Para la adjudicación de una opción de compra de sueloEl economista José Antonio Ripollés, a su llegada al juzgado. | C. Márquez
* El economista dice que "nadie le instó" a primar a Sando
* La Audiencia ratifica la imputación de María Victoria Bustamante
* La Audiencia ratifica la imputación de María Victoria Bustamante
Europa Press | Sevilla
El economista José Antonio Ripollés, técnico que participó en la elaboración del informe de estudio y en la valoración de las ofertas para la adjudicación por concurso de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, ha afirmado que "en ningún momento" realizó la valoración con la intención de beneficiar a Sanma -filial de Sando-, así como que "nadie le instó a que valorara en dicha forma la opción de compra".
Durante su declaración como imputado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, que investiga la concesión de este concurso a Sando, la magistrada cuestionó a Ripollés sobre si "no es cierto que la fórmula elaborada para valorar el precio de opción de compra y forma de pago del mismo se dividía en tres partes: importe, contado y aplazado", así como si "no es cierto que, por aplicación de esta fórmula, la empresa que ofertase un pago total al contado tenía garantizada la obtención de 6,67 puntos sobre 10".
En su declaración, Ripollés asegura que él se limitó a aplicar la fórmula, y que posteriormente se dio cuenta de que, "efectivamente", el pago al contado tenía garantizado 6,66 puntos, añadiendo que, aunque "es cierto" que la oferta de Sanma era de 1,6 millones de euros al contado y luego otros 3,4 millones, él no consideró que esta última cifra fuera aplazada, "porque, según se especificaba en la oferta económica, se ponía a disposición de Mercasevilla en el momento en que fuera requerido para ello, a diferencia de otras ofertas de otras empresas en las que se especificaban fechas concretas para la entrega de las cantidades aplazadas".
Al hilo de ello, incide en que, en su momento, consideró que esa manera de realizar la oferta por parte de Sanma "era equivalente a que la hubiera hecho al contado, ya que desconocía el plazo en que se iban a hacer efectivos los 3,4 millones de euros", y defiende que "no recibió ninguna instrucción" para calificar con un '0' a la oferta del Grupo Noga, pues "simplemente se limitó a aplicar la fórmula que se le dio por la Universidad de Sevilla".
"Nunca escuchó" que el concurso fuera para Sanma
Tras indicar que contactó con diferentes expertos "y todos han coincidido en que el exceso del diez por ciento de la media aritmética debía significar puntuación '0'", José Antonio Ripollés asevera que "nunca escuchó" en la mesa de contratación que el concurso "parecía que iba a ser para Sanma", y que "no le consta que se hiciera nada 'ex profeso' para que Sanma ganara el concurso".
Tras señalar que el informe emitido por él y por la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, también imputada en esta causa, "fue el que finalmente asumió" la mesa de contratación, Ripollés indica que, aún no habiendo existido la limitación del diez por ciento, habría vuelto a ganar Sanma.
El presidente de Sando delega en su hijo
Este lunes también ha prestado prestó declaración como imputado el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, quien ha puesto de manifiesto que no participó "en ningún momento" en la negociación con Mercasevilla para la subrogación de Sanma en el derecho de superficie que ostentaba la entidad Larena 98 sobre determinadas parcelas de Mercasevilla, ya que su hijo, Luis Sánchez Manzano, "tiene todo tipo de poderes".
Así, Sánchez Domínguez informó de que su idea era retirarse en 2005, por lo que en la época de los hechos se dedicaba a terminar los asuntos que había iniciado y su hijo era el que se iba ocupando de los asuntos nuevos, mientras que actualmente está retirado y no llevada ningún aspecto relacionado con la gestión, aunque acude a las oficinas de Sando "cuando le da la gana".
Asimismo, el presidente de Sando dijo desconocer si Mercasevilla quería o no que su empresa ganara el concurso público, y, de manera voluntaria, quiso manifestar "el muchísimo daño que este asunto le está causando a su empresa, a los trabajadores, a su propia familia y a los 3.000 colaboradores que trabajan con su empresa", añadiendo que, "si lo que se está investigando aquí fuera verdad, es como matar moscas a cañonazos, y el daño es terrible".
