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| El ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet (Efe) |
UN EX DIRECTOR GENERAL DE FERROVIAL TAMBIÉN ESTÁ IMPUTADO
Palau de la Música | Daniel Osàcar | tesorero | Convergència | CDC | imputación | Ferrovial | Pedro Buenaventura
@A. Fernández.-
Estocada al corazón de Convergència. El juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, que investiga el caso Millet, o sea, el expolio del Palau de la Música, acaba de dictar un auto imputando a nombres que hasta ahora habían estado en el limbo informativo: el primero, y más importante, el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta hace dos meses, Daniel Osàcar, cuyo nombre se conoció precisamente por una información de El Confidencial. Presuntamente, un tal ‘Daniel’ recibió millones de euros durante los últimos años de manos de la cúpula del Palau de la Música de Barcelona, comandada por Fèlix Millet y Jordi Montull.
Un informe de Hacienda señalaba que importantes cantidades de dinero, que se camuflaban con facturas de empresas pantalla, llegaban a manos de Daniel desde el 2003. “Teniendo en cuenta que en la columna que se refiere a los pagos a Daniel, ya sea mediante factura o en efectivo, aparece la mención ‘factura Trias Fargas’ [la Fundación de CDC a través de la que el partido presuntamente recibía el dinero], no es descabellado apreciar que es posible que el tal Daniel tenga algún grado de vinculación con la fundación Ramon Trias Fargas”.
Y detalla diversas cantidades que recibía tanto Daniel como Carles Torrent, tesorero de CDC y de la fundación hasta su muerte en el 2005 y al que se le sucedió precisamente Daniel Osàcar: la media anual de lo que llegaba a manos de Daniel eran de más de 600.000 euros anuales. Y más detalles: en el 2003, recibió 622.648 euros; en el 2004, una cantidad exactamente igual; en el 2005, 642.481 (236.197 en metálico y el resto en facturas); en el 2006, 730.018 euros (262.041 en metálico); en el 2007, 730.018 euros (pero sólo 120.202 en metálico); en el 2008, 675.000 euros; y en el 2009 una cantidad todavía indeterminada por la falta de documentación en el momento de la investigación. Es decir, en total, más de 4 millones de euros a los que hay que añadir el importe de los donativos del 2009.
Junto a Osàcar, ha sido imputado el ex director general de Ferrovial Pedro Buanaventura, el contacto de Millet en la constructora. Curiosamente, Buenaventura es ahora el consejero delegado de otra empresa sospechosa de adjudicaciones públicas irregulares, Construcciones Rubau.
En CDC afirman estar “supertranquilos”. “Hasta ahora, Osàcar ha hablado como testigo. Ahora va a poder decir lo que quiera y explicar con detalle todo. Lo malo es que estas cosas salen siempre antes de unas elecciones. Pero estamos curados de espanto. Todo lo que se le achaca es mentira”, señalan fuentes oficiales de Convergència a El Confidencial. Las mismas fuentes subrayan que a Osàcar “se le ha de conceder la presunción de inocencia. Nosotros defendemos su honorabilidad hasta las últimas consecuencias. Y hemos de recordar que imputar no es culpar. No juguemos al despiste. Lo positivo que tiene esta situación es que ahora va a poder hablar y desenmascarar los intereses que hay detrás de las acusaciones”.
La ‘mordida’ de Fèlix Millet
El auto, sin embargo, es muy claro: “En la documentación ocupada aparecen varios archivos relacionados con Carlos Torrent [el antecesor de Osàcar]... En algunos de esos documentos, se apremia a Carlos Torrent para que adjudique alguna obra a Agromán [empresa fusionada con Ferrovial]; se refiere, en concreto, a la estación de aguas residuales de La Escala y se le pide que ‘haga lo imposible’ para conseguirlo. También se encuentra un documento fechado en septiembre del 2002 (...). Otro documento fechado en 2003, encabezado con el nombre de Carlos Torrent, referido a la Ciudad Judicial (263.000.000 de euros), en el que se distribuye el 4% (2.314.400 euros), menos el 3,5 más el 0,5 del 22% correspondiente a Ferrovial (57.860.000 euros)”.
