El marido de la magistrada trabajó siete años como auditor para la empresa
JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla
La Fiscalía de Sevilla apoya la recusación presentada por la defensa de una imputada en el caso Mercasevilla contra la juez que lo instruye, Mercedes Alaya. La fiscal jefe sevillana, María José Segarra, considera "innegable" la relación del marido de la magistrada con la investigación iniciada por delito societario por Alaya. El esposo de la juez, Jorge Castro, fue auditor de la empresa durante siete años hasta junio de 2002 y, según el ministerio público, "ello puede tener influencia en la debida imparcialidad de la instructora".
La fiscal ve un "evidente conflicto" debido a la relación laboral de Castro
La defensa de Mellet pide la declaración del esposo de la juez
La fiscal declaró hace dos semanas que no veía motivos para recusar a la juez, pero ahora ha cambiado de criterio y hace hincapié en el "evidente conflicto" que puede afectar a la debida neutralidad de Alaya. La clave está en 2002. En junio de ese año, Mercasevilla prescindió de los servicios de Castro como gerente de la auditora KPMG. El principal acusado en estas investigaciones, el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, participó en el consejo de administración que decidió cancelar ese contrato de KPMG. Solo tres meses después, Mellet fue nombrado gerente de Mercasevilla. Por ello la juez remontó la investigación por malversación, delito societario y apropiación indebida hasta septiembre de 2002.
Al respecto, Castro declaró el pasado verano: "Yo era el responsable del trabajo de campo, pero era una época muy diferente a esta. Entiendo que el periodo que está analizando mi mujer es posterior. No tiene absolutamente nada que ver". Pero la fiscalía discrepa. El ministerio público entiende que existe un conflicto que puede "afectar a la imparcialidad tanto objetiva como subjetiva" de la magistrada.
La defensa de Pilar Giraldo, ex directiva de Mercasevilla imputada en el caso, recusó a la juez la semana pasada y abrió este posible incidente judicial: "Mi mandante legítimamente puede sospechar que la señora magistrada pueda realizar consultas a su marido y recabar información sobre multitud de aspectos extraprocesales que, a la postre, pudieren distorsionar su visión de la causa", expuso el abogado Juan Carlos Alférez. Ahora, la fiscalía se adhiere a su recusación, aunque puntualiza que no teme que Castro facilitara datos a su esposa en "sesiones de trabajo conjuntas", sino porque la investigación afecta de lleno a la actividad de Castro.
El escrito resalta que es imposible analizar las cuentas anuales de 2002 en la empresa municipal sin tener en cuenta todo el año fiscal natural. Por tanto, la juez investigaría las cuentas correspondientes a la primera mitad del año, auditada por su marido. "Surgiría aquí de modo claro un interés indirecto en la causa" por parte de la juez, afirma la fiscal. En su argumentación, esta sugiere que los delitos anteriores a 2005 podrían estar prescritos, idea que coincide con su tesis en el caso que investiga Alaya por la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis.
El ministerio público rechaza en su escrito que pudiera existir una "lógica animadversión" entre Castro y Mellet, tal y como propuso la defensa de Giraldo. Asimismo niega que la juez pudiera tener "ideas preconcebidas" en la causa y que recibiera influencia extraprocesal y asesoramiento del marido, que dieron como resultado diligencias "extremadamente técnicas".
En caso de prosperar, la recusación solo afectaría a la investigación por delito societario, lo cual no impediría a la magistrada seguir investigado la causa por la venta de suelo en Mercasevilla y el supuesto intento de soborno por parte de la cúpula directiva.
Tras la primera solicitud de recusación, la juez dio el pasado martes a las partes personadas un plazo de tres días para presentar alegaciones a la causa. Ayer se adhirió la fiscalía y hoy lo harán la defensa de los ex directivos Mellet y Daniel Ponce en dos escritos. La defensa de Mellet solicita que Castro declare ante la juez, dado que la investigación podría retrotraerse en el tiempo. "Para una correcta y eficiente defensa, sería absolutamente imprescindible la declaración testifical de quien en ese tiempo hacía el trabajo de campo", expone en alusión al ex auditor de la empresa.
