EL EMPRESARIO BENEFACTOR HACE TEMBLAR A UDC@Antonio Fernández (Barcelona).- 20/02/2010 (06:00h)
El presidente de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida (Efe).
¿A quien no le gusta que le compren los puros que ha de repartir en la boda de su hija? ¿O un teléfono móvil? ¿O un equipo informático? Eso es lo que debían pensar altos cargos de la Generalitat en los años 90 y, por ello, se dejaban querer por algunos de los proveedores. Si estos altos cargos son militantes o miembros de la dirección de un partido político, la cosa adquiere otra dimensión. Y es precisamente por eso por lo que la fiscalía barcelonesa implica ahora a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en el llamado caso Pallerols como “responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo”.
El caso Pallerols es muy simple: el empresario catalano-andorrano Fidel Pallerols, junto a su mano derecha, María de la Cruz Guerrero, tenía tres empresas: Assessorament i Nous Desenvolupaments Ocupacionals (Andsa), Centre d’Estudis Informàtics i Formació (Ceifsa) y Tècniques Empresarials i Ocupacionals (Teosa). Estas empresas recibieron casi 9 millones de euros en subvenciones desde 1994 a 1999 para la impartición de cursos de formación a parados o a trabajadores en activo. La fiscalía considera probado que el 10% de este dinero revirtió en UDC, por algo Fidel Pallerols era “colaborador ocasional” de la formación democristiano y María de la Cruz Guerrero, militante desde 1990.
El hombre clave de este desvío, según el fiscal, era Vinceç Gavaldà, miembro del comité de gobierno del partido, secretario de Organización de 1993 a 1996 y Secretario de Relaciones Institucionales de 1997 a 1999. Junto a él, también es acusado el militante Santiago Vallvé por propiciar el desvío de fondos. Pero el escándalo salpica a más gente: Lluís Gavaldà, hermano del anterior, director general de Trabajo de 1993 a 1999, ordenaba los pagos, secundado por la subdirectora general de Trabajo -y también integrante del comité de gobierno de Unió-, Dolors Llorens. Por lo que se ve, toda la trama era un círculo cerrado, lo que da pie al fiscal para decir que “esta conjunción de intereses fraguó finalmente en un concierto o mutuo acuerdo entre todos ellos con la única finalidad de conseguir que una cifra cercana al 10% del importe total anual de los fondos públicos que las empresas de Fidel Pallerols percibían del Departamento [de Trabajo] en concepto de subvenciones fuera desviada a fines ajenos a las actividades formativas.
En concreto, el Ministerio público sostiene que 595.972,61 euros fueron desviados directamente de las partidas. A ellos, hay que añadir unos 36.000 euros más anuales que el empresario daba al partido bajo el concepto de “reducción por producción propia”. ¿Y a qué se dedicaron esos más de 800.000 euros? A varias cosas. Lo que ha demostrado la investigación realizada hasta el momento es que los acusados dispusieron de dinero en efectivo, pero Pallerols también pagó nóminas de empleados de Unió, obsequios para sus amigos de la Administración y otras menudencias.
Regalitos de buen rollo
La fiscalía considera probado que sólo durante el año 1996, el secretario de Organización de UDC, Vicenç Gavaldà, recibió en efectivo alrededor de 100.000 euros. Pero las partidas más llamativas son otras: ese mismo año, el empresario compró “los puros para la boda de la hija del fallecido Juan Martín Toribio, entonces jefe del Servicio de Administración y Promoción de Programas del Departamento de Trabajo”. El óbito de Martín Toribio impidió que ahora pueda ser acusado por el fiscal. Costaron 42.000 pesetas (252 euros al cambio actual), una cantidad pequeña, pero que representa un bonito gesto de Pallerols. Similar al que tuvo con el director general de Trabajo, Lluís Gavaldà: le compró un equipo informático por 279.148 pesetas (1.678 euros al cambio actual) que pagó a tocateja su compañía Andsa. Al año siguiente, Dolors Llorens necesitó un teléfono móvil y nuevamente acudió el benefactor en su ayuda: le costó 70.008 pesetas de la época (421 euros), precio que engloba el aparato y el consumo realizado. Incluso sufragó los “gastos de asistencia” del entonces delegado territorial de Trabajo en Lleida, Pere Grau, por un total de 120.000 pesetas.