En otras palabras, los documentos incautados apuntan a que Ferrovial pagaba al presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, el 4% del total adjudicado en obras públicas de la Generalitat, entonces en manos de CiU, ya que se trataba del último gobierno de Jordi Pujol. Y Millet desglosaba luego, según las circunstancias, el 2,5% para un lado y el 1,5% para otro o el 3,5% por un lado y el 0,5% por el otro. Los nombres de Ferrovial, GPO [una empresa pantalla], Daniel, o Fundación Trias Fargas (la fundación de Convergència) aparecen en muchos papeles decomisados en los registros como emisores y captadores de dinero.
Y, así, el nombre de ‘Daniel’ se hizo un hueco en la documentación del Palau. Llegó a ser casi omnipresente. En numerosos documentos, aparece relacionado con la recepción de dinero o donativos que Millet y Montull hacían graciosamente a un puñado de elegidos. Fuentes cercanas a la investigación señalan a este diario que “el nombre de Daniel comenzó a aparecer incluso antes de que Carlos Torrent muriese”. Es decir, si Daniel fuese Osàcar, éste recibía dinero en efectivo antes de hacerse cargo de la tesorería de Convergència y de la de la Fundación Trias Fargas.
Daniel Osàcar, sin embargo, juró tanto ante el juez como ante la comisión de investigación parlamentaria creada el año pasado que ese tal ‘Daniel’ no es él. Y fuentes muy cercanas a él consultadas por El Confidencial sostuvieron esta teoría desde el mismo momento en que estalló el escándalo. Pero ningún empleado ni ninguna secretaria conocen a otro Daniel que se relacionase con la cúpula del Palau que no fuese Osàcar. Millet y Montull, en su última comparecencia en el juzgado, entregaron un documento donde exponían que el tal Daniel que había recibido tantos millones no era Osàcar, pero se negaron a dar una pista de quién podía ser.
Sombras sobre la Ciudad de la Justicia
El juez también acuerda imputar no sólo a Osàcar y Buenaventura, sino también a Emilio Vidal Puig y a Álvaro Palao Llopis, vinculados a empresas que recibían fondos del Palau justamente después de que Ferrovial abonase la mordida del 4%. Pero no acaba ahí el tema: el juzgado pide a la Generalitat información acerca del “proceso de adjudicación de las obras de la Ciudad de la Justicia de Barcelona”, una macro-obra pública adjudicada por 263 millones de euros a diversas compañías constituidas en unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba Ferrovial.
Oficialmente, Daniel Osàcar dejó de ser tesorero de Convergència y de la Fundación Trias Fargas, en diciembre pasado, justamente después de las elecciones autonómicas. Había sido secretario personal de Artur Mas desde el 2000 hasta el 2005, cuando sustituyó a Carles Torrent. Y Mas afirmó que a pesar de su edad se hizo cargo de las finanzas del partido en ese momento porque él se lo pidió, con la condición de dejar el cargo en el momento en que CiU ganase las elecciones. Dicho y hecho: en diciembre pasado, dimitió como responsable de las finanzas del partido.
El juez va más allá: dice en su auto que se haga el ofrecimiento al Palau de la Música “por si tuvieran interés en personarse en este procedimiento en calidad de perjudicados”. Y cita a dos de las tres entidades que conforman el Palau: el Orfeó Català y la Fundación Palau de la Música. Ambas, durante un breve periodo de tiempo en que estuvo de presidente un ex alto cargo de la Generalitat convergente, declinaron secundar las peticiones del fiscal. Sólo lo hizo el Consorcio del Palau, aunque en cuanto CiU llegó al poder se revocó la petición.
