Europa Press | Málaga
El Tribunal que enjuicia el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, ha acordado levantar los embargos y demás medidas cautelares adoptados en su momento para garantizar la responsabilidad civil dentro de este procedimiento contra la acusada Montserrat Corulla, presunta testaferro del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
La defensa de Corulla presentó en septiembre un escrito solicitando que se dejaran sin efecto estas medidas para garantizar las responsabilidades pecuniarias, ya que ni el fiscal ni las demás acusaciones solicitan indemnizaciones de ninguna clase en concepto de responsabilidad civil ni decomiso de dinero o bienes, sino únicamente una multa por el delito de blanqueo del que se le acusa.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la Sala ha tenido en cuenta tanto que sólo existe la obligación de pagar una multa, y no responsabilidad civil, y también que han transcurrido ya cuatro años y medio desde que se adoptaron las medidas cautelares, a lo que hay que añadir "el tiempo que pueda durar la celebración del juicio" y, en su caso, los recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional.
Por esto, el Tribunal considera que "no es admisible el mantenimiento indefinido de unas medidas cautelares, que participan de una naturaleza provisional y temporal". Así, se indica que no se puede sostener el hecho de que "un procesado tenga embargado, como en algún caso ocurre, indefinidamente su propio domicilio y su cuenta corriente para garantizar exclusivamente un multa pecuniaria".
A este respecto, la Sala señala que esto "equivaldría al cumplimiento anticipado de la pena, lo que se compadece mal con el principio de presunción de inocencia que deben amparar los tribunales mientras no recaiga sentencia firme", reiterando que no se puede prolongar esta situación "desde el momento en que nadie interesa responsabilidades civiles" y porque "se ignora el tiempo que aún pueda durar este proceso".
Asimismo, se estima que tampoco se pueden mantener las medidas cautelares para garantizar el pago de costas porque en ese supuesto caso "el Estado tendría instrumentos jurídicos para proceder contra quienes, teniendo medios y ejerciendo una profesión cualificada, voluntariamente enajenasen aquellos para eludir el pago de determinadas obligaciones contraídas con anterioridad".
El Tribunal ha tomado esta misma decisión respecto a otros acusados en este caso, como por ejemplo Salvador Gardoqui, también considerado por las acusaciones testaferro de Roca; el empresario Fidel San Román, el acusado Jaime Hachuel y, previamente, el letrado Manuel Sánchez Zubizarreta y demás abogados del bufete madrileño.
La defensa de Corulla presentó en septiembre un escrito solicitando que se dejaran sin efecto estas medidas para garantizar las responsabilidades pecuniarias, ya que ni el fiscal ni las demás acusaciones solicitan indemnizaciones de ninguna clase en concepto de responsabilidad civil ni decomiso de dinero o bienes, sino únicamente una multa por el delito de blanqueo del que se le acusa.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la Sala ha tenido en cuenta tanto que sólo existe la obligación de pagar una multa, y no responsabilidad civil, y también que han transcurrido ya cuatro años y medio desde que se adoptaron las medidas cautelares, a lo que hay que añadir "el tiempo que pueda durar la celebración del juicio" y, en su caso, los recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional.
Por esto, el Tribunal considera que "no es admisible el mantenimiento indefinido de unas medidas cautelares, que participan de una naturaleza provisional y temporal". Así, se indica que no se puede sostener el hecho de que "un procesado tenga embargado, como en algún caso ocurre, indefinidamente su propio domicilio y su cuenta corriente para garantizar exclusivamente un multa pecuniaria".
A este respecto, la Sala señala que esto "equivaldría al cumplimiento anticipado de la pena, lo que se compadece mal con el principio de presunción de inocencia que deben amparar los tribunales mientras no recaiga sentencia firme", reiterando que no se puede prolongar esta situación "desde el momento en que nadie interesa responsabilidades civiles" y porque "se ignora el tiempo que aún pueda durar este proceso".
Asimismo, se estima que tampoco se pueden mantener las medidas cautelares para garantizar el pago de costas porque en ese supuesto caso "el Estado tendría instrumentos jurídicos para proceder contra quienes, teniendo medios y ejerciendo una profesión cualificada, voluntariamente enajenasen aquellos para eludir el pago de determinadas obligaciones contraídas con anterioridad".
El Tribunal ha tomado esta misma decisión respecto a otros acusados en este caso, como por ejemplo Salvador Gardoqui, también considerado por las acusaciones testaferro de Roca; el empresario Fidel San Román, el acusado Jaime Hachuel y, previamente, el letrado Manuel Sánchez Zubizarreta y demás abogados del bufete madrileño.
Además
* Quién es quién en el caso 'Malaya'
elmundo.es
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