Por otra parte, hay que destacar que la Audiencia Provincial de Sevilla, en el auto por el que ratifica la imputación de María Victoria Bustamante, pone de manifiesto que, "al menor en cierta medida", la imputada tuvo participación en los presuntos hechos delictivos como técnico municipal encargada de la elaboración del pliego de condiciones, apuntando la posibilidad, no obstante, de que "las posibles responsabilidades penales puedan limitarse a más altos escalones de la Administración municipal".
Además
* Los imputados en los casos Mercasevilla
elmundo.es
Durante su declaración como imputado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, que investiga la concesión de este concurso a Sando, la magistrada cuestionó a Ripollés sobre si "no es cierto que la fórmula elaborada para valorar el precio de opción de compra y forma de pago del mismo se dividía en tres partes: importe, contado y aplazado", así como si "no es cierto que, por aplicación de esta fórmula, la empresa que ofertase un pago total al contado tenía garantizada la obtención de 6,67 puntos sobre 10".
En su declaración, Ripollés asegura que él se limitó a aplicar la fórmula, y que posteriormente se dio cuenta de que, "efectivamente", el pago al contado tenía garantizado 6,66 puntos, añadiendo que, aunque "es cierto" que la oferta de Sanma era de 1,6 millones de euros al contado y luego otros 3,4 millones, él no consideró que esta última cifra fuera aplazada, "porque, según se especificaba en la oferta económica, se ponía a disposición de Mercasevilla en el momento en que fuera requerido para ello, a diferencia de otras ofertas de otras empresas en las que se especificaban fechas concretas para la entrega de las cantidades aplazadas".
Al hilo de ello, incide en que, en su momento, consideró que esa manera de realizar la oferta por parte de Sanma "era equivalente a que la hubiera hecho al contado, ya que desconocía el plazo en que se iban a hacer efectivos los 3,4 millones de euros", y defiende que "no recibió ninguna instrucción" para calificar con un '0' a la oferta del Grupo Noga, pues "simplemente se limitó a aplicar la fórmula que se le dio por la Universidad de Sevilla".
"Nunca escuchó" que el concurso fuera para Sanma
Tras indicar que contactó con diferentes expertos "y todos han coincidido en que el exceso del diez por ciento de la media aritmética debía significar puntuación '0'", José Antonio Ripollés asevera que "nunca escuchó" en la mesa de contratación que el concurso "parecía que iba a ser para Sanma", y que "no le consta que se hiciera nada 'ex profeso' para que Sanma ganara el concurso".
Tras señalar que el informe emitido por él y por la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, también imputada en esta causa, "fue el que finalmente asumió" la mesa de contratación, Ripollés indica que, aún no habiendo existido la limitación del diez por ciento, habría vuelto a ganar Sanma.
El presidente de Sando delega en su hijo
Este lunes también ha prestado prestó declaración como imputado el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, quien ha puesto de manifiesto que no participó "en ningún momento" en la negociación con Mercasevilla para la subrogación de Sanma en el derecho de superficie que ostentaba la entidad Larena 98 sobre determinadas parcelas de Mercasevilla, ya que su hijo, Luis Sánchez Manzano, "tiene todo tipo de poderes".
Así, Sánchez Domínguez informó de que su idea era retirarse en 2005, por lo que en la época de los hechos se dedicaba a terminar los asuntos que había iniciado y su hijo era el que se iba ocupando de los asuntos nuevos, mientras que actualmente está retirado y no llevada ningún aspecto relacionado con la gestión, aunque acude a las oficinas de Sando "cuando le da la gana".
Asimismo, el presidente de Sando dijo desconocer si Mercasevilla quería o no que su empresa ganara el concurso público, y, de manera voluntaria, quiso manifestar "el muchísimo daño que este asunto le está causando a su empresa, a los trabajadores, a su propia familia y a los 3.000 colaboradores que trabajan con su empresa", añadiendo que, "si lo que se está investigando aquí fuera verdad, es como matar moscas a cañonazos, y el daño es terrible".
Por otra parte, hay que destacar que la Audiencia Provincial de Sevilla, en el auto por el que ratifica la imputación de María Victoria Bustamante, pone de manifiesto que, "al menor en cierta medida", la imputada tuvo participación en los presuntos hechos delictivos como técnico municipal encargada de la elaboración del pliego de condiciones, apuntando la posibilidad, no obstante, de que "las posibles responsabilidades penales puedan limitarse a más altos escalones de la Administración municipal".
Además
* Los imputados en los casos Mercasevilla
elmundo.es
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