Pero eso fueron sólo algunas de las partidas. Desde 1994, las empresas de Fidel Pallerols agradecían a Unió la deferencia de concederle subvenciones mediante la compra de muebles, fotocopiadoras, faxes o equipos informáticos para sus sedes. Incluso el rótulo de la sede de Unió en el distrito barcelonés de Sants fue pagado por el empresario.
Pero además, agradecía también los favores contratando y pagando las nóminas de varios empleados del partido que, aunque cobraban de sus empresas, jamás trabajaron para las mismas. Es el caso de Susana Díaz, presidenta de UDC del barrio del Guinardó y vicepresidenta del comité ejecutivo de Barcelona: percibió 7.980.000 pesetas de Teosa y de Ceifsa. Josep Gascón, presidente del distrito de Gràcia y consejero nacional de Unió, percibió 1.980.000 pesetas en el año 1997 a cuenta de las mismas empresas. Albert Colomer, presidente local de Palamós, llegó a cobrar de 1996 a 1999 15.300.000 pesetas de Ceifsa, Andsa y Teosa. Emilia Titos se embolsó, asimismo, 1.080.000 pesetas. “En este caso, se retribuía el trabajo y dedicación que el marido de esta persona desarrollaba para el partido”. El marido en cuestión era el presidente local de Sils, presidente comarcal de La Selva, coordinador general de la Intercomarcal de Girona y consejero nacional.
La fiscalía, que pide la apertura de juicio oral, acusa a los altos cargos de Unió y de la Generalitat de malversación de caudales, delito continuado de fraude de subvenciones, de cohecho y de falsedad en documento mercantil. Para el empresario Fidel Pallerols, pide 4 años de prisión por malversación, con la alternativa de una pena de 4 años por fraude de subvenciones, cinco años por cohecho y dos años por falsedad, además de sendas multas de 2 millones de euros, un millón de euros y otra de once meses con una cuota diaria de 80 euros. A la mano derecha del empresario, María Cruz Guerrero, le pide una pena de 3 años y 9 meses o, alternativamente, 3 años y 6 meses por fraude y 4 años y 3 meses por cohecho, además de sendas multas de 1,5 y 1 millón de euros. A Vicenç Gavaldà, le achaca malversación, por la que pide 4 años de cárcel, o alternativamente 4 años por fraude, 5 años por cohecho y 2 años por falsedad, además de sendas multas de 2 millones, 1,5 millones de euros y 11 meses con una cuota diaria de 80 euros. Para los altos cargos de la consejería de Trabajo, pide 5 años y 10 meses de prisión, aunque alternativamente propone dos penas de cuatro años de cárcel y sendas multas de 1 y 1,5 millones de euros a cada uno.
La acusación reclama también que todos ellos deban indemnizar a la Generalitat de Cataluña con casi 596.000 euros. Sobre UDC, señala el texto que “procede declarar” su responsabilidad civil subsidiaria “respecto de las cantidades debidas por el acusado Vicenç Gavaldà”. Pero, además, el partido “deberá responder como responsable civil en calidad de partícipe a título lucrativo” de casi 39.000 euros que pertenecen al material que Fidel Pallerols compró para sus sedes y de 158.306,59 euros “derivado del total satisfecho en concepto de nóminas”.