Este mismo miércoles, ICV presentó una petición para que el secretario del Gobierno, Germà Gordó, comparezca ante la comisión de Justicia del Parlamento para explicar este cambio de idea. Ese mismo día, había sido rechazada una petición en el mismo sentido en la comisión de Asuntos Interdepartamentales porque el representante del grupo mixto, el independentista Alfons López Tena (ex dirigente de CDC) se alineó con CiU para rechazar la petición. En la de Justicia, el representante del grupo mixto es de Ciudadanos y votará a favor, por lo que el secretario del Gobierno deberá dar cuenta del tema en sede parlamentaria en un futuro cercano.
Un informe de Hacienda señalaba que importantes cantidades de dinero, que se camuflaban con facturas de empresas pantalla, llegaban a manos de Daniel desde el 2003. “Teniendo en cuenta que en la columna que se refiere a los pagos a Daniel, ya sea mediante factura o en efectivo, aparece la mención ‘factura Trias Fargas’ [la Fundación de CDC a través de la que el partido presuntamente recibía el dinero], no es descabellado apreciar que es posible que el tal Daniel tenga algún grado de vinculación con la fundación Ramon Trias Fargas”.
Y detalla diversas cantidades que recibía tanto Daniel como Carles Torrent, tesorero de CDC y de la fundación hasta su muerte en el 2005 y al que se le sucedió precisamente Daniel Osàcar: la media anual de lo que llegaba a manos de Daniel eran de más de 600.000 euros anuales. Y más detalles: en el 2003, recibió 622.648 euros; en el 2004, una cantidad exactamente igual; en el 2005, 642.481 (236.197 en metálico y el resto en facturas); en el 2006, 730.018 euros (262.041 en metálico); en el 2007, 730.018 euros (pero sólo 120.202 en metálico); en el 2008, 675.000 euros; y en el 2009 una cantidad todavía indeterminada por la falta de documentación en el momento de la investigación. Es decir, en total, más de 4 millones de euros a los que hay que añadir el importe de los donativos del 2009.
Junto a Osàcar, ha sido imputado el ex director general de Ferrovial Pedro Buanaventura, el contacto de Millet en la constructora. Curiosamente, Buenaventura es ahora el consejero delegado de otra empresa sospechosa de adjudicaciones públicas irregulares, Construcciones Rubau.
En CDC afirman estar “supertranquilos”. “Hasta ahora, Osàcar ha hablado como testigo. Ahora va a poder decir lo que quiera y explicar con detalle todo. Lo malo es que estas cosas salen siempre antes de unas elecciones. Pero estamos curados de espanto. Todo lo que se le achaca es mentira”, señalan fuentes oficiales de Convergència a El Confidencial. Las mismas fuentes subrayan que a Osàcar “se le ha de conceder la presunción de inocencia. Nosotros defendemos su honorabilidad hasta las últimas consecuencias. Y hemos de recordar que imputar no es culpar. No juguemos al despiste. Lo positivo que tiene esta situación es que ahora va a poder hablar y desenmascarar los intereses que hay detrás de las acusaciones”.
La ‘mordida’ de Fèlix Millet
El auto, sin embargo, es muy claro: “En la documentación ocupada aparecen varios archivos relacionados con Carlos Torrent [el antecesor de Osàcar]... En algunos de esos documentos, se apremia a Carlos Torrent para que adjudique alguna obra a Agromán [empresa fusionada con Ferrovial]; se refiere, en concreto, a la estación de aguas residuales de La Escala y se le pide que ‘haga lo imposible’ para conseguirlo. También se encuentra un documento fechado en septiembre del 2002 (...). Otro documento fechado en 2003, encabezado con el nombre de Carlos Torrent, referido a la Ciudad Judicial (263.000.000 de euros), en el que se distribuye el 4% (2.314.400 euros), menos el 3,5 más el 0,5 del 22% correspondiente a Ferrovial (57.860.000 euros)”.
