Alcalde de Alhaurín de la Torre
Europa Press | Málaga
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El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de una causa en la que aparecía como denunciado el alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, en relación con unas supuestas irregularidades en la gestión de parcelas.
Según el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación "no ha permitido detectar indicios suficientes para estimar que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, fraude o malversación de caudales públicos", ni de otros.
Según explica el fiscal en un informe emitido en esta causa, en el que se pedía el archivo, la primera denuncia presentada por estos hechos es de 2007, aunque en 2009 se amplió, instando a investigar si "parcelas urbanas habían sido enajenadas o cedidas como compensación económica sustitutoria a algunos promotores de un sector".
Posteriormente, ese mismo año, se volvió a ampliar la denuncia, añadiendo a nuevas personas denunciadas, como fueron dos funcionarios municipales, "deduciendo una confabulación destinada a perjudicar los intereses generales", según el documento de la Fiscalía; mientras que en 2010 se presentó una querella.
Ahora, el ministerio público señala en su informe que "presumir sin más consideraciones que hubo una confabulación entre todos los querellados destinada a perjudicar el patrimonio municipal resulta objetivamente difícil de entender y creer si no se acompañan de indicios de prueba objetivos que permitan la aseveración".
En dicho escrito, el fiscal dice que de las denuncias y de la documentación "no se entiende que exista, fuera de la interpretación subjetiva, elementos de prueba suficientes y con la mínima relevancia". Se precisa que en un informe del Ayuntamiento se niega "expresamente la denunciada calificación de venta o enajenación".
El juez
Por esto, en la resolución del juzgado se indica, al igual que expresa el fiscal, que "no se observa infracción de la normativa urbanística alguna, ya que no se trata de una venta jurídicamente hablando como refiere el denunciante ni es preceptivo el informe técnico ni jurídico".
Asimismo, "no se observa infracción de la norma administrativa de la que pueda deducirse una maquinación fraudulenta a las arcas públicas ni se observa un déficit relevante de una eventual gestión depredatoria del patrimonio municipal", acogiendo las argumentaciones que expone el ministerio público.
Así, el instructor concluye en su resolución que no se han detectado indicios suficientes de ningún delito en este procedimiento "ni de la trama coordinada supuestamente entre los implicados para su comisión", por lo que acuerda el archivo de las actuaciones.
Al respecto, Villanova ha asegurado a Europa Press que "siempre" ha confiado "en la justicia" y ha señalado que en este caso existe un informe de la tesorera, el interventor y el secretario "diciendo que el procedimiento ha sido correcto, que todo estaba contabilizado y que habíamos superado las valoraciones de la tasación".
Ha mostrado su "satisfacción" por este archivo y ha destacado que tanto por el fiscal como por el juez se concluye que "no hay ningún tipo de sospecha, sino todo lo contrario, se cumple con la legislación por encima de lo que la ley obliga", recordando en este sentido que había dos tasaciones.
Según el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación "no ha permitido detectar indicios suficientes para estimar que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, fraude o malversación de caudales públicos", ni de otros.
Según explica el fiscal en un informe emitido en esta causa, en el que se pedía el archivo, la primera denuncia presentada por estos hechos es de 2007, aunque en 2009 se amplió, instando a investigar si "parcelas urbanas habían sido enajenadas o cedidas como compensación económica sustitutoria a algunos promotores de un sector".
Posteriormente, ese mismo año, se volvió a ampliar la denuncia, añadiendo a nuevas personas denunciadas, como fueron dos funcionarios municipales, "deduciendo una confabulación destinada a perjudicar los intereses generales", según el documento de la Fiscalía; mientras que en 2010 se presentó una querella.
Ahora, el ministerio público señala en su informe que "presumir sin más consideraciones que hubo una confabulación entre todos los querellados destinada a perjudicar el patrimonio municipal resulta objetivamente difícil de entender y creer si no se acompañan de indicios de prueba objetivos que permitan la aseveración".
En dicho escrito, el fiscal dice que de las denuncias y de la documentación "no se entiende que exista, fuera de la interpretación subjetiva, elementos de prueba suficientes y con la mínima relevancia". Se precisa que en un informe del Ayuntamiento se niega "expresamente la denunciada calificación de venta o enajenación".
El juez
Por esto, en la resolución del juzgado se indica, al igual que expresa el fiscal, que "no se observa infracción de la normativa urbanística alguna, ya que no se trata de una venta jurídicamente hablando como refiere el denunciante ni es preceptivo el informe técnico ni jurídico".
Asimismo, "no se observa infracción de la norma administrativa de la que pueda deducirse una maquinación fraudulenta a las arcas públicas ni se observa un déficit relevante de una eventual gestión depredatoria del patrimonio municipal", acogiendo las argumentaciones que expone el ministerio público.
Así, el instructor concluye en su resolución que no se han detectado indicios suficientes de ningún delito en este procedimiento "ni de la trama coordinada supuestamente entre los implicados para su comisión", por lo que acuerda el archivo de las actuaciones.
Al respecto, Villanova ha asegurado a Europa Press que "siempre" ha confiado "en la justicia" y ha señalado que en este caso existe un informe de la tesorera, el interventor y el secretario "diciendo que el procedimiento ha sido correcto, que todo estaba contabilizado y que habíamos superado las valoraciones de la tasación".
Ha mostrado su "satisfacción" por este archivo y ha destacado que tanto por el fiscal como por el juez se concluye que "no hay ningún tipo de sospecha, sino todo lo contrario, se cumple con la legislación por encima de lo que la ley obliga", recordando en este sentido que había dos tasaciones.
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