El fiscal desgaja de este sumario una pieza separada referente a un presunto delito fiscal cometido por el empresario. Según la acusación, Pallerols “ideó una forma de aparentar unos costes subvencionables muy superiores a los reales y que en el ámbito fiscal le permitió minorar indebida y fraudulentamente la cuota a ingresar por el Impuesto de Sociedades”. Este fraude alcanza más de 900.000 euros, que es la cantidad que el ministerio público establece como indemnización para Hacienda. Además, le pide 2 años de cárcel por cada uno de los seis delitos fiscales y multa de 600.000 euros.
elconfidencial.com
El caso Pallerols es muy simple: el empresario catalano-andorrano Fidel Pallerols, junto a su mano derecha, María de la Cruz Guerrero, tenía tres empresas: Assessorament i Nous Desenvolupaments Ocupacionals (Andsa), Centre d’Estudis Informàtics i Formació (Ceifsa) y Tècniques Empresarials i Ocupacionals (Teosa). Estas empresas recibieron casi 9 millones de euros en subvenciones desde 1994 a 1999 para la impartición de cursos de formación a parados o a trabajadores en activo. La fiscalía considera probado que el 10% de este dinero revirtió en UDC, por algo Fidel Pallerols era “colaborador ocasional” de la formación democristiano y María de la Cruz Guerrero, militante desde 1990.
El hombre clave de este desvío, según el fiscal, era Vinceç Gavaldà, miembro del comité de gobierno del partido, secretario de Organización de 1993 a 1996 y Secretario de Relaciones Institucionales de 1997 a 1999. Junto a él, también es acusado el militante Santiago Vallvé por propiciar el desvío de fondos. Pero el escándalo salpica a más gente: Lluís Gavaldà, hermano del anterior, director general de Trabajo de 1993 a 1999, ordenaba los pagos, secundado por la subdirectora general de Trabajo -y también integrante del comité de gobierno de Unió-, Dolors Llorens. Por lo que se ve, toda la trama era un círculo cerrado, lo que da pie al fiscal para decir que “esta conjunción de intereses fraguó finalmente en un concierto o mutuo acuerdo entre todos ellos con la única finalidad de conseguir que una cifra cercana al 10% del importe total anual de los fondos públicos que las empresas de Fidel Pallerols percibían del Departamento [de Trabajo] en concepto de subvenciones fuera desviada a fines ajenos a las actividades formativas.
En concreto, el Ministerio público sostiene que 595.972,61 euros fueron desviados directamente de las partidas. A ellos, hay que añadir unos 36.000 euros más anuales que el empresario daba al partido bajo el concepto de “reducción por producción propia”. ¿Y a qué se dedicaron esos más de 800.000 euros? A varias cosas. Lo que ha demostrado la investigación realizada hasta el momento es que los acusados dispusieron de dinero en efectivo, pero Pallerols también pagó nóminas de empleados de Unió, obsequios para sus amigos de la Administración y otras menudencias.
Regalitos de buen rollo
La fiscalía considera probado que sólo durante el año 1996, el secretario de Organización de UDC, Vicenç Gavaldà, recibió en efectivo alrededor de 100.000 euros. Pero las partidas más llamativas son otras: ese mismo año, el empresario compró “los puros para la boda de la hija del fallecido Juan Martín Toribio, entonces jefe del Servicio de Administración y Promoción de Programas del Departamento de Trabajo”. El óbito de Martín Toribio impidió que ahora pueda ser acusado por el fiscal. Costaron 42.000 pesetas (252 euros al cambio actual), una cantidad pequeña, pero que representa un bonito gesto de Pallerols. Similar al que tuvo con el director general de Trabajo, Lluís Gavaldà: le compró un equipo informático por 279.148 pesetas (1.678 euros al cambio actual) que pagó a tocateja su compañía Andsa. Al año siguiente, Dolors Llorens necesitó un teléfono móvil y nuevamente acudió el benefactor en su ayuda: le costó 70.008 pesetas de la época (421 euros), precio que engloba el aparato y el consumo realizado. Incluso sufragó los “gastos de asistencia” del entonces delegado territorial de Trabajo en Lleida, Pere Grau, por un total de 120.000 pesetas.