En otras palabras, los documentos incautados apuntan a que Ferrovial pagaba al presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, el 4% del total adjudicado en obras públicas de la Generalitat, entonces en manos de CiU, ya que se trataba del último gobierno de Jordi Pujol. Y Millet desglosaba luego, según las circunstancias, el 2,5% para un lado y el 1,5% para otro o el 3,5% por un lado y el 0,5% por el otro. Los nombres de Ferrovial, GPO [una empresa pantalla], Daniel, o Fundación Trias Fargas (la fundación de Convergència) aparecen en muchos papeles decomisados en los registros como emisores y captadores de dinero.
Y, así, el nombre de ‘Daniel’ se hizo un hueco en la documentación del Palau. Llegó a ser casi omnipresente. En numerosos documentos, aparece relacionado con la recepción de dinero o donativos que Millet y Montull hacían graciosamente a un puñado de elegidos. Fuentes cercanas a la investigación señalan a este diario que “el nombre de Daniel comenzó a aparecer incluso antes de que Carlos Torrent muriese”. Es decir, si Daniel fuese Osàcar, éste recibía dinero en efectivo antes de hacerse cargo de la tesorería de Convergència y de la de la Fundación Trias Fargas.
Daniel Osàcar, sin embargo, juró tanto ante el juez como ante la comisión de investigación parlamentaria creada el año pasado que ese tal ‘Daniel’ no es él. Y fuentes muy cercanas a él consultadas por El Confidencial sostuvieron esta teoría desde el mismo momento en que estalló el escándalo. Pero ningún empleado ni ninguna secretaria conocen a otro Daniel que se relacionase con la cúpula del Palau que no fuese Osàcar. Millet y Montull, en su última comparecencia en el juzgado, entregaron un documento donde exponían que el tal Daniel que había recibido tantos millones no era Osàcar, pero se negaron a dar una pista de quién podía ser.
Sombras sobre la Ciudad de la Justicia
El juez también acuerda imputar no sólo a Osàcar y Buenaventura, sino también a Emilio Vidal Puig y a Álvaro Palao Llopis, vinculados a empresas que recibían fondos del Palau justamente después de que Ferrovial abonase la mordida del 4%. Pero no acaba ahí el tema: el juzgado pide a la Generalitat información acerca del “proceso de adjudicación de las obras de la Ciudad de la Justicia de Barcelona”, una macro-obra pública adjudicada por 263 millones de euros a diversas compañías constituidas en unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba Ferrovial.
Oficialmente, Daniel Osàcar dejó de ser tesorero de Convergència y de la Fundación Trias Fargas, en diciembre pasado, justamente después de las elecciones autonómicas. Había sido secretario personal de Artur Mas desde el 2000 hasta el 2005, cuando sustituyó a Carles Torrent. Y Mas afirmó que a pesar de su edad se hizo cargo de las finanzas del partido en ese momento porque él se lo pidió, con la condición de dejar el cargo en el momento en que CiU ganase las elecciones. Dicho y hecho: en diciembre pasado, dimitió como responsable de las finanzas del partido.
El juez va más allá: dice en su auto que se haga el ofrecimiento al Palau de la Música “por si tuvieran interés en personarse en este procedimiento en calidad de perjudicados”. Y cita a dos de las tres entidades que conforman el Palau: el Orfeó Català y la Fundación Palau de la Música. Ambas, durante un breve periodo de tiempo en que estuvo de presidente un ex alto cargo de la Generalitat convergente, declinaron secundar las peticiones del fiscal. Sólo lo hizo el Consorcio del Palau, aunque en cuanto CiU llegó al poder se revocó la petición.
Este mismo miércoles, ICV presentó una petición para que el secretario del Gobierno, Germà Gordó, comparezca ante la comisión de Justicia del Parlamento para explicar este cambio de idea. Ese mismo día, había sido rechazada una petición en el mismo sentido en la comisión de Asuntos Interdepartamentales porque el representante del grupo mixto, el independentista Alfons López Tena (ex dirigente de CDC) se alineó con CiU para rechazar la petición. En la de Justicia, el representante del grupo mixto es de Ciudadanos y votará a favor, por lo que el secretario del Gobierno deberá dar cuenta del tema en sede parlamentaria en un futuro cercano.
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