Efe | Madrid
El alcalde del municipio almierense de Gádor y senador del PP Eugenio Gonzálvez ha declarado este lunes como imputado por un delito de prevaricación en relación con la adjudicación de un contrato de obras en el Tribunal Supremo, donde ha defendido su inocencia y ha asegurado que lleva 23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento.
Así lo ha explicado el abogado de Gonzálvez, Jesús María Silva Sánchez, quien ha añadido que "los actos que ahora se están enjuiciando responden a la misma tónica".
"Él está plenamente convencido de su defensa, como yo mismo y como confiamos que lo vea el Tribunal", ha añadido el letrado al salir de la sede del Supremo, donde el senador popular, que no ha querido hacer declaraciones, ha comparecido ante el magistrado instructor de la causa, Miguel Colmenero, durante cerca de dos horas.
La citación de Gonzálvez se produce después de que el pasado mes de mayo el Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta contra él por el grupo socialista en el Ayuntamiento por la adjudicación de unas obras "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación", por valor de 148.722 euros.
"No ha contestado con un sí o un no"
No obstante, el abogado que ejerce la acusación en el proceso contra el también senador ha apuntado que, durante su declaración, el primer edil de Gádor "ha desviado la responsabilidad" hacia el secretario municipal, técnicos del Consistorio de Roquetas de Mar y un concejal de su equipo de gobierno, al tiempo que ha asegurado que en el "Ayuntamiento siempre se han hecho las cosas así", en referencia a la forma en que se adjudicó el contrato para la obra de una nave.
En declaraciones a Europa Press, el letrado relató que durante una hora y media, "en la que no ha contestado nunca con un sí o un no", Gonzálvez aseguró ante el juez instructor Miguel Colmenero Menéndez de Luarca que el secretario "nunca le puso pegas" a esa forma de proceder y que, cuando lo hizo en el caso que ha derivado finalmente en la imputación por prevaricación, recurrió al presidente provincial del PP y regidor de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien le prestó el servicio de sus técnicos quienes, al parecer, le dieron el visto bueno.
Al explicar el por qué, tal y como resalta el fiscal, se tramitó el contrato de obra "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y "prescindiendo en la adjudicación y pago de lo que fija la normativa", el regidor gadorense afirmó, siempre según la acusación ejercida por el PSOE, que fue el concejal de Urbanismo, Onofre Martínez, quien lo "gestionó verbalmente".
elmundo.es
Así lo ha explicado el abogado de Gonzálvez, Jesús María Silva Sánchez, quien ha añadido que "los actos que ahora se están enjuiciando responden a la misma tónica".
"Él está plenamente convencido de su defensa, como yo mismo y como confiamos que lo vea el Tribunal", ha añadido el letrado al salir de la sede del Supremo, donde el senador popular, que no ha querido hacer declaraciones, ha comparecido ante el magistrado instructor de la causa, Miguel Colmenero, durante cerca de dos horas.
La citación de Gonzálvez se produce después de que el pasado mes de mayo el Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta contra él por el grupo socialista en el Ayuntamiento por la adjudicación de unas obras "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación", por valor de 148.722 euros.
"No ha contestado con un sí o un no"
No obstante, el abogado que ejerce la acusación en el proceso contra el también senador ha apuntado que, durante su declaración, el primer edil de Gádor "ha desviado la responsabilidad" hacia el secretario municipal, técnicos del Consistorio de Roquetas de Mar y un concejal de su equipo de gobierno, al tiempo que ha asegurado que en el "Ayuntamiento siempre se han hecho las cosas así", en referencia a la forma en que se adjudicó el contrato para la obra de una nave.
En declaraciones a Europa Press, el letrado relató que durante una hora y media, "en la que no ha contestado nunca con un sí o un no", Gonzálvez aseguró ante el juez instructor Miguel Colmenero Menéndez de Luarca que el secretario "nunca le puso pegas" a esa forma de proceder y que, cuando lo hizo en el caso que ha derivado finalmente en la imputación por prevaricación, recurrió al presidente provincial del PP y regidor de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien le prestó el servicio de sus técnicos quienes, al parecer, le dieron el visto bueno.
Al explicar el por qué, tal y como resalta el fiscal, se tramitó el contrato de obra "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y "prescindiendo en la adjudicación y pago de lo que fija la normativa", el regidor gadorense afirmó, siempre según la acusación ejercida por el PSOE, que fue el concejal de Urbanismo, Onofre Martínez, quien lo "gestionó verbalmente".
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