martes, 5 de octubre de 2010

ACUSADOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, BLANQUEO DE CAPITALES Y COHECHO EN MURCIA

Cinco imputados y tres detenidos en la operación contra la corrupción urbanística en Murcia

La operación de la Guardia Civil contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia se ha cobrado ya tres detenciones y cinco imputados, entre ellos el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; su número dos, Alberto Guerra; y el propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper.

Los arrestados son el director de la gerencia de Urbanismo y número dos del departamento, Alberto Guerra(en la foto, arriba); el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano Renato de Noce, vinculado a empresas murcianas de la construcción.

Imputado, el consejal de Urbanismo
Los imputados, por su parte, son el concejal de Urbanismo de la ciudad, Fernando Berberena; el propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, cuyo domicilio en Madrid ha sido registrado; el ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, imputado también en la operación Barraca que investiga otra trama urbanísitca; Francisco Arques, empresario local; y la mujer de Alberto Guerra.

Registros, esta mañana
La Guardia Civil ha practicado, durante la mañana, registros en despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, en empresas y en domicilios particulares.

Las cajas fuertes
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han requisado dos cajas fuertes en una oficina de la entidad bancaria Cajamar. Una de ellas es propiedad del propio concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena. La otra del empresario muciano de la construcción Francisco Arqués López, según El País.

Malversación, blanqueo, cohecho
La operación de la Guardia Civil forma parte de la investigación de la Fiscalía de Murcia sobre los convenios en la zona norte del municipio, donde hay licencia para 19.000 viviendas junto al estadio de fútbol de la Nueva Condomina y los centros comerciales. Se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

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