F. Álvarez | Efe | Valencia
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido este domingo prudencia ante el desarrollo de la investigación judicial del 'caso Brugal', en el que están implicados, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y varios cargos del PP en esta provincia.
González Pons ha apostado por esperar a ver en qué se traducen judicialmente las investigaciones antes de adoptar una decisión sobre los imputados de su partido en esta operación.
Al respecto, ha insistido que las actuaciones se basan en un informe policial que el juez instructor aún debe interpretar: "Hay que ver cómo lo traduce el juez, a qué nos conduce".
"Hasta ahora se le ha imputado al presidente de la Diputación por el regalo dos pisos que resulta que no son suyos. Veremos que dicen los tribunales", ha añadido el diputado por Valencia.
Al igual que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Pons ha insistido en la presunción de inocencia de Ripoll y el resto de 'populares' implicados. No ha valorado tampoco la la suspensión de militancia del portavoz socialista en la Diputación Provincia, Antonio Amorós, cuyo nombre también figura, en el sumario. "Sus razones tendrán, yo confío en la presución de inocencia".
Asimismo, ha recordado que "todavía está por determinarse la imputación" y ha advertido que "las grabaciones policiales son de 2007, el presunto delito de 2008 y las detenciones de 2010", por lo ha dejado entrever que la actuación policial "podría ser ilegal".
Además
* 'El PP también tiene derecho a la presunción de inocencia'
* Amorós seguirá dentro del grupo PSPV en el Ayto. de Elche
elmundo.es
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"Hasta ahora se le ha imputado al presidente de la Diputación por el regalo dos pisos que resulta que no son suyos. Veremos que dicen los tribunales", ha añadido el diputado por Valencia.
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Asimismo, ha recordado que "todavía está por determinarse la imputación" y ha advertido que "las grabaciones policiales son de 2007, el presunto delito de 2008 y las detenciones de 2010", por lo ha dejado entrever que la actuación policial "podría ser ilegal".
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