Efe | Sevilla
La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha acordado que, a través de la Policía Judicial, se solicite a la Delegación de la Agencia Tributaria que remita al juzgado "cuanta información patrimonial" de los diez imputados en la causa conste, desde 2003, en ese organismo.
En un auto, la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dispone que Hacienda remita los datos del IRPF (resumen y detalle), transmisiones patrimoniales, actividad financiera (deuda pública, valores o productos financieros), cuentas bancarias, anotaciones e inmuebles rústicos y urbanos de todos los imputados.
Ésta es una de las ocho nuevas pruebas que, para "avanzar en la instrucción", la juez ha ordenado que se practiquen dentro de la causa en la que investiga lo que ha calificado como "adjudicación fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla, en la que ya están acusadas diez personas entre responsables políticos, directivos del mercado central y técnicos que intervinieron en el proceso.
También dispone que la Policía Judicial recabe, bien de Mercasevilla o de las empresas participantes, todas las ofertas técnicas que se presentaron al concurso público para hacerse con la opción de compra de los suelos del mercado, salvo la de Sanma (Grupo Sando), "única unida a las actuaciones", que fue la adjudicataria.
La juez investiga la venta de los terrenos a Sando, que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga, por lo que, a su juicio, el resultado del concurso fue "antieconómico y contrario al interés general".
En esta rama del caso Mercasevilla están imputados su ex gerente Fernando Mellet; el ex secretario del consejo de administración Jorge Piñero; dos técnicos que intervinieron en el concurso; tres directivos de Sando; Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento y que luego trabajó para Sando; el ex edil del PSOE Gonzalo Crespo; y la directora del área Financiera de la empresa mayorista.
En el auto, con fecha 29 de enero y notificado el viernes a las partes, la juez acuerda librar mandamientos a los Registradores Mercantiles de Madrid y Barcelona para que remitan las historias registrales de Realia Business y Landscape Espais Promocions -empresas que también concurrieron al concurso-.
Además, cita para el próximo 8 de marzo en calidad de testigo al representante legal de Larena 98, empresa que inicialmente tenía una opción de compra sobre los terrenos y cuyo contrato fue rescindido después en favor de Sando, lo que luego le supuso a ésta una mayor puntuación en el concurso para la adjudicación.
La juez solicita a la Policía que practique gestiones para informar detalladamente al juzgado sobre a qué conceptos obedecen las entregas a cuenta realizadas por Sanma (Sando) a Mercasevilla en los contratos de diciembre de 2006 (229.497 euros) y de octubre de 2007 (987.923), que hace referencia a las prejubilaciones de empleados resultantes de uno de los dos ERE en la compañía.
Este concepto, según el auto, no se incluía en el contrato de opción sobre los terrenos ni en otro de diciembre de 2008, "en el que ni siquiera se especifica de manera genérica a qué obedece la entrega a cuenta en él referido" de 851.657 euros que luego se emplearon para pagar el ERE.
También pide a la Policía Judicial que se amplíe la información sobre la fórmula de baremación que realizó un economista que realizó un informe por el que Mercasevilla fijó el sistema de puntuación del concurso, así como que "investigue paralelismos que pudieran existir" entre el pliego de condiciones de dicho concurso y "las licitaciones de EPSA" (Empresa Pública del Suelo de Andalucía).
Otra prueba ordenada por la juez es que, una vez que se designe el perito que ya se acordó, se le entregue la documentación y las ofertas de todas las empresas que concurrieron al concurso y los informes de valoración del suelo objeto de la opción de compra.
Además
* La juez ratificia la imputación del ex asesor del alcalde
* La auditoría revela que había pérdidas con Mellet
* El PP propone una alianza para 'lavar' la imagen de la empresa
elmundo.es
En un auto, la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dispone que Hacienda remita los datos del IRPF (resumen y detalle), transmisiones patrimoniales, actividad financiera (deuda pública, valores o productos financieros), cuentas bancarias, anotaciones e inmuebles rústicos y urbanos de todos los imputados.
Ésta es una de las ocho nuevas pruebas que, para "avanzar en la instrucción", la juez ha ordenado que se practiquen dentro de la causa en la que investiga lo que ha calificado como "adjudicación fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla, en la que ya están acusadas diez personas entre responsables políticos, directivos del mercado central y técnicos que intervinieron en el proceso.
También dispone que la Policía Judicial recabe, bien de Mercasevilla o de las empresas participantes, todas las ofertas técnicas que se presentaron al concurso público para hacerse con la opción de compra de los suelos del mercado, salvo la de Sanma (Grupo Sando), "única unida a las actuaciones", que fue la adjudicataria.
La juez investiga la venta de los terrenos a Sando, que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga, por lo que, a su juicio, el resultado del concurso fue "antieconómico y contrario al interés general".
En esta rama del caso Mercasevilla están imputados su ex gerente Fernando Mellet; el ex secretario del consejo de administración Jorge Piñero; dos técnicos que intervinieron en el concurso; tres directivos de Sando; Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento y que luego trabajó para Sando; el ex edil del PSOE Gonzalo Crespo; y la directora del área Financiera de la empresa mayorista.
En el auto, con fecha 29 de enero y notificado el viernes a las partes, la juez acuerda librar mandamientos a los Registradores Mercantiles de Madrid y Barcelona para que remitan las historias registrales de Realia Business y Landscape Espais Promocions -empresas que también concurrieron al concurso-.
Además, cita para el próximo 8 de marzo en calidad de testigo al representante legal de Larena 98, empresa que inicialmente tenía una opción de compra sobre los terrenos y cuyo contrato fue rescindido después en favor de Sando, lo que luego le supuso a ésta una mayor puntuación en el concurso para la adjudicación.
La juez solicita a la Policía que practique gestiones para informar detalladamente al juzgado sobre a qué conceptos obedecen las entregas a cuenta realizadas por Sanma (Sando) a Mercasevilla en los contratos de diciembre de 2006 (229.497 euros) y de octubre de 2007 (987.923), que hace referencia a las prejubilaciones de empleados resultantes de uno de los dos ERE en la compañía.
Este concepto, según el auto, no se incluía en el contrato de opción sobre los terrenos ni en otro de diciembre de 2008, "en el que ni siquiera se especifica de manera genérica a qué obedece la entrega a cuenta en él referido" de 851.657 euros que luego se emplearon para pagar el ERE.
También pide a la Policía Judicial que se amplíe la información sobre la fórmula de baremación que realizó un economista que realizó un informe por el que Mercasevilla fijó el sistema de puntuación del concurso, así como que "investigue paralelismos que pudieran existir" entre el pliego de condiciones de dicho concurso y "las licitaciones de EPSA" (Empresa Pública del Suelo de Andalucía).
Otra prueba ordenada por la juez es que, una vez que se designe el perito que ya se acordó, se le entregue la documentación y las ofertas de todas las empresas que concurrieron al concurso y los informes de valoración del suelo objeto de la opción de compra.
Además
* La juez ratificia la imputación del ex asesor del alcalde
* La auditoría revela que había pérdidas con Mellet
* El PP propone una alianza para 'lavar' la imagen de la empresa
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