José Carlos Villanueva | Málaga
El abogado Víctor Moreno, defensor de los acusados Jesús Bravo Méndez y Osvaldo Godfrid Grinberg, ambos considerados testaferros del principal encausado, Juan Antonio Roca, ha pedido este lunes la prescripción del delito de blanqueo de capitales que se les imputa.
Durante la tercera sesión del juicio oral por el 'caso Malaya' dicho letrado ha alegado que la operación de compra venta de la Finca La Concepción, ubicada en Marbella y en la que participaron sus clientes, tuvo lugar en Enero de 2003 y "no se les tomó declaración" como imputados hasta el 4 de julio 2007. De ahí que considere que dicho delito continuado "habría prescrito".
Para Bravo y Godfrid, la Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión y 1,6 millones de euros, (la misma pena para los dos) en concepto de multa, por haber lavado dinero negro de Roca en el marco de la citada operación de compraventa. Se trata de una parcela marbellí de más de 800.000 metros cuadrados.
En ella la organización de Roca pretendía, a través de la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., construir más de 1.600 viviendas y un campo de golf, en base a un convenio considerado ilegal y contrario al PGOU vigente entonces de 1986. Se trataba de uno más de los muchos pelotazos urbanísticos que se produjeron en la localidad costasoleña, pero con el ex asesor urbanístico como principal beneficiario.
En los órganos sociales de Aragonesas han estado otros de los considerados testaferros de Roca imputados por blanqueo de capitales. Tal es el caso del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta,cuya declaración ampliatoria resultó determinante para que Torres se decidiera a incautar la finca, ubicada en plena Milla de Oro de Marbella.
Aunque los abogados testaferros de Juan Antonio Roca ya no figuraban en la sociedad propietaria del inmueble-al comienzo de la operación Malaya- el juez pudo determinar sus conexiones con los actuales propietarios, a través de la sociedad Inmuebles Direla S.L.
En su declaración ampliatoria del 25 de julio de 2006, Manuel Sánchez Zubizarreta, máximo responsable del entramado societario creado por su bufete para ocultar el patrimonio de Roca, reconocía ante el juez que la sociedad Inmuebles Direla S.L. participa en el accionariado de Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., propietaria de la finca La Concepción.
En Inmuebles Direla figura como administrador único el también testaferro abogado de Roca e imputado en la causa, Juan Luis Soriano Pastor. Desde el comienzo de la operación Malaya en marzo de 2006 EL MUNDO de Málaga reflejó en sus informaciones que la finca La Concepción era propiedad de hombres de paja de Roca. Era un secreto a voces en Marbella, si bien los hombres de confianza del entonces asesor municipal se cuidaron muy mucho de desaparecer de los órganos sociales de la empresa propietaria cuando ésta firmó un convenio urbanístico con el entonces alcalde Julián Muñoz, en mayo de 2003.
Durante la tercera sesión del juicio oral por el 'caso Malaya' dicho letrado ha alegado que la operación de compra venta de la Finca La Concepción, ubicada en Marbella y en la que participaron sus clientes, tuvo lugar en Enero de 2003 y "no se les tomó declaración" como imputados hasta el 4 de julio 2007. De ahí que considere que dicho delito continuado "habría prescrito".
Para Bravo y Godfrid, la Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión y 1,6 millones de euros, (la misma pena para los dos) en concepto de multa, por haber lavado dinero negro de Roca en el marco de la citada operación de compraventa. Se trata de una parcela marbellí de más de 800.000 metros cuadrados.
En ella la organización de Roca pretendía, a través de la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., construir más de 1.600 viviendas y un campo de golf, en base a un convenio considerado ilegal y contrario al PGOU vigente entonces de 1986. Se trataba de uno más de los muchos pelotazos urbanísticos que se produjeron en la localidad costasoleña, pero con el ex asesor urbanístico como principal beneficiario.
En los órganos sociales de Aragonesas han estado otros de los considerados testaferros de Roca imputados por blanqueo de capitales. Tal es el caso del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta,cuya declaración ampliatoria resultó determinante para que Torres se decidiera a incautar la finca, ubicada en plena Milla de Oro de Marbella.
Aunque los abogados testaferros de Juan Antonio Roca ya no figuraban en la sociedad propietaria del inmueble-al comienzo de la operación Malaya- el juez pudo determinar sus conexiones con los actuales propietarios, a través de la sociedad Inmuebles Direla S.L.
En su declaración ampliatoria del 25 de julio de 2006, Manuel Sánchez Zubizarreta, máximo responsable del entramado societario creado por su bufete para ocultar el patrimonio de Roca, reconocía ante el juez que la sociedad Inmuebles Direla S.L. participa en el accionariado de Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., propietaria de la finca La Concepción.
En Inmuebles Direla figura como administrador único el también testaferro abogado de Roca e imputado en la causa, Juan Luis Soriano Pastor. Desde el comienzo de la operación Malaya en marzo de 2006 EL MUNDO de Málaga reflejó en sus informaciones que la finca La Concepción era propiedad de hombres de paja de Roca. Era un secreto a voces en Marbella, si bien los hombres de confianza del entonces asesor municipal se cuidaron muy mucho de desaparecer de los órganos sociales de la empresa propietaria cuando ésta firmó un convenio urbanístico con el entonces alcalde Julián Muñoz, en mayo de 2003.
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