La portavoz del Gobierno de Ceuta, Yolanda Bel (PP), y su consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, han dado cuenta este viernes de la auditoría a la que ordenó someter el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, la gestión del que fuera titular de Gobernación desde las últimas elecciones hasta el miércoles de la semana pasada, cuando fue cesado por "razones de oportunidad y conveniencia".
EUROPA PRESS.
Según han explicado Bel y Doncel el informe elaborado por técnicos de Fomento y Hacienda concluye que José Antonio Rodríguez incurrió en "irregularidades administrativas" al "fraccionar" el más de 30 contratos de menos de 3.000 euros obras que en realidad tramitó como suministros.
El Ejecutivo local ha negado rotundamente, sin embargo, que se haya producido quebrando alguno de las arcas municipales o que el ex consejero haya metido "la mano en la caja". "No es el caso", ha dejado claro Bel. Las conclusiones de la auditoría descartan cualquier irregularidad en los cuatro contratos de obra realizados entre 2008 y marzo pasado por un importe de 239.824 euros para la "conservación y mantenimiento" de las dependencias de la Policía Local y Bomberos.
En las 32 propuestas de gasto realizadas por Rodríguez entre 2007 y 2010, todas ellas salvo una por cuantía inferior a 3.000 euros y siempre con las mismas dos empresas [una de electricidad, Rivas, y otra de construcción, Allitou], sí se han encontrado "irregularidades administrativas".
Según Bel "se formalizaron como contratos de suministro cuando lo debían haber sido de obras" mediante un "fraccionamiento" que permitió diluir la labor de control del facultativo técnico correspondiente. Esta vía llevó, además, a que del total gastado, más de 195.000 euros, "entre un 25% y un 30%" corresponda a costes de mano de obra que no se facturaron como tales.
"Ha habido irregularidades pero no enriquecimiento injusto de nadie porque las obras se han realizado a los precios habituales", han señalado Bel y Doncel, quienes han negado que se haya preguntado a Rodríguez Gómez por qué lo hizo así y han negado que su cese se haya producido por tales disfunciones. "Ambas cosas coinciden en el tiempo pero no están relacionadas", han distinguido.
Bel ha asegurado que el Gobierno ceutí no adoptará ninguna acción legal o de otro tipo al respecto y ha acusado a la coalición localista 'Caballas', cuyos líderes dejaron entrever la semana pasada que se podría estar ante un caso de "malversación de fondos", de haberse pronunciado de forma "precipitada" y "electoralista".
La portavoz del Ejecutivo ceutí ha señalado a preguntas de los periodistas que con esta mecánica de adjudicación no se lograba necesariamente beneficiar a las dos empresas involucradas, pues según su versión lo mismo se podía conseguir tramitando los contratos como menores, cuya cuantía fija la Ley de Contratos del Sector Público en 18.000 euros.
"Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación", indica la legislación, que los Presupuestos de la Ciudad de cada año "adaptan" a la realidad local en forma de "limitaciones extra", según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.
Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad reducen desde 2009 hasta 6.000 euros la cantidad máxima a contratar por esta vía. Hasta entonces, cuando el consejero adjudicó todos los contratos objeto de controversia salvo uno, el techo estaba fijado "en 3.000 euros".
El Ejecutivo local ha negado rotundamente, sin embargo, que se haya producido quebrando alguno de las arcas municipales o que el ex consejero haya metido "la mano en la caja". "No es el caso", ha dejado claro Bel. Las conclusiones de la auditoría descartan cualquier irregularidad en los cuatro contratos de obra realizados entre 2008 y marzo pasado por un importe de 239.824 euros para la "conservación y mantenimiento" de las dependencias de la Policía Local y Bomberos.
En las 32 propuestas de gasto realizadas por Rodríguez entre 2007 y 2010, todas ellas salvo una por cuantía inferior a 3.000 euros y siempre con las mismas dos empresas [una de electricidad, Rivas, y otra de construcción, Allitou], sí se han encontrado "irregularidades administrativas".
Según Bel "se formalizaron como contratos de suministro cuando lo debían haber sido de obras" mediante un "fraccionamiento" que permitió diluir la labor de control del facultativo técnico correspondiente. Esta vía llevó, además, a que del total gastado, más de 195.000 euros, "entre un 25% y un 30%" corresponda a costes de mano de obra que no se facturaron como tales.
"Ha habido irregularidades pero no enriquecimiento injusto de nadie porque las obras se han realizado a los precios habituales", han señalado Bel y Doncel, quienes han negado que se haya preguntado a Rodríguez Gómez por qué lo hizo así y han negado que su cese se haya producido por tales disfunciones. "Ambas cosas coinciden en el tiempo pero no están relacionadas", han distinguido.
Bel ha asegurado que el Gobierno ceutí no adoptará ninguna acción legal o de otro tipo al respecto y ha acusado a la coalición localista 'Caballas', cuyos líderes dejaron entrever la semana pasada que se podría estar ante un caso de "malversación de fondos", de haberse pronunciado de forma "precipitada" y "electoralista".
La portavoz del Ejecutivo ceutí ha señalado a preguntas de los periodistas que con esta mecánica de adjudicación no se lograba necesariamente beneficiar a las dos empresas involucradas, pues según su versión lo mismo se podía conseguir tramitando los contratos como menores, cuya cuantía fija la Ley de Contratos del Sector Público en 18.000 euros.
"Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación", indica la legislación, que los Presupuestos de la Ciudad de cada año "adaptan" a la realidad local en forma de "limitaciones extra", según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.
Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad reducen desde 2009 hasta 6.000 euros la cantidad máxima a contratar por esta vía. Hasta entonces, cuando el consejero adjudicó todos los contratos objeto de controversia salvo uno, el techo estaba fijado "en 3.000 euros".
20minutos.es
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