Ahora la juez Alaya decidirá si aprecia que existe causa legal de recusación, y en tal caso la Audiencia Provincial nombrará un instructor que estudiaría si debe ser apartada de la causa.
La fiscal ve un "evidente conflicto" debido a la relación laboral de Castro
La defensa de Mellet pide la declaración del esposo de la juez
La fiscal declaró hace dos semanas que no veía motivos para recusar a la juez, pero ahora ha cambiado de criterio y hace hincapié en el "evidente conflicto" que puede afectar a la debida neutralidad de Alaya. La clave está en 2002. En junio de ese año, Mercasevilla prescindió de los servicios de Castro como gerente de la auditora KPMG. El principal acusado en estas investigaciones, el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, participó en el consejo de administración que decidió cancelar ese contrato de KPMG. Solo tres meses después, Mellet fue nombrado gerente de Mercasevilla. Por ello la juez remontó la investigación por malversación, delito societario y apropiación indebida hasta septiembre de 2002.
Al respecto, Castro declaró el pasado verano: "Yo era el responsable del trabajo de campo, pero era una época muy diferente a esta. Entiendo que el periodo que está analizando mi mujer es posterior. No tiene absolutamente nada que ver". Pero la fiscalía discrepa. El ministerio público entiende que existe un conflicto que puede "afectar a la imparcialidad tanto objetiva como subjetiva" de la magistrada.
La defensa de Pilar Giraldo, ex directiva de Mercasevilla imputada en el caso, recusó a la juez la semana pasada y abrió este posible incidente judicial: "Mi mandante legítimamente puede sospechar que la señora magistrada pueda realizar consultas a su marido y recabar información sobre multitud de aspectos extraprocesales que, a la postre, pudieren distorsionar su visión de la causa", expuso el abogado Juan Carlos Alférez. Ahora, la fiscalía se adhiere a su recusación, aunque puntualiza que no teme que Castro facilitara datos a su esposa en "sesiones de trabajo conjuntas", sino porque la investigación afecta de lleno a la actividad de Castro.
El escrito resalta que es imposible analizar las cuentas anuales de 2002 en la empresa municipal sin tener en cuenta todo el año fiscal natural. Por tanto, la juez investigaría las cuentas correspondientes a la primera mitad del año, auditada por su marido. "Surgiría aquí de modo claro un interés indirecto en la causa" por parte de la juez, afirma la fiscal. En su argumentación, esta sugiere que los delitos anteriores a 2005 podrían estar prescritos, idea que coincide con su tesis en el caso que investiga Alaya por la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis.
El ministerio público rechaza en su escrito que pudiera existir una "lógica animadversión" entre Castro y Mellet, tal y como propuso la defensa de Giraldo. Asimismo niega que la juez pudiera tener "ideas preconcebidas" en la causa y que recibiera influencia extraprocesal y asesoramiento del marido, que dieron como resultado diligencias "extremadamente técnicas".
En caso de prosperar, la recusación solo afectaría a la investigación por delito societario, lo cual no impediría a la magistrada seguir investigado la causa por la venta de suelo en Mercasevilla y el supuesto intento de soborno por parte de la cúpula directiva.
Tras la primera solicitud de recusación, la juez dio el pasado martes a las partes personadas un plazo de tres días para presentar alegaciones a la causa. Ayer se adhirió la fiscalía y hoy lo harán la defensa de los ex directivos Mellet y Daniel Ponce en dos escritos. La defensa de Mellet solicita que Castro declare ante la juez, dado que la investigación podría retrotraerse en el tiempo. "Para una correcta y eficiente defensa, sería absolutamente imprescindible la declaración testifical de quien en ese tiempo hacía el trabajo de campo", expone en alusión al ex auditor de la empresa.
Ahora la juez Alaya decidirá si aprecia que existe causa legal de recusación, y en tal caso la Audiencia Provincial nombrará un instructor que estudiaría si debe ser apartada de la causa.
elpaís.com
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