José Carlos Villanueva | Málaga
La clave está en el dinero, algo que se convirtió en la principal prueba de cargo, por delito de cohecho, contra la que fuera primer teniente de alcalde de Marbella, tránsfuga del PSOE, Isabel García Marcos. Su abogado defensor, José Luis Rueda, ha pedido la nulidad del registro domiciliario de su representada, en el que se hallaron más de 360.000 euros en metálico (billetes de 500 euros), distribuidos por su vivienda malagueña y que el juez atribuyó a comisiones ilegales, en el marco de su actividad municipal entre 2003 y 2006.
Así ha arrancado la séptima sesión del juicio oral por el 'caso Malaya', que se celebra en la Audiencia de Málaga. Si dicho letrado consiguiera su propósito -la anulación del registro- el delito de cohecho pasivo que se le imputa a la que fuera látigo y después báculo de Jesús Gil se desvanecería por completo.
Cree Rueda que el auto de entrada y registro del piso de García Marcos, ubicado en la zona de El Limonar en Málaga, "no estuvo suficientemente motivado", ya que -ha acotado- "estaba basado en una intensa actividad empresarial" entre la entonces primer teniente de alcalde y otros ex ediles como el también tránsfuga del PSOE, José Jaén y el gilista Victoriano Rodríguez. Ella cobraba supuestas comisiones -en forma de sobornos- a empresarios también acusados en la trama que pretendían obtener concesiones, permisos urbanísticos y contratos municipales en Marbella.
Para la posteridad quedan aquellas frases de la ex portavoz socialista marbellí: "Yo papel que muevo papel que cobro, porque yo genero plusvalías y mucho dinero", exponía García Marcos cuando hablaba, sin tapujos, por teléfono con José Jaén, un antiguo agente judicial de Málaga que se arrimó al PSOE a raíz del escándalo del robo de sumarios de Jesús Gil en los Juzgados de Marbella, destapado por EL MUNDO el 10 de agosto de 2001.
Dicha defensa trata de cuestionar todo lo relacionado con los supuestos pagos que Isabel García Marcos recibió en comisiones, supuestamente de la llamaca 'caja B' de Roca. Ella misma aseguró que el dinero incautado en su domicilio era producto de una herencia, así como regalos de boda, puesto que acaba de contraer matrimonio cuando fue detenida a finales de marzo de 2006.
Rueda va más lejos en sus peticiones. Considera que "si se declarara nulo el auto de entrada y registro" de dicho domicilio "toda la obra derivada del mismo" también quedaría fuera del procedimiento penal, incluidas las declaraciones que la ex edil socialista prestó, ante el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres.
"Si eliminamos todo eso no queda nada", ha insistido el defensor de García Marcos sobre las impugnaciones. De hecho, también pretende -al igual que la totalidad de defensas que ya han intervenido- la nulidad de las escuchas telefónicas por no estar suficientemente motivadas. De ellas salió valiosísima información que sirvió a la Udyco para tirar del hilo de la trama de corrupción, que se había asentado en el Ayuntamiento de Marbella.
A juicio del penalista malagueño "el hecho de que la investigación a posteriori tenga éxito no justifica la falta de motivación del auto inicial", ha expuesto en alusión a la autorización para intervenir las comunicaciones telefónicas.
También ha aludido la defensa de la que fuera candidata del PSOE a la Alcaldía marbellí -en cuatro ocasiones- a que lo "único" que había para ordenar la intervención de sus teléfonos era la declaración del máximo responsable de la asesoría jurídica de Urbanismo, Jorge González.
Asimismo ha citado "un oficio" remitido por el juez a la Seguridad Social en el que pedía datos sobre García Marcos, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el ex edil del GIL Victoriano Rodríguez, ya fallecido.
Rueda ha denunciado que "antes de recibirse respuesta de la Seguridad Social, el juez ya dictó el auto de intervención" de dichos teléfonos. Además, la defensa ha tratado de desmontar la versión del juez sobre que García Marcos "supervisaba todos los convenios urbanísticos".
Lo cierto es que aunque era Yagüe la delegada de Urbanismo, con Roca como asesor, rara era la semana en la que García Marcos no acudía a despachar con ambos a las oficinas que ocupaba el considerado cerebro de la trama en Planeamiento 2000, la empresa encargada de gestionar el PGOU. De hecho, la ex socialista ofrecía incluso ruedas de prensa sobre asuntos urbanísticos. A todas luces llevaba la voz cantante.
Paralelamente, José Luis Rueda, argumenta que antes de proceder a las intervenciones telefónicas "no se aportaron datos concretos, ni reales, sobre el poder que ejercía Roca" en el Consistorio marbellí. Ese poder, calificado como "omnímodo", además de "alcalde en la sombra", fue relatado por el citado Jorge González. Su declaración, en otra causa de índole urbanística, abrió la puerta al juez Torres para incoar las diligencias previas del denominado 'caso Malaya'.