Pero eso fueron sólo algunas de las partidas. Desde 1994, las empresas de Fidel Pallerols agradecían a Unió la deferencia de concederle subvenciones mediante la compra de muebles, fotocopiadoras, faxes o equipos informáticos para sus sedes. Incluso el rótulo de la sede de Unió en el distrito barcelonés de Sants fue pagado por el empresario.
Pero además, agradecía también los favores contratando y pagando las nóminas de varios empleados del partido que, aunque cobraban de sus empresas, jamás trabajaron para las mismas. Es el caso de Susana Díaz, presidenta de UDC del barrio del Guinardó y vicepresidenta del comité ejecutivo de Barcelona: percibió 7.980.000 pesetas de Teosa y de Ceifsa. Josep Gascón, presidente del distrito de Gràcia y consejero nacional de Unió, percibió 1.980.000 pesetas en el año 1997 a cuenta de las mismas empresas. Albert Colomer, presidente local de Palamós, llegó a cobrar de 1996 a 1999 15.300.000 pesetas de Ceifsa, Andsa y Teosa. Emilia Titos se embolsó, asimismo, 1.080.000 pesetas. “En este caso, se retribuía el trabajo y dedicación que el marido de esta persona desarrollaba para el partido”. El marido en cuestión era el presidente local de Sils, presidente comarcal de La Selva, coordinador general de la Intercomarcal de Girona y consejero nacional.
La fiscalía, que pide la apertura de juicio oral, acusa a los altos cargos de Unió y de la Generalitat de malversación de caudales, delito continuado de fraude de subvenciones, de cohecho y de falsedad en documento mercantil. Para el empresario Fidel Pallerols, pide 4 años de prisión por malversación, con la alternativa de una pena de 4 años por fraude de subvenciones, cinco años por cohecho y dos años por falsedad, además de sendas multas de 2 millones de euros, un millón de euros y otra de once meses con una cuota diaria de 80 euros. A la mano derecha del empresario, María Cruz Guerrero, le pide una pena de 3 años y 9 meses o, alternativamente, 3 años y 6 meses por fraude y 4 años y 3 meses por cohecho, además de sendas multas de 1,5 y 1 millón de euros. A Vicenç Gavaldà, le achaca malversación, por la que pide 4 años de cárcel, o alternativamente 4 años por fraude, 5 años por cohecho y 2 años por falsedad, además de sendas multas de 2 millones, 1,5 millones de euros y 11 meses con una cuota diaria de 80 euros. Para los altos cargos de la consejería de Trabajo, pide 5 años y 10 meses de prisión, aunque alternativamente propone dos penas de cuatro años de cárcel y sendas multas de 1 y 1,5 millones de euros a cada uno.
La acusación reclama también que todos ellos deban indemnizar a la Generalitat de Cataluña con casi 596.000 euros. Sobre UDC, señala el texto que “procede declarar” su responsabilidad civil subsidiaria “respecto de las cantidades debidas por el acusado Vicenç Gavaldà”. Pero, además, el partido “deberá responder como responsable civil en calidad de partícipe a título lucrativo” de casi 39.000 euros que pertenecen al material que Fidel Pallerols compró para sus sedes y de 158.306,59 euros “derivado del total satisfecho en concepto de nóminas”.
El fiscal desgaja de este sumario una pieza separada referente a un presunto delito fiscal cometido por el empresario. Según la acusación, Pallerols “ideó una forma de aparentar unos costes subvencionables muy superiores a los reales y que en el ámbito fiscal le permitió minorar indebida y fraudulentamente la cuota a ingresar por el Impuesto de Sociedades”. Este fraude alcanza más de 900.000 euros, que es la cantidad que el ministerio público establece como indemnización para Hacienda. Además, le pide 2 años de cárcel por cada uno de los seis delitos fiscales y multa de 600.000 euros.
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