LOS AGUJEROS DE LAS INSTITUCIONES

Aquí no hay un problema de leyes, sostienen los partidos. Lo que hay son grietas que exudan el olor a podrido

mariano calleja

En España hay 8.112 municipios, con decenas de miles de cargos públicos, pero los casos de corrupción apenas afectan a un centenar de localidades con 730 investigaciones abiertas a cargos públicos, según desveló de manera excepcional el fiscal general del Estado a finales de 2009. Con estos datos, los grandes partidos se resisten a reconocer que en España hay un problema de corrupción. Les parece injusta una generalización que, a su juicio, «criminaliza a la clase política».

Lo cierto es que esa clase política y los partidos son el tercer problema que tiene España, después del paro y la crisis económica, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Hace 10 años, el principal problema era el terrorismo seguido del paro y la droga, y los políticos ni siquiera aparecían en la lista del CIS. En esta caída en picado de su valoración tiene mucho peso la falta de soluciones ante la crisis, pero también la alarma social generada por los casos de corrupción y por actitudes muy poco ejemplarizantes, como son los casos de travestismo político.

¿Está fallando el sistema o son casos puntuales? El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Jesús Quijano, relaciona la mayor parte de los casos de corrupción de esta época con el último «boom» inmobiliario. Destaca que no se refieren a hechos recientes, sino que tuvieron como caldo de cultivo una construcción fácil en su máximo apogeo, con recalificaciones masivas de terreno, una legislación del suelo muy propicia y un enriquecimiento rápido. En su opinión, «en España no fallan tanto los mecanismos legales, que están homologados a los de nuestro entorno, como ciertos comportamientos personales nada éticos».

El PP cree que «todo es mejorable, y en concreto el sistema de control y la transparencia de la gestión pública», como explica su coordinador de Política Municipal, Juan Manuel Moreno. Los populares están convencidos de que las nuevas tecnologías, en concreto internet, pueden acabar con la opacidad informativa y facilitar la lucha contra la corrupción.

El PSOE insiste en que no hay un problema de déficit legislativo o de mecanismos de reacción contra la corrupción. «Tenemos leyes, pero en ocasiones falla la conciencia personal y la responsabilidad». En todo caso existía un agujero evidente en el Código Penal, que ha sido reformado este año para endurecer, entre otras cuestiones, las penas por delitos de corrupción, entre ellos el cohecho y el soborno, el tráfico de influencias y la prevaricación urbanística. El nuevo Código Penal entrará en vigor el próximo 23 de diciembre.

La lentitud de la Justicia es otro de los puntos débiles del sistema. Los partidos coinciden en que es imprescindible agilizar los procesos. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría empezar a moverse el próximo año, pero el Gobierno reconoce que será muy difícil que entre en vigor esta legislatura.

La figura del fiscal general del Estado tiene aquí un papel fundamental. De él depende la Fiscalía anticorrupción y, por tanto, la investigación equitativa de todos los casos. El problema, para la oposición, es que el fiscal general del Estado «es una delegación del Gobierno», según sostiene UPyD. Haría falta, a su juicio, una reforma profunda para dotarle de la máxima autonomía frente al poder.

Otra ley mejorable es la de financiación de los partidos. Se trata de un asunto correoso, con zonas oscuras, que sigue teniendo un déficit claro de transparencia y un sistema de control manifiestamente perfeccionable. «La opacidad en la financiación de los partidos ha podido influir en algunos casos de corrupción», admite Quijano, quien destaca que si bien los mecanismos de control (Tribunal de Cuentas) funcionan, «cuando un partido se empeña en tener una cuenta B, por mucha legislación que haya solo se controlará su cuenta A». El funcionamiento del Tribunal de Cuentas es lento y fatigoso. Sus informes llegan al Congreso con años de retraso y sin capacidad ejecutiva sobre sus conclusiones.

El PP también cree que el Tribunal de Cuentas dispone de pocos recursos para controlar los partidos. Informa, eso sí, pero si una formación política incumple las reglas no suele pasar nada. «Hay que dotarle de recursos con capacidad ejecutiva y de presión», resalta. Hay puntos en la Ley de Financiación de Partidos que el PP también cambiaría: prohíbiría las donaciones de constructores y promotores, con intereses muy concretos en el litoral, donde suelen surgir pequeños partidos políticos «ad hoc» con objetivos puntuales.
 

Cambios de chaqueta
Los partidos relacionan directamente la corrupción con el transfuguismo político. «En muchos casos, en la mayoría, es el móvil», sostiene Quijano. Los partidos firmaron un Pacto Antitransfuguismo en 1998 para evitar que los ayuntamientos quedaran al albur de los concejales que quisieran cambiar de chaqueta en mitad de la legislatura, por intereses espurios, y forzaran cambios de gobierno con mociones de censura a la medida. Que el Pacto está fallando y es otro agujero del sistema lo demuestra la Proposición de reforma de la Ley Electoral General que han acordado la mayoría de los grupos en el Congreso y que se aprobará en las próximas semanas. La nueva ley imposibilitará en la práctica las mociones de censura de los tránsfugas. Casos como el de Benidorm no podrán repetirse.

Quijano apunta al «agujero» original por el que se cuela la corrupción: la selección previa de los candidatos. «Ahí hay una buena parte de los remedios. Hay que seleccionar gente limpia, libre de toda sospecha. Y luego, si surge algún caso, el peso de la ley».

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