La Fiscalía Anticorrupción acusa García Marcos de los delitos de cohecho pasivo, malversación de caudales, prevaricación administrativa y alteración del precio de los concursos y las subastas. Para ella reclama 12 años de cárcel. Además, solicita una multa de más de 700.000 euros
Así ha arrancado la séptima sesión del juicio oral por el 'caso Malaya', que se celebra en la Audiencia de Málaga. Si dicho letrado consiguiera su propósito -la anulación del registro- el delito de cohecho pasivo que se le imputa a la que fuera látigo y después báculo de Jesús Gil se desvanecería por completo.
Cree Rueda que el auto de entrada y registro del piso de García Marcos, ubicado en la zona de El Limonar en Málaga, "no estuvo suficientemente motivado", ya que -ha acotado- "estaba basado en una intensa actividad empresarial" entre la entonces primer teniente de alcalde y otros ex ediles como el también tránsfuga del PSOE, José Jaén y el gilista Victoriano Rodríguez. Ella cobraba supuestas comisiones -en forma de sobornos- a empresarios también acusados en la trama que pretendían obtener concesiones, permisos urbanísticos y contratos municipales en Marbella.
Para la posteridad quedan aquellas frases de la ex portavoz socialista marbellí: "Yo papel que muevo papel que cobro, porque yo genero plusvalías y mucho dinero", exponía García Marcos cuando hablaba, sin tapujos, por teléfono con José Jaén, un antiguo agente judicial de Málaga que se arrimó al PSOE a raíz del escándalo del robo de sumarios de Jesús Gil en los Juzgados de Marbella, destapado por EL MUNDO el 10 de agosto de 2001.
Dicha defensa trata de cuestionar todo lo relacionado con los supuestos pagos que Isabel García Marcos recibió en comisiones, supuestamente de la llamaca 'caja B' de Roca. Ella misma aseguró que el dinero incautado en su domicilio era producto de una herencia, así como regalos de boda, puesto que acaba de contraer matrimonio cuando fue detenida a finales de marzo de 2006.
Rueda va más lejos en sus peticiones. Considera que "si se declarara nulo el auto de entrada y registro" de dicho domicilio "toda la obra derivada del mismo" también quedaría fuera del procedimiento penal, incluidas las declaraciones que la ex edil socialista prestó, ante el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres.
"Si eliminamos todo eso no queda nada", ha insistido el defensor de García Marcos sobre las impugnaciones. De hecho, también pretende -al igual que la totalidad de defensas que ya han intervenido- la nulidad de las escuchas telefónicas por no estar suficientemente motivadas. De ellas salió valiosísima información que sirvió a la Udyco para tirar del hilo de la trama de corrupción, que se había asentado en el Ayuntamiento de Marbella.
A juicio del penalista malagueño "el hecho de que la investigación a posteriori tenga éxito no justifica la falta de motivación del auto inicial", ha expuesto en alusión a la autorización para intervenir las comunicaciones telefónicas.
También ha aludido la defensa de la que fuera candidata del PSOE a la Alcaldía marbellí -en cuatro ocasiones- a que lo "único" que había para ordenar la intervención de sus teléfonos era la declaración del máximo responsable de la asesoría jurídica de Urbanismo, Jorge González.
Asimismo ha citado "un oficio" remitido por el juez a la Seguridad Social en el que pedía datos sobre García Marcos, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el ex edil del GIL Victoriano Rodríguez, ya fallecido.
Rueda ha denunciado que "antes de recibirse respuesta de la Seguridad Social, el juez ya dictó el auto de intervención" de dichos teléfonos. Además, la defensa ha tratado de desmontar la versión del juez sobre que García Marcos "supervisaba todos los convenios urbanísticos".
Lo cierto es que aunque era Yagüe la delegada de Urbanismo, con Roca como asesor, rara era la semana en la que García Marcos no acudía a despachar con ambos a las oficinas que ocupaba el considerado cerebro de la trama en Planeamiento 2000, la empresa encargada de gestionar el PGOU. De hecho, la ex socialista ofrecía incluso ruedas de prensa sobre asuntos urbanísticos. A todas luces llevaba la voz cantante.
Paralelamente, José Luis Rueda, argumenta que antes de proceder a las intervenciones telefónicas "no se aportaron datos concretos, ni reales, sobre el poder que ejercía Roca" en el Consistorio marbellí. Ese poder, calificado como "omnímodo", además de "alcalde en la sombra", fue relatado por el citado Jorge González. Su declaración, en otra causa de índole urbanística, abrió la puerta al juez Torres para incoar las diligencias previas del denominado 'caso Malaya'.
La Fiscalía Anticorrupción acusa García Marcos de los delitos de cohecho pasivo, malversación de caudales, prevaricación administrativa y alteración del precio de los concursos y las subastas. Para ella reclama 12 años de cárcel. Además, solicita una multa de más de 700.000 euros
Además
* La defensa de Yagüe pide la nulidad de las escuchas
* El calvario judicial de Isabel Pantoja
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