lunes, 18 de octubre de 2010

"CASO MALAYA"; LA DEFENSA DE MARISOL YAGÜE PIDE LA NULIDAD DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS

TRIBUNALES 
* Denuncia "irregularidades" en la custodia de documentos contables incautados a Roca

José Carlos Villanueva | Málaga

La sexta sesión del juicio oral por el llamado 'caso Malaya', sobre la trama de corrupción municipal y urbanística de Marbella, se ha iniciado este lunes con la intervención del abogado de la que fuera alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, Pablo Luna.

El conocido penalista granadino ha arrancado su alegato pidiendo la "nulidad" de las escuchas telefónicas, ordenadas a la Policía por el juez Miguel Ángel Torres, en noviembre de 2005, "por no estar suficientemente motivadas y fundamentadas".

Se ha referido, concretamente, a que el 'pinchazo' del teléfono de la ex regidora del GIL, sustituta de Julián Muñoz, se justificó en que "había participado en una moción de censura", así como en que tenía competencias de Urbanismo y era "asesorada por Roca", en alusión al principal acusado, Juan Antonio Roca.

En opinión de Luna el criterio de la moción de censura "no tiene sentido" porque -ha recordado- la Fiscalía General del Estado "lo investigó y no encontró nada". Y es que la Fiscalía de Málaga abrió unas diligencias en agosto de 2003, tras el programa de Telecinco Salsa rosa, en el que Julián Muñoz y Jesús Gil se acusaron de todo tipo de actuaciones delictivas. No se pudo demostrar nada porque se retractaron ante el teniente fiscal Antonio Morales, ahora fiscal jefe.

"Como Yagüe participó en una moción de censura, legal , eso ya la convirtió en sospechosa", ha insistido su letrado, para quien "se ha hecho un auto de fe, por parte del juez", tras el informe que recibió de la Policía. Además de los teléfonos de la ex regidora simultáneamente se hizo lo mismo con los de Roca, la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos y el concejal del GIL Victoriano Rodríguez.

Luna también ha pedido la nulidad de los registros judiciales que tuvieron lugar, el 29 de marzo de 2006, en la oficina Maras Asesores. Se trata de la empresa matriz de Roca que canalizaba todas sus finanzas. En la contabilidad hallada allí la Policía encontró lo que el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, calificó como "una ganga".

Se trataba de todos los pagos e ingreso de la llamada 'caja B' de Roca. Entre 2003 y 2006 el ex asesor urbanístico recibió cerca de 30 millones de euros en supuestos sobornos de promotores y empresarios. Posteriormente, el ex brazo derecho de Jesús Gil repartía con los ediles del tripartito que presidía Yagüe, a quien se acusa de haber recibido más de 3 millones de euros, en el marco de un delito de cohecho.

Para la defensa de la ex munícipe "hubo irregularidades" en la cadena de custodia de los documentos y soportes informáticos incautados en Maras Asesores, así como en la empresa Helioponto Marbella. La posible invalidación de dichas pruebas resultaría clave para la mayoría de las defensas, puesto que el delito de cohecho, tanto activo como pasivo, está basado en dichos hallazgos, principalmente, corroborados luego en convenios que coinciden en las fechas con los supuestos sobornos.

"El documento original debe quedar indemne y quedarse en el Juzgado, porque la Policía sólo debe llevarse copias", ha reprochado el defensor de la ex edil gilista. Acto seguido,ha incidido en que "no se adoptaron las medidas suficientes para que el copiado se hiciera con neutralidad" desde la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía. Ante tales hechos, según Luna, "estamos ante lo que se considera un copiado subrepticio" de documentos, por parte de la Udyco.

La ex alcaldesa Marisol Yagüe se enfrenta a una petición fiscal de un total de 20 años de prisión por los delitos de malversación, fraude, alteración del precio en concurso y subasta, cohecho pasivo, y cohecho pasivo continuado, así como a un total de 57 años de inhabilitación y una multa que ronda los 4 millones de euros.

Cabe recordar que durante la instrucción del caso, tal y como declararon varios acusados de la promotora Aifos, dicha empresa, propietaria de varios hoteles en Marbella y firmante de convenios urbanísticos con Roca, financió a Yagüe una operación de cirugía estética. Todo ello en el marco de un presunto delito de cohecho, como recompensa a los beneficios recibidos desde el Ayuntamiento de Marbella.

Además
    * El calvario judicial de Isabel Pantoja

elmundo.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario