez.
En base a estos hechos, el juez imputa cohecho a Matas, al exalcalde de Muro y dueño del Hotel Valparaíso, Miquel Ramis; y a los administradores de Martorell Asesores, Miquel Amengual y Miquel Martorell. En enero de 2010, Miquel Ramis afirmó al juez que Matas le pidió que contratara a Areal, aunque negó haber recibido alguna contraprestación a cambio por parte del expresidente balear.
La contratación de Maite Areal se hizo, sostuvo, de forma verbal y sin que constara contrato alguno, con el objetivo de que llevara a cabo una función parecida a la de relaciones públicas del Hotel Valparaíso. En cumplimiento de la Ley del Tribunal del Jurado, en el auto dictado hoy el juez cita a los cuatro imputados el día 26 de abril para una comparecencia en la que se les dará a conocer la transformación de las diligencias al procedimiento del jurado y también las posibles imputaciones que pidan para ellos la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Comunidad Autónoma. Después de esta comparecencia de los imputados y las acusaciones, el juez decidirá la pertinencia de que el procedimiento continúe y pedirá a las acusaciones que califiquen los hechos y pidan las posibles penas contra los imputados, tras lo que abrirá juicio oral.
Este es el segundo procedimiento contra Matas cuya instrucción se cierra en el llamado "caso Palma Arena", y el expresidente ya se enfrenta a la petición fiscal de 8 años y medio de cárcel por otra pieza, relativa a los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le escribía los discursos. En estos momentos, Jaume Matas carece de abogado en este caso, después de que ayer su letrado, Rafael Perera, renunciara "por motivos que forman parte del secreto profesional" a representarle en esta causa de corrupción. La renuncia de ayer de Perera se produjo diez días después de que su otro abogado, Manuel Ollé, radicado en Madrid, también dejara su defensa.
De acuerdo con el auto, al que ha tenido acceso, el juez considera a Matas y a tres personas más responsables del delito de cohecho y señala que estos hechos deben ser juzgados por el procedimiento del jurado. Según el juez, el primer hecho constitutivo de delito es la contratación "aparente" de Areal por parte de la sociedad Centro de Cálculo Balear -luego pasó a llamarse Martorell Asesores- entre 2005 y 2006 para labores de asesoría, por lo que le pagó 37.092 euros. Unos meses después, entre enero y diciembre de 2007, el Hotel Valparaíso contrató a Areal para llevar a cabo labores de relaciones públicas, cuando esta contratación, sostiene el juez, estaba pactada y Areal no hizo nada en cumplimiento de su trabajo. Por este supuesto trabajo la mujer de Matas cobró otros 60.000 euros, sostiene el juez.
En base a estos hechos, el juez imputa cohecho a Matas, al exalcalde de Muro y dueño del Hotel Valparaíso, Miquel Ramis; y a los administradores de Martorell Asesores, Miquel Amengual y Miquel Martorell. En enero de 2010, Miquel Ramis afirmó al juez que Matas le pidió que contratara a Areal, aunque negó haber recibido alguna contraprestación a cambio por parte del expresidente balear.
La contratación de Maite Areal se hizo, sostuvo, de forma verbal y sin que constara contrato alguno, con el objetivo de que llevara a cabo una función parecida a la de relaciones públicas del Hotel Valparaíso. En cumplimiento de la Ley del Tribunal del Jurado, en el auto dictado hoy el juez cita a los cuatro imputados el día 26 de abril para una comparecencia en la que se les dará a conocer la transformación de las diligencias al procedimiento del jurado y también las posibles imputaciones que pidan para ellos la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Comunidad Autónoma. Después de esta comparecencia de los imputados y las acusaciones, el juez decidirá la pertinencia de que el procedimiento continúe y pedirá a las acusaciones que califiquen los hechos y pidan las posibles penas contra los imputados, tras lo que abrirá juicio oral.
Este es el segundo procedimiento contra Matas cuya instrucción se cierra en el llamado "caso Palma Arena", y el expresidente ya se enfrenta a la petición fiscal de 8 años y medio de cárcel por otra pieza, relativa a los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le escribía los discursos. En estos momentos, Jaume Matas carece de abogado en este caso, después de que ayer su letrado, Rafael Perera, renunciara "por motivos que forman parte del secreto profesional" a representarle en esta causa de corrupción. La renuncia de ayer de Perera se produjo diez días después de que su otro abogado, Manuel Ollé, radicado en Madrid, también dejara su defensa.
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